El organizador de la macrofiesta ilegal tiene una orden de búsqueda y captura

El organizador de la 'rave' que durante cinco noches reunió a unas 3.000 personas en el aeródromo de Benagéber, Eric Candaloro, se encuentra en búsqueda y captura tras eludir los controles que la Guardia Civil realizó a la salida de la macrofiesta. Así lo confirmó ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, quien explicó que la fiesta no estaba autorizada, no tenía las garantías de seguridad necesarias y ocupaba un espacio público de manera ilegal.

La Guardia Civil montó controles durante cinco días en la pista forestal para identificar a todas las personas que salían de la 'rave' y evitar accidentes de tráfico. Según Castellano, más del 60 por ciento de las pruebas salivales de detección de drogas dieron un resultado positivo. Entre ellas se encuentra el test que le realizaron al camionero implicado en el accidente mortal. Sin embargo, sólo un conductor superó los 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado de 139 pruebas de alcoholemia.

Los agentes identificaron a un total de 1.633 personas, registraron 561 vehículos y tramitaron 18 actas por tenencia ilícita de armas, 6 por tenencia de drogas, 27 por infracciones de tráfico, otras 64 relativas a la Ley de Montes y 85 por acampada ilegal.

La Guardia Civil realizó diligencias para que las autoridades administrativas y judiciales determinen las correspondientes sanciones y delitos que cometieron los 'ravers', como se conoce a los asiduos a estas fiestas ilegales. Tras cinco noches de música electrónica ininterrumpida desde Nochevieja, la 'rave' terminó oficialmente sobre las 12 horas del pasado lunes. Sin embargo, la acampada ilegal continuó hasta el día de Reyes.

Comisiones Obreras denunció ayer que las distintas administraciones «han permitido actuar con total impunidad» a los participantes de la fiesta ilegal. En un comunicado, el sindicato incide en que los 'ravers' han generado «un riesgo de catástrofe en la zona», por lo que exige que se aplique la ley al promotor del evento. Esta persona se enfrenta a una multa de hasta 90.000 euros por varias infracciones graves de la Ley de Espectáculos Públicos de la Generalitat.