El Bioparc pasará a propiedad municipal si no paga 45,5 millones de un nuevo préstamo

Un aval bancario de 45,5 millones de euros para que la empresa concesionaria del nuevo zoológico pueda refinanciar su deuda en los próximos 25 años. Esa es la operación que ha aceptado el gobierno municipal después de estudiar el plan de viabilidad de Rain Forest Valencia S.A. La decisión ha recibido de inmediato un recurso de reposición del grupo socialista, según anunció ayer el concejal Juan Ferrer, quien no descartó acudir a los tribunales en caso de que no haya una rectificación.

Ferrer entiende que el aval supone una «vulneración flagrante y manifiesta del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la concesión», un contrato que tiene una validez de 50 años y que según el edil no permite este tipo de operaciones financieras.

También habló de que la empresa ha incumplido «compromisos de gran envergadura, como la puesta en marcha del parque de atracciones y la rehabilitación del entorno del Pouet, lo que permite dudar de su solvencia técnica, además de la económica».

Dos han sido los motivos que la concesionaria reconoce para que deba refinanciar su deuda con Bancaixa, Caixa Cataluña, BBVA y el Instituto Valenciano de Finanzas. En el expediente aprobado por la junta de gobierno el pasado 29 de diciembre se habla de la «climatología adversa a las explotaciones al aire libre», además de la «crisis de consumo existente desde el día de apertura el 29 de febrero de 2008».

En los dos ejercicios completos se han registrados pérdidas de explotación, según las cuentas del grupo socialista. Ferrer estimó que alrededor de «medio millón de euros cada año, al margen de lo que deben amortizar en los préstamos».

Rain Forest hipotecó la concesión municipal para conseguir el préstamo con el que construyó el zoológico. Los socios de la empresa aportaron un capital de 18 millones de euros, patrimonio que ahora ha quedado reducido a algo más de 13 millones de euros por las pérdidas acumuladas.

Con el aval bancario, el informe presentado por el consejero delegado de la empresa habla de que las entidades acreedoras «cancelarán los préstamos hipotecarios vigentes y la pignoración de las acciones que los garantizaban».

El Ayuntamiento recibe a cambio del aval el 100% de dichas acciones, para que pueda hacerse con ellas si la empresa no cumple con la devolución del préstamo. Para Ferrer, hay alternativas a embarcarse en una situación que se puede complicar mucho para las arcas municipales. «En caso de que se retrasen en un solo pago, todo el préstamo se sumaría a la deuda del Consistorio, lo que alteraría hasta el índice de endeudamiento».

La primera de las alternativas es forzar al rescate de la concesión. «Dudo que sea una solución porque el Ayuntamiento tendría que asumir entre otras cosas 120 puestos de trabajo laborales fijos y 127 contratos temporales».

Otra opción es segregar la parte que queda por desarrollar, es decir, el terreno para un parque de atracciones y las alquerías del Pouet, pendientes de restauración para uso público. Este conjunto rural está en la avenida Pío Baroja, junto a la rotonda de Valle de la Ballestera.

De todas maneras, aseguró que la prioridad es «legalizar todo esto porque ahora no cumple con el pliego de condiciones del concurso. ¿Y si otras empresas presentaran objeciones por este aval?», preguntó.

Otra de las objeciones es que, a juicio de Ferrer, «nadie garantiza que el plan de viabilidad o de empresa sea correcto», para indicar que existen diferencias con lo que se entiende como plan de estabilidad.

Del aval de 45,4 millones de euros, la parte principal servirá para cancelar el primer crédito, en una cantidad que ronda los 41 millones de euros, mientras que los cuatro millones restantes se destinarán al pago de los intereses. La empresa se compromete a aumentar la devolución a partir de 2015.