Los profesores tendrán la misma autoridad que los policías

«'Tú de mí no mandas, me da igual lo que me digas'. Así te contestan cuando les llamas la atención por cualquier cosa. Y eso es lo más suave, porque tampoco tienen reparos en amenazarte... saben que no podemos hacer nada». Beatriz es profesora de Secundaria en un colegio del Grao de Valencia y cada día se enfrenta a contestaciones de ese tipo proferidas por sus alumnos.

Aunque de momento es sólo un borrador, los profesores valencianos podrán contar con un respaldo jurídico de sus funciones si prospera el anteproyecto de la ley de la autoridad del profesorado que ayer presentó el conseller de Educación, Alejandro Font de Mota.

La norma presentada a los sindicatos -y que se extenderá al resto de organizaciones y de patronales- cataloga la autoridad de un docente al mismo nivel que la de un policía, un magistrado o un médico. Eso significa que, al ser agentes de la autoridad, contarán con la presunción de veracidad. Es decir, que en caso de versiones contradictorias, tendrá más valor la palabra de un maestro que la de un alumno u otro ciudadano. Además, contarán con federas jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones.

La medida, que afectaría a los colegios públicos y concertados, «pretende garantizar el ejercicio efectivo de la función docente, la promoción de la convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumno», según destacó Font de Mora.

También fomentará la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula. Para asegurar el reconocimiento y respeto de todos los miembros de la comunidad educativa, se reconoce al profesor el derecho a recibir un trato «adecuado» y a desarrollar su labor docente «en un ambiente educativo donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral».

Alumnos

El texto recoge también, con respecto al alumnado, los términos de la responsabilidad y obligación de la reparación de los daños que puedan infringir a los miembros de la comunidad educativa, los centros o cualquier material.

En los casos de agresión física o moral a profesores, «se deberá reparar este daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos». Estos hechos se comunicarán al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial en el caso de que sean constitutivos de delito o falta.

Para CC OO la propuesta no es más que «maquillaje» y considera que debería plantearse a nivel estatal, en el marco del Pacto de la Educación. «Legalmente el borrador es insuficiente si no se produce una reforma del Código Penal», explicó Luis García Trapiello, asesor jurídico del sindicato. Actualmente la autoridad se reconoce a todo funcionario público -incluidos también los docentes-, por lo que «sin esa modificación, y pese a contar con una ley autonómica, el personal de la concertada seguiría quedando fuera».

A este respecto, el subsecretario de la Conselleria de Educación, Mariano Vivancos, destacó que se ha elevado a ley lo que en su día se recogió en un decreto de derechos y deberes. «El objetivo principal es fomentar una convivencia adecuada en los centros y agilizar, en caso de conflicto, la aplicación de medidas correctoras. El círculo se cerrará si finalmente se elabora una normativa estatal que vaya en la misma dirección, como así parece que se dará dentro del Pacto por la Educación», destacó.

En el año 2007, última fecha de la que se tienen casos contabilizados, la Generalitat dio cobertura jurídica a 37 profesores. ¿Los motivos? En un caso por la agresión de una madre a un profesor y el resto, por difamación y amenazas.