Más de 31.000 dependientes siguen sin recibir las ayudas

cumpliendo. A la plataforma nos están llegando casos dramáticos», asegura Miquel Martorell.

A los seis años empezaron los primeros síntomas con el debilitamiento en las piernas. Fue cuando le diagnosticaron la enfermedad genética. Actualmente Jaume forma parte del colectivo que está valorado como 'grandes dependientes' y en mayo del año 2007 sus padres solicitaron las ayudas. Siguen esperando.

«Necesita un asistente personal porque hay que hacérselo todo, desde asearle a darle el desayuno. Pero ahora nos han dicho que esta figura, la del asistente personal, todavía no está contemplada». Su expediente -según denuncian- ha estado «arrumbado» durante demasiado tiempo.

Desde la Conselleria de Bienestar Social destacan los esfuerzos que se están realizando para resolver la lista de espera. Una lista que el sindicato CC.OO. la eleva a 31.900 dependientes en la Comunitat. La futura aprobación de un decreto -que ahora mismo se están negociando con colectivos de afectados- permitirá acortar plazos y papeleos, según la Administración, que reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer para mejorar la aplicación de la normativa.

Ahora bien, también resaltan los avances que el departamento dirigido por la consellera Angélica Such ha logrado durante 2009 (el verano del pasado año Such asumió el cargo sustituyendo a Juan Cotino). Y citan que de sólo 9.000 expedientes resueltos se ha pasado a los actuales 30.000 beneficiarios en la Comunitat. Son dependientes que ya tienen el ansiado Programa Individual de Atención (PIA).

Este argumento no convence nada a la familia Martorell, que está envuelta en papeleos y reclamaciones. «Me da mucha rabia que los políticos nos utilicen», afirma Jaume en referencia al enfrentamiento que ha habido en la Comunitat entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat a la hora de poner en marcha la normativa. «Necesito que una persona me ayude en mi vida diaria para poder tener cierta independencia».

Este asistente supondría un importante respiro para sus padres y también para Jaume. Y es que «él prefiere irse con los amigos, no le gusta mucho pasear con nosotros», cuchichea su madre, quien añade que cada vez que salen tienen que llevarse una UCI incorporada. Ella es, junto a su marido, su cuidadora, ATS, médico... A fuerza de los achuchones (algunos de ellos graves) a los que su hijos ha sabido hacerle frente, han aprendido hasta técnicas médicas. Jaume -que se muestra un poco más tímido a la hora de contar cómo es su día a día- dice que en un futuro le gustaría encontrar un trabajo. Con media sonrisa apunta que también quiere terminar los estudios de informática. Su padre le mira de reojo.

La falta de información sobre la situación de los expedientes, el carácter retroactivo de las ayudas y denuncias de personas que han muerto antes de recibir una contestación son las principales quejas que están llegando a la plataforma de Alicante.

«Se está vulnerando un derecho fundamental», asegura Salvador Roig, secretario de Comunicación de CC.OO. en L'Alacantí-Les Marines, que se remite al último informe publicado por el Imserso a fecha del 1 de febrero. Las personas beneficiarias con derecho a prestación se sitúa en 58.311 en la autonomía, pero sólo están recibiendo estos recursos 26.411. «La lentitud en el proceso, derivada de la falta de voluntad política, ha generado una lista de espera que se sitúa en 31.900 dependientes» en la autonomía. La media para poder obtener una prestación alcanza los dos años, «algo inaceptable y un fraude social», advierte el sindicalista.

Fue en mayo del pasado año cuando Magda Martínez solicitó las ayudas. Su madre, de 79 años, padece Alzhéimer y ella -que tiene una minusvalía reconocida del 41%- y su padre, de 78 años, son sus únicos cuidadores. Magda ha pasado por una depresión y por ansiedad. Trastornos propios de todo cuidador. «Es duro y agotador. A una residencia no la queremos llevar, pero es que tampoco podemos pagar un centro de día, que es lo que nos gustaría, porque somos tres comiendo; mi padre tiene una jubilación muy pequeñita y soy la única que trae un sueldo».

Magda teme que su madre no esté recibiendo los cuidados necesarios al no contar con una formación. Los primeros síntomas de la enfermedad se dejaron ver hace cuatro años cuando se despistó e intentó entrar en la casa de un vecino. Ahora necesita ayuda para realizar actividades cotidianas, y la enfermedad sigue su curso. No hay forma de detenerla, como tampoco a Magda, que está dispuesta a acudir a los tribunales para que «dejen de pisotearnos nuestros derechos. ¿Dónde están? Los están tirando al cubo de la basura, pero nos piden muchas obligaciones. Mientras los políticos no se pongan de acuerdo, aquí no hay solución».

A finales de 2006 el Gobierno central daba luz verde a la popular Ley de Dependencia generando grandes esperanzas entre familiares y afectados. La aprobación dio pie a muchas ilusiones que, tres años después de empezar a ser efectiva, se han frustrado y han obligado a las familias a tener que salir a la calle y a convocar manifestaciones en la provincia para poner en evidencia esta falta de gestión.

El último «desastre» que se está produciendo en la tramitación de los expedientes, según la plataforma, es que desde enero la Conselleria de Bienestar Social está ingresando a los afectados las cantidades sin notificarles previamente la resolución, lo que les impide conocer a qué tipo de servicio pertenece y si tiene retroactividad.

Pese a tantos obstáculos, Jaume lo tiene muy claro. No está dispuesto a renunciar a ningún céntimo de euro. «Voy a luchar para que me den todo lo que me corresponde. ¿Qué le diría a Camps? Que quiero mis derechos».