Tráfico sella con cemento las arquetas de la AP-7 para frenar la oleada de robos de cable

Tráfico ya trabaja para frenar la oleada de robos que ha dejado sin control a lo largo del verano la autopista AP-7 y parte de la N-340. Cámaras, paneles, estaciones de tomas de datos y especialmente un par de radares han estado inoperativos en diferentes periodos desde junio hasta la fecha, tal y como adelantó ayer LAS PROVINCIAS.

La DGT redujo ayer la cifra de material sustraído a unos 8 kilómetros. No obstante, otras fuentes insisten en que el cable robado, muy probablemente por una banda especializada, roza los 14.300 metros. Los últimos dos robos se cometieron precisamente al principio de esta semana. Como ya es habitual en estas situaciones, los delincuentes actúan siempre de noche.

La solución que, según Tráfico ya se está aplicando, es doble. Por un lado, como ya se hizo en su día en la V-30 en Valencia, se sellarán las arquetas con cemento para dificultar la apertura de las instalaciones. Pero, además, se introducirá también hormigón en la canalización.

De esta forma, Tráfico pretende frenar la oleada de robos, cuyo coste supera los 250.000 euros. Esta cantidad incluiría tanto el material como la mano de obra.

La DGT juega sobre seguro con estas dos técnicas porque la efectividad de la medida se pudo comprobar ya en Valencia. Los robos se redujeron y, finalmente, los autores de los hurtos fueron arrestados tras ser sorprendidos en las proximidades de Paterna.

Esta modalidad delictiva tiene un único objetivo: extraer el cobre. Este metal se paga aproximadamente a unos cinco euros el kilo. Y de 14.000 metros de cable se obtienen muchos kilos. Las ganancias de esta actividad son elevadas y el riesgo de ser detectado, en principio, es reducido. Las denuncias por el material sustraído ya están en manos de la Guardia Civil, que tratará de dar con los autores.

La Dirección General de Tráfico quiso ayer restar importancia a la oleada de robos. Explicó que tan sólo el 8% de las instalaciones se encuentran afectadas por los robos de cable. No obstante, ese porcentaje se traduce en más de la mitad de los paneles de la AP-7 y la tercera parte de los de la N-340.

La situación ha llegado a ser crítica, según las fuentes consultadas. Hasta tal punto que, en fechas muy concretas como las operaciones especiales de Tráfico en las que se registran millones de desplazamientos en las carreteras de toda España, fue necesario contratar grupos electrógenos para dar servicio a algunos sistemas clave.

Esta medida no fue más que un parche. No es viable mantener este equipamiento por el elevado coste que supone para las arcas del Ministerio del Interior. Es una solución de urgencia. Únicamente para un par de días, no más. Desde la propia DGT reconocieron que habían tenido que recurrir a estos dispositivos.

Tráfico insiste, además, en que tan sólo una cámara -la que se encuentra a la altura de Vinaròs- está en estos momentos fuera de funcionamiento. Sin embargo, admitieron que los problemas en estos aparatos habían sido mucho mayores a lo largo del verano, «pero al tratarse de lo más urgente se han reparado rápidamente». «Casi en el día a día», subrayaron.

Estos aparatos son básicos para el control del tráfico en la autopista que conduce a Tarragona al igual que en el resto de vías. Permiten observar en tiempo real la circulación así como comprobar si se ha producido un accidente. De ahí, la urgencia en la reparación. Mientras, las pantallas -útiles pero no al mismo nivel- y las estaciones de toma de datos pueden ser prescindible dentro del nivel de necesidades.

Sin embargo, los inconvenientes que se generan en el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, desde donde se controlan las carreteras de la Comunitat y Murcia, son numerosos. Por poner un ejemplo, durante la celebración del primer festival de Reggae, en Benicàssim, no se pudieron mostrar indicaciones en las pantallas.

Los robos de cable no son una anécdota. Ni mucho menos. Se trata de un fenómeno al alza desde 2006 y 2007, años en los que empezaron los primeros latidos de la crisis. Y como esta se mantiene -y con gran intensidad-, el delito no es que se haya reducido precisamente.

Más bien todo lo contrario. La necesidad de obtener dinero anima a muchos a cometer una ilegalidad. En 2007, la Guardia Civil tenía contabilizados más de un millar de robos en la Comunitat.

Los objetivos de los ladrones son variados, desde los pozos de riego pasando por las carreteras y hasta empresas y obras. Entre los delincuentes que han sido detenidos no se puede extraer un perfil determinado. Figuran tanto extranjeros como españoles. Hay delincuentes que trabajan por libre, pero también se da el caso de grupos perfectamente organizados. Por ejemplo, en España se llegó a arrestar a una banda, que también actuaba en la Comunitat, y que había 'exportado' a Alemania y China 1.500 toneladas de cobre.

La Fiscalía de Valencia también emplea todas las armas en su poder para tratar de poner coto a la oleada de este tipo de delitos. Así, a principios de este año, la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, recordó a los fiscales que para determinados hurtos y robos se debe aplicar una agravante, con lo que la pena máxima por hurto pasaría a los tres años. Mientras que la del robo se dispararía hasta los cinco.

Estas condiciones se pueden aplicar cuando se trata de un delito en el que lo más importante no es el valor que pueda alcanzar lo robado, «sino el prejuicio que causa el robo de ese material». Es decir, aparte de lo que supone que el propietario pierda un bien que le pertenece se valora «los prejuicios de especial consideración, los que afecten al servicio público o los que supongan un desabastecimiento». En esta categoría, entran lógicamente los robos de cable en autopistas ya que priva al conductor de recibir mensajes de Tráfico, y al organismo de mantener el mayor control posible sobre la vía.

Se daría también esta situación, por ejemplo, cuando un agricultor ve cómo le han sido sustraídas las tuberías de riego y este hecho puede producir la pérdida de su cosecha excepto en los casos en los que la restitución sea inmediata.

Actualmente, los hurtos pueden suponer una pena de entre 6 y 18 meses para el condenado. Sin embargo, si se aplica el agravante esta aumenta desde un mínimo de un año hasta un máximo de tres. Una situación similar se produce en los robos. En este caso, el delito acarrea una pena de uno a tres años. Pero con el condicionante anterior, la condena puede llegar a los cinco años.

En la misma nota interna de la Fiscalía, se hace hincapié en «prestar especial vigilancia» durante la investigación a las personas que compren el material robado para acusarles de un delito de receptación.