Salvem el Cabanyal impide el tapiado de un inmueble pendiente de derribo

Un grupo de vecinos de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal impidió ayer el tapiado del inmueble situado en el número 131 de la calle de la Reina, en plena zona protegida del barrio y afectado por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

El edificio, según informaron fuentes cercanas al gobierno municipal, es propiedad de la empresa Cabanyal 2010 desde ayer mismo y los operarios de la contrata Derribos Andrés se limitaban a acometer obras de tapiado de puertas y ventanas.

Por el contrario, la portavoz de la entidad vecinal contraria a la prolongación, Maribel Doménech, declaró a LAS PROVINCIAS TV que poco después de las ocho de la mañana detectaron cómo varios obreros desmontaban piezas de cerámica y azulejería en el interior del edificio, que cuenta con nivel 2 de protección patrimonial.

Los representantes de la entidad les advirtieron de que las obras eran ilegales, tras la orden de paralización del Ministerio de Cultura del plan urbanístico y con unos recursos ahora pendientes de los tribunales. Llamaron también a una patrulla de la Policía Nacional, para que frenase la continuación del desmontaje. Todo sucedió, insistió, sin ningún tipo de violencia verbal.

La versión ofrecida por el gobierno municipal rechaza que se hiciera cualquier levantamiento de pavimentos o paredes y sólo admitieron el desmontaje de «unos marcos de madera para el tapiado». La situación, según las mismas personas, se fue haciendo cada vez más tensa, por lo que los obreros decidieron desistir de levantar las paredes de ladrillo en las puertas y ventanas de los balcones.

Acudió también una patrulla de la Policía Local. El número 131 se sitúa casi en la calzada norte de la futura prolongación, según el plano del plan urbanístico. Se sitúa dentro del perímetro formado por las calles Reina, Escalante, Pescadores y Amparo Guillem que delimitan los edificios afectados por los derribos dentro de la zona declarada Bien de Interés Cultural.

La empresa Cabanyal 2010 siempre tapia los edificios para evitar ocupaciones ilegales, que pueden retrasar la demolición posterior. Como informó ayer este periódico, la empresa municipal AUMSA compró el pasado año medio centenar de inmuebles que serán derribados, aunque en la relación facilitada por el grupo socialista no se incluye el 131 de la calle de la Reina.

La empresa pública concentra ahora las expropiaciones en la calle San Pedro, donde en principio se han agotado las opciones de firmar contratos de compra venta con los vecinos que han rechazado la oferta de la entidad formada por el Ayuntamiento y la Generalitat.

Antes de las pasadas Fallas, los vecinos fueron citados para que recogieran las actas de ocupación, por lo que ya se pueden pedir las licencias de derribo. Cabanyal 2010 tiene media docena pendientes.