La acusación al PPCV se basa en informes ya conocidos

El levantamiento del secreto de sumario del 'caso Gürtel', decidido ayer por el instructor Antonio Pedreira, no aportó novedades significativas sobre las acusaciones vertidas contra el PP valenciano por su supuesta financiación irregular. Aparece alguna apreciación novedosa, pero en esencia, la base de la denuncia vuelve a ser el informe de la brigada de blanqueo de capitales con fecha de 31 de julio y que durante 98 páginas relata supuestos pagos de empresarios a favor del PPCV, a cambio de adjudicaciones.

El citado documento, que ya fue rechazado por el TSJ valenciano, y que sirvió de base al PSPV para la presentación de una querella que el alto tribunal de la Comunitat no admitió a trámite, alude a la relación entre Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Francisco Correa, recuerda que el máximo responsable de Orange Market «mantiene una estrecha relación» con dirigentes populares como Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García o Vicente Rambla. El documento, cuyo contenido ya ha sido publicado en los medios de comunicación, explica que «la facturación de Orange Market al cliente Partido Popular es dual». Según los analistas, la empresa de Correa emitía facturas A (denominadas Alicante) con IVA que la formación pagaba religiosamente y unas B (Barcelona) que el PP no pagaba y que la trama corrupta 'ofertaba' a empresarios de la Comunitat, que de este modo indirecto allegaban dinero al partido con el objetivo de obtener contratos.

La Policía, en concreto, cita como pagadores a las empresas Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos -a Enrique Ortizz se le identifica en una conversación como «el de las galletas»-, FACSA y PIAF, todas dedicadas a las obras públicas. Otro informe analiza conversaciones entre dirigentes del PP en las que, en clave, se refieren a esos empresarios que «financiaban a través de facturación falsa al PP de la Comunitat Valenciana». Las trampas contables sobre el pago de actos del partido en la Comunitat -estiman los agentes- rondarían los 6,3 millones de euros.

En el sumario se alude a la petición de la fiscalía para que se impute ante el TSJ de Madrid a estos cinco empresarios, aunque el juez, por el momento, no adopta ninguna decisión al respecto. Esa circunstancia, la ausencia de decisiones por parte de Pedreira en relación con el informe sobre la financiación del PP disparó ayer el optimismo en la formación que lidera Francisco Camps. Del levantamiento del secreto de sumario, se explicó, podría haberse concluido la decisión de remitir parte de la investigación al TSJ de Valencia, si se entendiera que había aforados valencianos afectados. Por ahora no ha sido así, aunque esa decisión podría adoptarse todavía.

En otro apartado del sumario se señala que 'Orange Market', aunque es el centro de la supuesta financiación irregular del PP, no es la única empresa de Correa que trabajó para la Comunidad Valenciana. Un escrito agregado a la causa y remitido por la Generalitat el pasado junio reconoce que el Gobierno de Camps contrató con otras siete empresas de la trama corrupta: Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen.

En otro informe incluido en el sumario, y también conocido, se revela que las empresas de Correa abonaron 420.000 euros al PP de Valencia en 2002. En concreto, el informe afirma, sin identificar a las personas concretas que recibieron el dinero, que en algún caso los beneficiarios son «agrupaciones políticas o asociaciones de esta índole», como en la entrega realizada el 18 de diciembre de 2002, donde el PP valenciano, «o alguien integrante de esta agrupación», recibiría 420.000 euros.

Regalos

Otro de los apartados ya conocidos y que figura en el sumario cuyo secreto se levantó ayer es el relativo a los regalos realizados por Orange Market, la empresa dirigida por Álvaro Pérez, a distintos cargos de la administración valenciana y del PPCV. En total, 9.000 euros, la mayoría de ellos por Navidad, para Francisco Camps, Ricardo Costa, ocho consejeros del Consell y familiares de estos altos cargos, incluídos los padres del presidente y sus suegros.

Entre los regalos, el sumario confirmaría regalos de Orange Market a los consejeros Juan Cotino (un chaquetón de 375 euros) , Alejandro Font de Mora o Milagrosa Martínez, en aquel momento titular de Turismo, departamento que entregaba el grueso de contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez. Martínez, que en la actualidad es la presidenta de las Cortes autonómicas, fue obsequiada con un reloj por valor de 2.400 euros. También figura un bolso de 815 euros para Rita Barberá.

Ricardo Costa, que está suspendido de militancia en el PP, habría recibido de los cabecillas de la trama una maleta de la firma Loewe de 1.130 euros. Además, en una de las escuchas telefónicas, la secretaria de Costa explica a Pérez que «Ricardo ha perdido el 'Ipod' y dice que si le puedes conseguir otro». La respuesta fue rotunda: «No te preocupes».

En el listado también aparecen obsequios menores, como la caja de puros que le enviaron a Font de Mora, actual consejero de Educación de Valencia.