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M. J. CARCHANO
Sábado, 17 de abril 2010, 15:48
El culebrón que inició Lubasa con la paralización de los aparcamientos subterráneos en Mislata siguió ayer con uno de sus capítulos más surrealistas. La interventora municipal, Herminia Llop, que se había convertido ya este verano en una de las protagonistas de la serie al emitir informes negativos sobre la operación urbanística para quedarse el Ayuntamiento con los cuatro parkings, cobró ayer más relevancia si cabe después de ser expedientada y suspendida de empleo por decreto de alcaldía. Entiende el primer edil, Manuel Corredera, que la funcionaria ha estado «obstaculizando la labor de Gobierno con sus negativas a emitir informes e incluso a cumplir acuerdos plenarios», falta tipificada como muy grave, según la normativa del Ayuntamiento.
La notificación del expediente llegó por la mañana. Pero la interventora no se fue del Consistorio. Permaneció en él hasta pasadas las ocho de la tarde, encerrada en su despacho, primero con varios funcionarios, así como con varios ediles del PSPV y EU, Carlos Fernández Bielsa, Miguel Merenciano y Salvador García, y posteriormente con su abogado y su marido. Según el alcalde, «a las cuatro de la tarde me han avisado de que había varios funcionarios haciendo fotocopias de documentos de Intervención. Por supuesto, he mandado a la Policía Local para que levantara acta de lo que estaba ocurriendo».
Corredera dejó claro que ningún agente había obstaculizado la labor de los funcionarios ni de la interventora, y la dejaron salir de su despacho sin registrarla, pese a que, según testigos presenciales, llevaba una bolsa. «Coger documentos oficiales sin permiso está tipificado por la ley como un delito. Si ha hecho fotocopias no nos importa porque no tenemos nada que ocultar», explicó Corredera.
El PSPV denunció que los agentes policiales no habían dejado entrar al marido de la funcionaria y que tuvo que ser uno de los ediles quien le acompañara al interior del edificio consistorial. Desde las cuatro hasta las ocho de la tarde, cuando abandonaron finalmente las dependencias, estuvieron en el despacho, «quizás encerrados por dentro, para que nadie les molestara», dijo un edil. «Seguramente, estaban preparando su defensa», aseguró Corredera.
El PSPV añadió que el alcalde «ha ordenado el registro de la interventora para evitar que sacara documentación comprometedora». Corredera dejó claro que ni había sido desalojada -permaneció hasta pasadas las ocho de la tarde en el despacho- ni fue sido registrada. «No sabemos qué se ha llevado, pero estamos muy tranquilos porque no tenemos nada que ocultar», dijo el alcalde.
¿Por qué se ha llegado tan lejos? El alcalde de Mislata firma en el decreto que la interventora «se ha negado a participar en reuniones de trabajo que se le requirieron relacionadas con la aprobación del convenio con Lubasa Aparcamientos, pese a que el primer informe que firmó en este sentido era favorable», dijo el alcalde. A partir de ahí ha habido incluso una «negativa a emitir informes en materia de personal, existiendo numerosos expedientes de contratación paralizados por informes de Intervención ambiguos».
¿Cuál es la opinión del PSPV? Según el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, la interventora emitió un informe en contra del convenio firmado entre el Ayuntamiento y Lubasa porque no podía garantizar que «no haya habido enriquecimiento ilícito». Bielsa calcula que se han pagado «sobrecostes de siete millones de euros, no sólo porque las obras hayan sido más caras sobre el precio inicial, sino porque se le ha pagado por plazas que no existen, impuestos que deberían haberse descontado o gastos generales que debería haber asumido la empresa».
El portavoz tachó la decisión del alcalde de «dictatorial porque castiga a quienes no hacen informes como él quiere». Sin tener pruebas documentales, desde el PSPV insinuaron que puede haber alguna relación con el caso Gürtel, ya que Lubasa es una de las empresas que aparecen en el sumario del caso. El portavoz de los socialistas pidió que la interventora sea restituida en su cargo, mientras que el alcalde aseguró que no volverá hasta que no se resuelva el expediente. La funcionaria no quiso hacer declaraciones y se remitió la próxima semana al Colegio de Interventores.
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