Multas para ahuyentar gorrillas

El pasado año se superaron las dos mil denuncias y en lo que va de 2010, las multas a los gorrillas prosiguen a un ritmo similar. La pugna entre los agentes de la Policía Local y los aparcacoches acaba muchas veces en papel mojado, aunque el Ayuntamiento mantiene la estrategia de presión para reducir al máximo las coacciones que sufren en ocasiones los conductores después de estacionar. Ruedas pinchadas y espejos retrovisores rotos aparecen cuando algún vecino se niega con insistencia al pago de dinero. En los cuatro primeros meses del año se contabilizan ya 518 multas, lo que supera las cuatro diarias. Además, los agentes han tramitado también 174 actas, es decir, expedientes por la acumulación de sanciones que son enviados a la Fiscalía.

Un paso que ha acabado en los últimos años en «dos o tres sentencias», indicaron fuentes cercanas al gobierno municipal. Y es que el ingente trabajo administrativo se topa con la realidad de unas personas que declaran su insolvencia como principal defensa. Además, se les aplica el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Seguridad Vial, acerca de suponer un peligro para la circulación al situarse en la calzada, una falta que no va más allá. Sólo en el caso de la reiteración se tramita el delito de desobediencia a la autoridad.

¿Cómo solucionar el problema? La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, afirma que prefiere que se apliquen «medidas sociales» a la estrategia de multas. «Hay que ver la situación de cada persona, aunque hay que dejar claro que estoy en contra de cualquier agresión a los vecinos», en referencia a las quejas por amenazas registradas en algunos barrios. No obstante, aseguró que a la Federación han llegado «protestas particulares» pero no una reclamación formal de una asociación. Los aparcacoches están ya asumidos por la mayoría de los residentes y apenas elevan la voz para pedir una alternativa al «impuesto revolucionario» por aparcar el coche.

Las zonas donde ahora proliferan más los gorrillas son los alrededores de los hospitales, sobre todo La Fe, además de los centros comerciales. Pero el verdadero aluvión llegará dentro de un mes, cuando cada metro cuadrado del paseo marítimo sea tomado por los aparcacoches. «El servicio de la Policía Local en las playas tiene una especial dedicación a este asunto», añadieron desde el gobierno municipal.

Enfrentamientos

En bicicleta, a pie o incluso en segway (vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas), los agentes están al tanto de las actuaciones de los gorrillas y aplican el artículo citado de la Ley de Seguridad Vial. Las sentencias suelen acabar en «multas de 50 euros diarios durante un mes».

El desarrollo urbanístico también ayuda a limitar el problema. En el caso del centro histórico, han desaparecido aparcacoches «históricos» en zonas como la calle Botellas o los alrededores de la calle Calabazas. Había incluso personas que les dejaban las llaves del coche para que pudieran moverlo en caso de molestia para otros vehículos.

Ese es uno de los problemas, es decir, que se haya institucionalizado la figura del gorrilla. Sólo en los barrios de más negocio, como sucede en los aledaños de la estación del Norte o en calles del Carmen, surgen claras críticas vecinales por el asedio de la limosna encubierta.

Es más, en la segunda zona del centro histórico se han producido enfrentamientos entre aparcacoches para quedarse con los mejores lugares, sobre todo los fines de semana en horario nocturno.

La asociación de vecinos Amics del Carme propuso la creación de la llamada zona naranja, una variedad de la ORA que consiste en la preferencia de los vecinos a la hora de aparcar al contar con una tarjeta de residente a un precio mucho más asequible que el resto de los conductores. De esta manera, se perseguía seguir siendo «víctimas» de los aparcacoches, que se adueñan de la mayoría de solares.

El gobierno municipal aceptó la iniciativa, que ya está dentro de la normativa y es posible que se amplíe a medio plazo a otros barrios de Ciutat Vella y del Ensanche, como es el caso de Ruzafa.

El retén policial que se instala cada verano en el paseo marítimo ejerce una buena influencia para reducir el efecto de los gorrillas. Una vez que se haya aprobado de manera definitiva la nueva ordenanza, las sanciones podrán ascender hasta los 300 euros.

A pesar de esa circunstancia, cualquier lugar es bueno para conseguir unos euros, incluso la plaza del Ayuntamiento. Los conductores deben abonar el pago de la ORA y después soltar la moneda a unos metros del propio Ayuntamiento. Y eso que trabajo no le falta a la Fiscalía, que recibió el pasado año 690 actas de la Policía Local por desobediencia a la autoridad. Los fiscales incoan diligencias de investigación y remiten los casos a los juzgados, aunque las sentencias condenatorias son escasas, precisaron fuentes municipales.

Una cuestión que tiene fondo social. Broseta recuerda que hay muchos casos de toxicómanos o personas «con otros problemas», en referencia a sin techo y enfermos de alcoholismo. No en vano, el tráfico de drogas al menudeo se aproxima con frecuencia a las zonas de los aparcacoches.

Y en época de crisis, la cuestión se agudiza. El paseo de la Alameda, algunos tramos de la avenida Blasco Ibáñez y todo el perímetro de la estación de autobuses son zonas que frecuentan los gorrillas.

En el anterior mandato municipal, el Ayuntamiento intentó sacar adelante una ordenanza que unificara las «malas prácticas» en la calle, como los gorrillas, los que se dedican a limpiar los cristales en los semáforos y hasta la prostitución callejera. Tras meses, por no decir años, de negociación entre los grupos municipales, quedó en un intento, hasta que se desgajó la cuestión de los primeros al incluir un nuevo artículo en la normativa de Circulación. «Está prohibida y se considerará infracción grave la ordenación del estacionamiento efectuada por particulares», dice el apartado en cuestión.

En aquella ocasión, el concejal de Tráfico de Valencia, Alfonso Novo, insistió en la dificultad de aliviar este problema. Baste como ejemplo que algunas notificaciones se envían a la Casa de la Caridad, debido a la falta de domicilio de los infractores.

En la negociación fallida de la llamada ordenanza de civismo, la Federación de Vecinos mantuvo el mismo criterio que ahora, al querer aplicar actuaciones sociales en lugar de multas. Cabe recordar la propuesta de legalizar las casas de citas para erradicar la prostitución callejera, que ahora se centra en la pedanía de La Punta y calles del barrio de Velluters.

Con la aprobación definitiva, habrá que ver la efectividad del aumento de las multas a 300 euros, aunque hasta entonces, muchos vecinos se encontrarán con ruedas pinchadas por no dar dinero.