Un sector en tinieblas

El sector eléctrico se ha quedado a oscuras. El sorpresivo pacto sellado entre el Gobierno y el PP ha dejado en el aire las inminentes decisiones que el Ministerio de Industria iba a adoptar: la subida de la luz en, al menos, un 4% a partir de julio y el recorte retroactivo de las primas a las renovables, especialmente las cobradas por la energía fotovoltaica. Ambas medidas buscaban acabar con el colosal déficit de tarifa acumulado por el sistema español, que podría llegar a los 20.000 millones de euros, debido a que los costes superan con creces los precios. Ahora el grupo de trabajo integrado por miembros de ambos partidos empezará de cero a analizar el funcionamiento del mercado para establecer un nuevo modelo energético. Todo queda abierto y no va a ser fácil cerrarlo, visto el postrero rifirrafe que ya se produjo el viernes entre ambas formaciones. Es posible que el Ejecutivo ceda a las exigencias de los populares en materia nuclear e incluso que recule en su determinación de cerrar Garoña en 2013. Y también lo es que no alcancen ningún consenso. Incertidumbre total.

Debido a su carácter populista, con cerca de 26 millones de hogares afectados, la suspensión de la subida de la luz ha sido la medida que más atención ha captado. El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha atribuido el mérito, ya que exigió este aplazamiento como condición indispensable para sentarse a negociar. Sin embargo, en el sector se especula con que la razón última que ha precipitado el pacto no es otra que las presiones recibidas por José Luis Rodríguez Zapatero para frenar el 'tijeretazo' que pretendía acometer sobre las primas de las renovables. Existe el temor a que el Gobierno esté buscando el apoyo del primer partido de la oposición para sacar adelante la reducción de las subvenciones de las fotovoltaicas de forma retroactiva, una propuesta lanzada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que ha puesto en pie de guerra a todos aquellos con intereses en los lucrativos huertos solares españoles: los promotores; los fondos de inversión y de pensiones que han puesto dinero en ellos, muchos de ellos extranjeros; y la banca, que los ha financiado.

Retroactividad

En concreto, Industria planteaba un recorte de las primas de un 40%, 1.000 millones de euros sobre los 2.577 cobrados por la energía solar en 2009. La fórmula que barajaba para alcanzar este objetivo consistía en establecer un tope a las horas remuneradas vía subvención. En opinión del departamento dirigido por Sebastián, este mecanismo no supone retroactividad alguna aunque se aplique sobre las instalaciones ya en funcionamiento. Las asociaciones fotovoltaicas, por contra, consideran que sí, y advierten de que representa «un atentado contra la seguridad jurídica», lo que amenaza con deteriorar aún más la reputación de España en el exterior.

Las patronales sectoriales APPA, ASIF y AEF explican que los proyectos de placas solares están financiados hasta en un 100%, a un plazo de 15 ó 20 años y con la promesa de una rentabilidad que puede rondar el 12%. Si ahora se modifica el marco regulatorio y se recorta la retribución, los inversores no podrán hacer frente a los vencimientos y los bancos deberán ejecutar los huertos solares. O sea, que al sector financiero le podría explotar en la cara otra 'burbuja', después de la inmobiliaria.

Industria también proponía un recorte para las primas de las eólicas con límites en las horas de producción subvencionada, pero mucho menos drástico. De hecho, en este ámbito el acuerdo estaba próximo.

La tecnología eólica y la solar son casos muy distintos por su grado de maduración. Los molinos de viento cubrieron en 2009 un 16% de la demanda eléctrica y recibieron primas por importe de 1.534 millones de euros. La solar apenas atendió el 3% de las necesidades y, sin embargo, se llevó 2.577 millones.

Descontrol y fraude

El desmadre de la energía fotovoltaica se remonta a 2006, cuando el Gobierno fijó una remuneración para el megavatio hora (Mwh) solar de 450 euros, diez veces por encima del precio medio de la electricidad arrojado por el mercado mayorista. Entonces conseguir paneles era muy caro debido a la falta de silicio y, por tanto, resultaba necesario atraer la inversión con fuertes incentivos. Pero se abarataron los costes y el negocio se convirtió para muchos en un 'chollo'. Entraron promotores a mansalva y, en apenas un par de años, en España brotaron huertos solares como hongos. El descontrol llegó a tal punto que a finales de 2008 había 3.463 megavatios de potencia fotovoltaica cuando, según la planificación energética, no debería haber habido más de 500 Mw. Un despropósito.

El Gobierno trató de poner coto a esta expansión descontrolada con una nueva regulación, mucho más restrictiva, que entraba en vigor el 28 de septiembre de 2008. El anuncio de esta fecha desencadenó un mayor desorden si cabe, puesto que se cometieron todo tipo de tropelías para inscribir nuevas instalaciones y obtener licencias antes de ese día.

Una de las patronales del sector, ASIF, estima -en un informe publicado esta misma semana- que entre 600 y 1.000 megavatios de potencia, el 28% del total, se encuentran en situación irregular porque se conectaron a la red después de pasada la citada fecha y, sin embargo, cobran las elevadas primas de la antigua normativa. Esta asociación ha propuesto al Gobierno expulsar a todas estas plantas del sistema, con lo que se conseguiría un ahorro de hasta 1.330 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio de Industria es más partidario de mantenerlas, siempre que acepten regularizarse y someterse a la nueva regulación 1578/08.

El fraude no acaba aquí. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha descubierto casos mucho más surrealistas, como instalaciones fotovoltaicas que producían durante la noche para cobrar la prima. ¿Cómo lo hacían si ya no estaba 'Helios' alumbrando? Pues conectándose a grupos electrógenos alimentados por gasoil, uno de los combustibles más contaminantes que existen.

La nueva regulación, que también impone la obligación de inscribirse en un Registro de Preasignación de Retribución (PRP), ha paralizado el sector. En 2009 sólo se instalaron 70 Mw. Aún así, las tensiones entre las energías 'verdes' y las tradicionales no han remitido. Más bien al contrario. El pasado ejercicio fue lluvioso y la participación de las renovables creció. A ello se sumó la crisis, con la consecuente caída de la demanda eléctrica. La combinación de ambos factores dejó fuera a fuentes convencionales como los ciclos combinados, cuya generación descendió un 14% según datos de la patronal eléctrica, UNESA. El malestar en este sector es notorio y ha derivado en una avalancha de críticas a la insostenibilidad de las primas al régimen especial. Ya hace meses que el consejero delegado de Gas Natural-Fenosa, Rafael Villaseca, prendió la mecha al calificar de «desmesuradas» e «inviables» las subvenciones otorgadas a las fuentes 'verdes'. Más recientemente, los presidentes de Iberdrola y Endesa echaron más leña al fuego. Ignacio Sánchez Galán, a la cabeza de una empresa líder en el negocio eólico, pidió una moratoria para la energía solar con objeto de evitar que se encarezca el recibo de la luz. Por su parte, Borja Prado llegó a decir que las renovables «suponen un lujo inabordable para una economía en crisis».

La parte atacada se defiende. Las compañías 'verdes' recuerdan que están contribuyendo a abaratar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. En 2009 cayó hasta los 37 euros el megavatio frente a los 65 del año anterior. Este descenso se debe a que las renovables tienen derecho a verter toda su producción en la red, después de las nucleares y las hidráulicas. Sólo si hacen falta, se recurre a los ciclos combinados, que encarecen el coste porque con el precio al que entran se remunera a todas las demás tecnologías -a las 'verdes', además, se les paga una prima hasta llegar a un nivel determinado-. Pero si no es necesario tirar del gas natural, el precio es muy bajo.

«Conviene recordar que, debido a este funcionamiento, tecnologías ya amortizadas como las nucleares y las hidráulicas están siendo remuneradas al mismo precio que los ciclos combinados», precisa José María González, presidente de APPA. Este 'sobrecoste' que, a su juicio debería revisarse, rondó los 1.600 millones en 2009.

El responsable de fotovoltaica de esta organización, Javier García Breva, también subraya que el Gobierno ha hecho recaer en la electricidad todo el peso de para cumplir con el objetivo marcado por la UE de que en 2020 el 20% del consumo de energía se cubra con renovables. A sectores difusos, como el transporte, no se les exige nada y, por eso, esta asociación propone hacer pagar una tasa a petroleras y gasistas.

Pero no es una problemática fácil de resolver y la falta de sintonía entre PP y PSOE complica la tarea de sacar al sector de las tinieblas.