El colapso financiero sacude a los alcaldes

La crisis económica ha dejado en una situación de práctico colapso financiero a muchos ayuntamientos valencianos. La caída de los ingresos como consecuencia del frenazo de la actividad económica en general -y de la inmobiliaria en particular- está abocando a un buen número de consistorios a adoptar medidas drásticas con las que recortar su capítulo de gastos.

Se trata de una situación que no es muy distinta de la que atraviesan infinidad de familias: se han reducido los ingresos, y después de una época de bonanza en la que quizá se ha gastado más de lo conveniente y en la que se han contraído compromisos que acarrean nuevos pagos a los que hay que seguir haciendo frente, ahora toca apretarse el cinturón.

La delicada coyuntura financiera se suma al eterno debate sobre las competencias a las que tienen que hacer frente las entidades locales, y que no les corresponden. Un debate que ha derivado, a raíz de la aprobación de la nueva ley valenciana de régimen local, en la posibilidad de lusionar o suprimir municipios pequeños (para reducir los gastos de aquellos servicios que puedan compartirse), o en cualquier caso, en la de abrir la puerta a mancomunar esos servicios.

En cualquier caso, esa es la puerta a las soluciones. Y el escenario actual las convierte en urgentes. Los datos que maneja la Sindicatura de Comptes son esclarecedores. En 2006, en plena bonanza económica, los ayuntamientos valencianos cerraron el ejercicio con una sólida capacidad para financiarse: 356 millones de euros. Doce meses después, tras sufrir las primeras consecuencias del frenazo económico y la consiguiente falta de ingresos, ya pedían dinero (32 millones). No se conocen los datos de 2008 y 2009, pero se prevén demoledores. Un dato: en 2007 ya fueron 156 municipios de la Comunitat los que cerraron su presupuesto en negativo, y 107 con la liquidación de tesorería en números rojos. Sin dinero en caja para el día a día, vaya. 2010 ha sido el año en que los ayuntamientos han llegado al límite. Tanto que los del PP han llegado a reclamar en el Congreso de los Diputados un fondo de supervivencia. Y desde luego, un aplazamiento de la subida del IVA prevista para el próximo 1 de julio.

La radiografía municipal de la Comunitat revela cómo ha afectado ese agujero a los distintos municipios valencianos. Los más grandes, como las capitales de provincia y los otros doce que superan los 50.000 habitantes, disponen de algo más de margen. Los medianos y sobre todo los pequeños se ven obligados a recortar gastos prácticamente de donde no existen.

El cap i casal, el consistorio que dirige Rita Barberá, ha sido uno de los primeros en reaccionar. El Ayuntamiento de Valencia prevé un ahorro de 34 millones de euros con un plan de ajuste que incluye, quizá como medida más 'visible', la que afecta precisamente al alumbrado público -apagado de farolas e introducción de bombillas de bajo consumo-, y que incluye también la reprogramación de inversiones, los ajustes salariales y la reducción de gastos no productivos.

Combustible, telefonía...

En el apartado de gastos corrientes, Barberá pretende ahorrar un 20% en combustible del parque móvil, casi un 30% en telefonía, un 30% en material de oficina un 37% en suministros postales y un 32% en electricidad de las dependencias municipales. «Nos apretamos el cinturón en solidaridad con el sufrimiento de tantos españoles, garantizando además unos servicios públicos de calidad y manteniendo el esfuerzo en las políticas de empleo, sociales y educativas», señaló Barberá en la presentación del plan.

Las fallas no se quedan al margen de este recorte: la subvención municipal para 2011 pasa del 25% al 15% del presupuesto de los monumentos. ¿Qué significa? Si en 2010 las comisiones recibieron 2.353.781 euros, en 2011 podrían quedarse en 1.400.000. Otro buen tijeretazo...

En Alicante, el equipo que dirige la popular Sonia Castedo ha presentado unas fiestas de Fogueres muy ahorrativas. Prohibió el uso de coche oficial para los concejales y puso a su disposición un minibús. Una medida más escaparista que efectiva pero a la que hay que unir la eliminación del racó oficial en el Parque de Canalejas, donde tradicionalmente los días de Fogueres la Corporación Municipal recibía a sus invitados. La medida ya se adoptó el año pasado, y éste se ha mantenido. No utilizar los vehículos oficiales, más que en gasolina, permitirá a los concejales ahorrar por las dietas que cobran los conductores por aguantar hasta altas horas de la madrugada. También los concejales, tanto del Gobierno como de la oposición, han visto reducida la partida de gastos oficiales. Incluso está previsto dejar de limpiar las calles un día a la semana. «Es verdad que esto se puede considerar el chocolate del loro», reconoce un concejal del PP, «pero lo cierto es había que adoptar medidas, porque a los problemas de la financiación municipal se ha añadido la crisis».

El año pasado, el Ayuntamiento de Alicante tuvo unos gastos de 91 millones, este año son de 92.200.000, algo más de un millón de euros. Como en la mayoría de municipios, el Ayuntamiento aprobó una reducción de los sueldos del 5%.

Castellón, por su parte, ha puesto en marcha un plan de ahorro energético con el que espera reducir en más de 600.000 euros los gastos de las arcas locales. Se ha primado la renovación de sistemas energéticos y de alumbrado en la depuradora, en las fuentes y en el transporte público. Además, se han instalado placas solares en las instalaciones deportivas, así como temporizadores de iluminación. En los edificios consistoriales, el equipo de gobierno que dirige Alberto Fabra ha impulsado la renovación de 1.000 luminarias, que permitirán ahorrar 21.249 euros al año de energía, mientras que la instalación de un centro de control de los dispositivos de aire acondicionado supondrá otro ahorro de 18.992 euros anuales.

El capítulo del recorte en el área del alumbrado es uno de los recursos más frecuentes a los que han acudido los consistorios. Otro es el del uso de los teléfonos móviles. Sea por la crisis económica, o por la inevitable picaresca que supone utilizar el teléfono pagado por todos los ciudadanos para hacer llamadas particulares, muchos ayuntamientos han optado por distintas fórmulas de control, dirigidas a recortar el uso de estos aparatos.

Hay casos de todos los colores, desde el que ha introducido un sistema que sólo permite telefonear a funcionarios o a otros concejales, como ocurre en Vila-real, hasta el que ha decidido recortar el número total de teléfonos. En Benidorm, el socialista Agustín Navarro parece haber querido hacer pagar al PP las críticas que recibió en su día por la moción de censura apoyada en el tránsfuga José Bañuls. ¿Cómo? Navarro le ha quitado los teléfonos móviles a los concejales de la oposición, y ha mantenido los del equipo de Gobierno. De esta manera, si los ediles del PP desean hacer alguna gestión telefónica, o la hacen desde su despacho o tiran de sus teléfonos móviles particulares. Más que una medida de recorte del gasto, parece una estrategia de acoso a la oposición...

Al recorte en telefonía se une el relativo al uso de los vehículos oficiales. También son varios los consistorios que han optado por poner a la venta algunos de los coches utilizados habitualmente por alcaldía. En Vall d'Uixó, Isabel Bonig trata de deshacerse del A-4 que adquirió el anterior alcalde, el también popular Vicent Aparici. En Vila-real, Juan José Rubert se quedará con uno solo de sus coches oficiales, cuyo alquiler asciende a 1.000 euros. Casos como el de la alcaldesa de Torrent, María José Catalá, o el de L'Eliana, José María Ángel, que se desplazan por el municipio con vehículos pequeños o eléctricos, se hacen especialmente destacables. El vehículo oficial del alcalde de Elche es de 2001, y tendrá que seguir aguantando...

Material de oficina

Los ingresos han caído, y eso ha derivado en un mayor control del gasto corriente. El material de oficina, folios incluidos, es sometido ya a un estricto control. Y si no es tan estricto, al menos sí que es bastante mayor que el que existía antes, y que era prácticamente nulo en muchos consistorios.

Si la crisis se ha percibido con claridad en algún apartado sensible para la ciudadanía, ese es el de las celebraciones festivas. En Elche, la cena de la Nita de l'Albà, que reunía a más de 500 comensales, se ha anulado. En Alicante, las Fogueres de 2010 han sido las más austeras que se recuerda.

En Villamarchante, su alcalde Vicente Betoret reconoce que para las fiestas municipales el Ayuntamiento ha tenido que recortar gastos, hasta el punto de que grupos como Seguridad Social o Efecto Mariposa, o intérpretes como Sergio Dalma o Vicente Seguí, han dejado paso a las celebraciones de verbena. «Las fiestas que se hacían no son exactamente igual que las que hacemos, aunque el consistorio se sigue volcando como siempre», admite.

En Oliva, la Fira de Fires celebrada el pasado fin de semana contó con un recorte del 40% del presupuesto sobre la edición de 2009. Y eso que el concierto del argentino Coti reunió a 7.000 personas. Y en Tavernes, el consistorio decidió eliminar uno de los actos de la reciente noche de San Juan: el correfocs. Con la medida, el Ayuntamiento calcula que ha ahorrado casi 4.000 euros.

Muchos de los recortes adoptados en los consistorios valencianos dejan en evidencia que, en algunos aspectos, también las corporaciones municipales han querido vivir con una holgura que podrían haberse ahorrado. El debate abierto con la aprobación de la ley valenciana de régimen local respecto a la posibilidad de compartir el coste de servicios o incluso de plantearse la fusión de municipios revela esa circunstancia, aunque no esconde que, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, la asunción de competencias que no corresponden a las entidades locales continúa siendo una fuente permanente de gastos extraordinarios, para los que únicamente una correcta ordenación de competetencias, o en su defecto una financiación acorde a esas funciones, puede hacer frente.

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, viene reclamando la puesta en marcha del Fondo de Compensación Municipal, que estará dotado con 3.000 millones de euros anuales. «Es la inyección económica que más esperan los ayuntamientos», insiste.