Los aspirantes a funcionarios no tendrán que saber valenciano

Una vez más la reivindicación del requisito lingüístico para optar a una plaza de funcionario en la Generalitat se quedó en eso, en reivindicación. Populares y socialistas aprobaron la nueva Ley de la Función Pública de la Comunitat Valenciana que no recoge la obligatoriedad de acreditar los conocimientos de valenciano para optar a un puesto en la administración autonómica.

En un principio, los socialistas valencianos llevaban en cartera la petición de que se incluyera el requisito como condición para aprobar la nueva legislación sobre función pública. Fue la diputada Vicenta Crespo la que anunció esta iniciativa, que días después, tras un pleno del Consell, rechazó la consellera portavoz, Paula Sánchez de León.

Los socialistas valencianos, en una negociación de última hora, aceptaron que no se incluya el requisito lingüístico en la norma a cambio de que se endurezcan los criterios para que los funcionarios con plaza aprendan valenciano.

Hasta ahora, según la norma anterior, las personas que obtenían una plaza en la administración pública se comprometían a aprender valenciano. Ahora, con la ley aprobada ayer se da un paso más. Los que obtenga una plaza deberán acreditar sus conocimientos de valenciano y quien no lo haga tendrá que matricularse en unos cursos de perfeccionamiento. Además, según anunció la diputada popular Asunción Quinzá, se pondrá en marcha un plan para potenciar el valenciano en la administración autonómica.

La parlamentaria del PP recordó también que en la Comunitat Valenciana hay zonas castellanohablantes «y estos valencianos tendrían más dificultades para acceder a un puesto de funcionario».

Unas condiciones que convencieron a los socialistas valencianos, que votaron a favor de la totalidad de la norma. El socialista Ignasi Pla reconoció el avance, al tiempo que lamentó que finalmente no se haya podido incluir el requisito lingüístico en la nueva norma. Pla se mostró confiando en que en un futuro se pueda aplicar. Hay que recordar que el requisito fue una de las grandes reivindicaciones de el ex líder de los socialistas valencianos durante la negociación del actual Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Al final, los esfuerzos de los socialistas fueron baldíos y no se pudo incluir en la Carta Magna.

Pla señaló en la tribuna que no se puede tirar por la borda una ley que benefician a los empleados públicos «sólo por dos cosas que no nos gustan».

La actitud del grupo del PSPV fue muy criticada por el resto de los grupos de la oposición. El diputado de Compromís y representante del Bloc Josep Maria Pañella lamentó que populares y socialistas «colaboren respecto a la política regresiva de la Generalitat respecto al valenciano». La coordinadora de EU y portavoz del grupo de los No Adscritos, Marga Sanz, señaló que los dos partidos mayoritarios «han puesto en marcha el rodillo bipartidista que relega al valenciano».

La aprobación de la nueva Ley de Función Pública sin el requisito lingüístico provocó la primera protesta frente al Palau de la Generalitat. Pocos minutos después de que el pleno de Les Corts tomará la decisión, varias decenas de manifestantes de distintas organizaciones culturales y sindicales reclamaron que se exija el valenciano para optar a un puesto de funcionario en la administración autonómica.

En la actualidad, el idioma es considerado un mérito. Una persona que aspire a una plaza de funcionario tendrá más puntos si acredita sus conocimientos de valenciano que otra que no lo haga. El requisito lingüístico lo que provocaría es que aquellos que no acrediten sus conocimientos del idioma con titulación no podrán lograr una plaza en la función pública. Además, deberían demostrar sus conocimientos tanto orales como escritos.

Un ejemplo claro: un ciudadano de Albacete sin titulación en valenciano no podría optar a una plaza de la Generalitat. Ahora sí que lo puede hacer. Si aprueba, sabe que estará obligado a aprender la segunda lengua cooficial de la Generalitat. Además, sabrá que aquellos otros aspirantes que acrediten sus conocimentos de valenciano como mérito tendrán más puntuación.

190.000 empleados

La modificación de la norma afectará a unos 190.000 empleados públicos de la Generalitat. La ley tiene entre sus principales novedades la estructuración del personal en cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales y sus correspondientes escalas, con el fin de dotarle de mayor profesionalidad y especialización. Una de las novedades anunciadas que no se ha podido incluir es la carrera profesional debido a los ajustes del Gobierno, que ha obligado a reducir el salario de los empleados públicos. La norma crea también el consejo asesor de función pública, formado por expertos en la materi. Asimismo, incluye entre el personal eventual a los conductores de los miembros del Consell, y contempla la figura del personal directivo público.