El Consell usará la cláusula Camps para incorporar los privilegios de Cataluña

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña ha puesto ojo avizor al Consell. El titular de Gobernación, Serafín Castellano, señaló ayer que usará la 'cláusula Camps' (que figura en la disposición adicional segunda de la Carta Magna valenciana) para que la Comunitat incorpore todos los privilegios que sume cualquier territorio autonómico.

Castellano anunció en lo pasillos de Les Corts que todo lo que se declare constitucional respecto al Estatut catalán «será constitucional para todos». Con esta máxima en la mano, el conseller señaló que no aceptará «ninguna discriminación» para la Comunitat respecto a otro territorio.

Durante el debate del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la polémica llegó porque había quien defendía que era mejor aprobar la nueva Carta Magna los últimos para incorporar las novedades de todos los demás. Ante esa disyuntiva, Camps anunció minutos antes de celebrar un acto en el Palacio de la Exposición de Valencia una cláusula para sumar cualquier mejora que se aprobara en el resto de estatutos. Problema resuelto.

Ayer fue la primera vez que el Consell, de la mano de Serafín Castellano, uno de los padres del actual Estatuto valenciano, sacó a relucir la cláusula Camps. El conseller de Gobernación aludió a dos cuestiones claves para la Generalitat: agua y financiación. Castellano señaló que el Gobierno valenciano incorporará todos los privilegios que se arrogue Cataluña en cuestiones hídricas y de financiación.

La Generalitat presentó el 19 de octubre de 2006 un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut catalán al considerar que en cuestiones como el agua «se limitaban los trasvases, lo que excede por mucho lo que debe ser una norma estatutaria». Una apreciación que en su día hizo el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, que también criticó los artículos sobre financiación autonómica: «No se pueden contener variaciones que permita favorecer a unos territorios frente a otros».

El pasado verano, el principal escollo para salvar la financiación autonómica fue la negociación del Gobierno de Zapatero con el de Cataluña. El Ejecutivo liderado por José Montilla exigía una cantidad mínima -3.000 millones de euros al año- para aprobar el nuevo reparto de fondos. Los catalanes aseguraron que así lo defendía su futuro Estatut.

En tema de agua, uno de los principales problemas es la redacción del artículo 17 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. El texto señala que los valencianos tendrán derecho a la distribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias. Ante esta redacción, el resto de territorios como Aragón y Castilla-La Mancha se blindaron con reservas hídricas.

Castellano se mostró cauto a la hora de reivindicar nuevos privilegios para la Comunitat: «Primero habrá que ver la sentencia. Por eso reuniré a la comisión de expertos para analizarla y ver qué cuestiones podemos incorporar».

Lo que sí que dejó claro Castellano es que en ningún caso se sumarán los posibles privilegios lingüísticos y de política exterior que se reconozcan en el Estatut catalán: «Nosotros no entramos en conflicto en cuestiones como el idioma, la nación o la justicia. Un detalle que valida todavía más nuestro Estatuto».

El presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido Mayol, calificó de estrambóticos algunos preámbulos de nuevos estatutos, como es el caso del catalán: «No entiendo cómo se puede incluir el término nación».