El TSJ mantiene en suspenso el inicio de las obras en Nou Mil.lenni

En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictaba la suspensión cautelar del proyecto urbanístico Nou Mil.leni, que prevé la construcción de más de 12.000 viviendas en 1,5 millones de metros cuadrados de huerta, ante la demanda interpuesta por el PSPV.

Todo ello, después que la empresa mixta formada por el Ivvsa y la constructora Llanera firmaran, durante el mes de febrero de 2009, el convenio con el Ayuntamiento para iniciar el proyecto presentando una aval de 14,4 millones de euros ante el consistorio. El acuerdo establecía un máximo de 9 meses para la presentación del proyecto de urbanización y reparcelación del sector, después, estas obras contaban con un plazo de 36 meses para estar concluidas.

Nou Mil.leni parecía que iba a convertirse en una realidad pero, la suspensión cautelar volvió a hacer saltar las dudas sobre la viabilidad del PAI. Ahora, el TSJ vuelve a pronunciarse sobre Nou Mil.leni para alzar, parcialmente, esta suspensión cautelar, «permitiendo la tramitación administrativa de los instrumentos de gestión, pero no pudiendo materializarse ningún tipo de obra, ni preparación para la misma, de forma que el suelo permanezca incólume», según señala la sentencia.

El auto responde a la solicitud formulada por Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, presentada tras la aprobación provisional por parte del Consistorio catarrojense del PGOU. A pesar de que en un primer momento, este auto resuelve alzar la suspensión, desde el PSPV local se muestran satisfechos por la sentencia.

Se ratifica

«Hubiéramos preferido que continuara como está, pero lo que ha quedado claro es que el TSJ ratifica todo lo que recoge el auto de suspensión», explica el portavoz del PSPV, Wilson Ferrús, «por ello también pensamos que la sentencia de la demanda contra el PAI Nou Mil.leni puede ser favorable y terminar por fin con esta barbarie urbanística». Ferrús explica que, de este modo, «se pueden seguir los trámites administrativos del proyecto pero no pueden entrar las máquinas».

En los fundamentos de derecho de la solicitud el juez se reafirma en las consideraciones realizadas en el auto de suspensión respecto a cuestiones de sostenibilidad y el incremento poblacional que supondría este PAI, impidiendo la reparcelación o urbanización de los terrenos, «si se produjeran las transformaciones físicas derivadas de los instrumentos aprobados, podrían quedar deteriorados valores medioambientales y materializada una gran masa edificatoria, de imposible gestión frente a una sentencia estimatoria del recurso», advierte. Desde el equipo de gobierno (PP y UV) señalan que respetarán cualquier sentencia judicial.