Ripoll dice que no dimitirá porque el 'caso Brugal' no afecta a la Diputación

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, echó ayer mano de sutilezas para desvirtuar la exigencia de dimisión planteada en el pleno de la Corporación provincial por el grupo socialista, en respuesta a las últimas actuaciones policiales suscitadas por presunta corrupción. El líder popular replicó al portavoz del PSOE, Antonio Amorós, que no hay motivos para marcharse, puesto que «la Diputación está al margen de cualquier investigación judicial».

Para reforzar su argumento, aclaró que la denominada 'Operación Brugal' afecta al Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, presidido también por Ripoll. Sin embargo, aclaró que la presencia de la Diputación en esta entidad se limita a un 15% y que en ella están representados 27 municipios de la Vega Baja, nueve de los cuales están gobernados por los socialistas.

Ripoll defendió la legalidad, transparencia y corrección de todos los actos de ese organismo. Las explicaciones no fueron sufiencientes para el PSOE, cuyo líder en el hemiciclo provincial reprochó al presidente de la corporación que, a su entender, hubiera quebrado la confianza que depositaron en él los ciudadanos. Amorós retó a Ripoll a convocar un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre el 'caso Brugal' o, de lo contrario, a presentar la dimisión. «La sociedad alicantina asiste perpleja y conmocionada» a los últimos acontecimientos», que arrancaron con la detención, el pasado día 6, de Ripoll, tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios, incluido el constructor y dueño del Hércules, Enrique Ortiz.

Amorós recordó a Ripoll que se le imputan cinco delitos graves, como son cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas. «¿Qué está ocurriendo en la Diputación?... Hay sospechas de actuaciones presuntamente ilícitas», interpeló al presidente, quien respondió: «Aquí no hay nada ilícito. Ha dicho cosas falsas».

Y, minutos después, ante los medios de comunicación, Ripoll ahondó en el asunto: «A la Diputación no se le acusa de nada, que yo sepa, ni al presidente de la Diputación, sino al presidente del Consorcio, que aunque coincida, no tiene nada que ver». El presidente de la Corporación provincial insistió en que está deseando que se levante el secreto sumarial para poder defenderse.

Apoyo a Lorente

Preguntado por las declaraciones de la secretaria general provincial del PP, Mónica Lorente, referidas al PSOE (sugirió a los socialistas que no fueran tan «osados» en el 'caso Brugal' porque, «a lo mejor, algo tienen que contar»), Ripoll mostró su pleno respaldo a Lorente. «Dijo lo que tenía que decir», expuso.

Precisamente, esas palabras de Lorente sacaron ayer de quicio a los socialistas. La diputada Antonia Moreno, en el turno de ruegos y preguntas, abroncó a la también alcaldesa de Orihuela y la retó a revelar datos que refuercen esas amenazas veladas. La intervención de Moreno fue interrumpida por Ripoll al considerar que la Diputación no era el foro adecuado para abordar esas cuestiones.

Por último, Ripoll contestó que su relación con Enrique Ortiz es la misma que con cualquier otro empresario que trabaja para la Diputación. «No es ni el mayor ni el menor contratista», dijo.

Por su parte, el socialista Amorós proclamó que existe una «situación anómala» en la institución provincial y lamentó que Ripoll «haya tirado balones fuera contestando que la Diputación está al margen de actuaciones judiciales». «Si esto no fuera así, los agentes de la Policía Nacional no hubieran irrumpido durante doce horas en la institución provincial. De todas formas, el presidente del consorcio de la zona XVII es el propio presidente de la Diputación», recordó.

Por el momento, el 'caso Brugal' sólo ha generado reacciones de apoyo hacia Joaquín Ripoll y el resto de cargos del PP afectados por parte de sus compañeros de partido, tanto de la dirección provincial como de la regional y la nacional.