La Fiscalía investiga el convenio de la nueva EDAR de Peñíscola

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investigará el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Peñíscola y la empresa Viveros Valencia para conseguir los terrenos necesarios para la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio. Así lo confirmaron ayer fuentes del colectivo vecinal Camí Vell, quienes denunciaron «presuntas irregularidades» en el acuerdo rubricado entre ambas partes.

En concreto, la Fiscalía ha atendido dichas denuncias y ha decidido abrir diligencias informativas para aclarar una situación que desde la asociación de vecinos tildan de «alarmante».

Según explican desde Camí Vell, el citado convenio «beneficia en gran medida a Viveros Valencia, que cede 66.902,33 metros cuadrados de suelo ubicados a siete kilómetros de la costa a cambio del equivalente al 65% del aprovechamiento en terrenos urbanizables en el llamado Sector 1, emplazado a sólo 500 metros del litoral». «Es decir, cambian una parcela valorada en 780.000 euros por otra que podría cuantificarse en 9,5 ó 16,3 millones de euros en función de si se le da un uso residencial u hotelero», señalan. «Estos cálculos, realizados en base a los criterios de valoración establecidos en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística (PGOU), actualmente en tramitación, y en base a la reparcelación del sector inmediatamente colindante al Sector 1, dan un beneficio del 1.200% a esta empresa», lamentan.

Con todo, desde Camí Vell denuncian lo que consideran «un atropello» a los intereses de los vecinos y del municipio, «sobre todo teniendo en cuenta que, según lo establecido en el futuro PGOU, a los propietarios de terrenos aledaños y de similares características a los cedidos por Viveros Valencia se les pagaría 11,65 euros por metro cuadrado en caso de expropiación».

Así pues, desde el colectivo vecinal reclaman al Consistorio de Peñíscola que «encuentre la fórmula legal para obtener cuanto antes los terrenos necesarios para la nueva EDAR sin perjudicar los derechos e intereses de terceros en favor de una firma privada».

En este sentido, cabe recordar que los vecinos llevan solicitando desde hace mucho tiempo la puesta en marcha de una estación depuradora que sustituya a la actual, afectada por diversas polémicas.

Por una parte, esta el hecho de que se hayan detectado niveles de gas radón por encima de los límites en las inmediaciones de la instalación, concretamente en la zona de la Marjalería. Esta circunstancia, que ya está siendo investigada por la Generalitat Valenciana, se suma a la clausura de la nueva casa consistorial, construida sobre parte de las instalaciones que se utilizan para canalizar el agua a través del emisario submarino.

Al respecto, cabe recordar que desde hace varios años, los sindicatos venían denunciando el malestar, dolores de cabeza y náuseas que sufrían los trabajadores del Ayuntamiento.

En cuanto al hallazgo de gas radón en las inmediaciones de la EDAR, destacar que en un informe emitido el pasado mes de junio por la Subsecretaría de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda a raíz de una petición del grupo conservacionista Gecen se aconsejaba a la empresa Facsa, encargada de la gestión de las instalaciones, «la adopción de medidas de seguridad laboral para evitar riesgos sobre la salud de sus trabajadores».

Las soluciones propuestas por la Conselleria de Medio Ambiente pasaban por renovar el aire del interior del edificio, reducir al mínimo imprescindible la presencia de personal en la instalación y detener el proceso de desarenado para reducir las emanaciones.