La educación entra en números rojos

Miles de escolares empezaron la semana pasada el curso de la crisis. Más allá de la gestión del sistema educativo, de cómo mantener la máquina engrasada pese a las limitaciones presupuestarias, las consecuencias las están notando muchos valencianos que tienen que ceder en lo que consideran el gasto más justificado de todos: la educación de los hijos, pilar que sostendrá su desarrollo personal durante el resto de su vida. Todos los agentes de la comunidad educativa coinciden en apuntar que es en la reducción de servicios como el comedor escolar, que cuesta hasta 160 euros al mes, donde más influencia está teniendo la situación económica, aunque hay casos más drásticos, como la transferencia de alumnos de colegios privados hacia los públicos ante la imposibilidad de pagar las mensualidades. Incluso hay ejemplos de solidaridad educativa, con asociaciones de padres y colegios que cubren los impagos de familias con el agua al cuello.

El comedor escolar es un caso paradigmático. Según los datos que maneja la Federación de Centros de Enseñanza, Feceval, hasta un 8% y un 10% de los escolares pueden verse obligados a renunciar a este tipo de servicio en el curso que empieza. Muchas familias con alguno de los progenitores en paro prefiere ahorrarse este gasto adicional al tener posibilidad de atender a los hijos en casa, pues ya no hay de por medio un trabajo que provoque la incompatibilidad de horarios.

Y no es una cifra baladí, ni mucho menos. Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, el curso pasado recurrían al comedor escolares algo más de 300.000 alumnos, lo que significa que 30.000 jóvenes, aproximadamente, cambiarán este curso las mesas del centro por la de casa.

«Pese a todo, no se contempla una subida de los precios del servicio, sino que los propios centros son los que asumirán el aumento del IVA», señalan desde la patronal de centros privados y concertados. Aunque la aproximación hace referencia a la educación en general, los efectos de la crisis los sufrirán con especial virulencia estos últimos, que a la reducción de este tipo de servicios extra, que también suponen ingresos, tienen que añadir el aumento de los gastos de mantenimiento, en muchos casos, con el consiguiente aumento del IVA aprobado en julio. Y por norma general, sin ningún tipo de subvención, más allá de la cuantía del concierto, si corresponde.

«La disminución del alumnado, aunque no es una cuestión excesiva, hace que la privada sufra problemas, mientras que para el concertado el concierto se ha quedado congelado en la misma cuantía que el curso pasado», señala el presidente de la patronal, José Manuel Boquet, que certifica que la crisis está entrando en los colegios a través del comedor y las actividades complementarias.

La explicación de por qué la renuncia a los servicios afectará menos a la pública que a la privada se puede encontrar en la beca, que ha aumentado el número de beneficiarios para este año.

En la actualidad, alrededor de la mitad de los alumnos que comen en colegios públicos tienen cubierto parte del servicio mediante la ayuda, que atiende a diversos criterios, entre ellos, la renta familiar. Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, son alrededor de 84.500 estudiantes sobre un total de 163.000.

Desde la Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), destacan que el año pasado ya había señales de la situación, «especialmente en aquellos alumnos que no consiguen la beca, pues las familias han de asumir ese coste añadido», explica María José Navarro, la presidenta.

Alejandro Monzonís es el responsable de la delegación valenciana de la asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade). Cuando se le pregunta por los efectos de la crisis en su sector recurre a una frase hecha y elocuente: «Tenemos que hacer de tripas corazón», espeta, pues en su caso, no se reciben ayudas de ningún tipo en cuanto a servicios. Por ejemplo, no tienen derecho al bono libro y muchos menos a becas de comedor.

«Tenemos una competencia muy fuerte, especialmente de los colegios concertados», sentencia Monzonís, que alega que en estos casos sí que cuentan con el importe del concierto, además de las cuotas que abonan las familias. En cambio, la privada tiene que afrontar las subidas de precios y los costes con sus propios recursos. «Para este año se van a mantener los precios, o como mucho, habrá alguna subida mínima, como la actualización del IPC», señala. Situación diferente a años anteriores, con incrementos de entre un 3 y un 5%.

Menos alumnos

Además, la única vía de ingresos, las cuotas de los alumnos, también se reduce. Según los datos de Acade, este año se espera un descenso del 2,5% en las matriculaciones, «aunque hay situaciones distintas entre los colegios, pues los hay que mantienen la lista de espera o que no han bajado los alumnos», sentencia. Más pronunciado ha sido el descenso de matriculaciones del primer ciclo de Infantil (entre 0 y 2 años) en las guarderías, fruto también de la crisis. En este caso, la mayor disponibilidad de tiempo de los padres o la necesidad de reducir costes ha producido una caída de un 5%, según Monzonís. También influye que en esta etapa no exista la escolarización obligatoria del bebé.

Otra de las consecuencias de la crisis detectada entre las familias de los privados es la reducción en el uso del transporte escolar. Por último, apunta a la tendencia antes citada: hay menos servicios, como el comedor o el transporte escolar.

José Manuel Boquet, de la patronal, destaca que la pérdida de poder adquisitivo ha llevado a muchas familias a intentar conseguir matrículas en colegios concertados, algo complicado por la falta crónica de plazas, con casi el doble de solicitudes respecto al total de alumnos que pueden asumir las escuelas subvencionadas. Entonces, ¿dónde va a parar el alumno cuyos padres no pueden pagar una educación privada? «En cualquier caso siempre tiene que haber una plaza en el sistema público, aunque seguramente no será la que la familia pida», sentencia Boquet.

Nicolás Sánchez, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, destaca que la principal influencia de la crisis en sus centros está en la imposibilidad de muchos padres de abonar sus cuotas mensuales, bien para gastos corrientes o para servicios como el comedor o las actividades extraescolares. «Hay muchos padres que no pueden contribuir, y son las propias asociaciones y los titulares de los centros los que procuran cubrir las cuotas», explica. «Los titulares de los centros (fundamentalmente órdenes religiosas) están sensibilizados con la situación, a pesar de tener recursos limitados», sentencia.

Para la escuela pública, entre los gastos más temidos por los padres está el de los libros de texto. El precio global por alumno, independientemente del bono libro, provoca situaciones de picaresca ciudadana frente a la crisis. «Se han dado casos de libros que se intercambian entre los padres de un mismo colegio», explica María José Navarro, de FAPA-Valencia. Este año, la ayuda se ha ampliado a 96.000 escolares de Primaria, si bien no consigue cubrir el total del gasto por menor. Donde también se ha producido un esfuerzo inversor es en el bono para la escolarización infantil, que además, llega a todo tipo de guarderías. Según los datos de la Conselleria, este curso hay 5.249 nuevos beneficiarios de la ayuda, lo que atestigua que más familias recurren a la beca para afrontar el gasto.

A juicio del sindicato CSI.F, los colegios públicos también notarán las consecuencias de la crisis en los gastos corrientes de los centros, que deberán adelantar pagos a proveedores o retrasar reparaciones hasta que desde Conselleria se les transfiera el dinero correspondiente. El sindicato considera que ante la situación actual es necesario que la Administración «no escatime en gastos» para evitar un deterioro de la enseñanza. Al fin y al cabo, la educación es casi todo en la vida.