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F. RICÓS
Viernes, 24 de septiembre 2010, 02:35
Ángel Luna realizó 114 adjudicaciones a dedo que superaban el límite económico legal, recogido en la Ley de Contratos del Estado vigente en aquel mandato, durante su etapa central como alcalde de Alicante entre 1992 y 1994.
La legislación de aquella época sobre cómo las Administraciones debían realizar las contratas databa de 1965. En julio de 1995, con Luna ya en la oposición municipal alicantina, entró en vigor otra ley que actualizaba el sistema y las cifras.
El 23 de abril de 1965 el Boletín Oficial del Estado publicó un decreto del entonces jefe del Estado, Francisco Franco, siendo Mariano Navarro Rubio el ministro de Hacienda, con el texto la Ley de Bases de Contratos del Estado.
En el artículo 37 se indica que la contratación directa, lo que se conoce como la adjudicación a dedo, «sólo procederá» cuando la Administración no ofrezca atractivo para que las empresas se apresten a presentar ofertas, cuando las obras o restitución de servicios sean de «reconocida urgencia como consecuencia de circunstancias imprevisibles», «las de cuantía inferior a 1.500.000 pesetas», aquellas con «notorio carácter artístico», las que afectan a la seguridad del Estado, las relacionadas con señales marítimas, las que no se adjudicaran por falta de postores y aquellas con contratos adjudicados en un primer momento y rotos con posterioridad, con el fin de proseguir las obras.
Así las cosas, entre 1992 y 1994 el entonces alcalde de Alicante, Ángel Luna, adjudicó 114 actuaciones de manera directa que superaban el millón y medio de pesetas, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.
En 1992, primera anualidad completa de Luna al frente del Ayuntamiento de Alicante, se han detectado 46 contratos a dedo que superaban el máximo establecido por la ley. En 1993 la cantidad fue menor, 33 adjudicaciones por más de millón y medio de pesetas y en 1994 la cifra se elevó hasta las 35.
En aquel año de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla se concedieron de forma directa unas actuaciones que, en principio, distan mucho de ser urgentes y de costar menos de millón y medio de pesetas. Así, se contrató el desvío de líneas telefónicas por la construcción de un garaje en la céntrica avenida Maisonnave por 81,9 millones, una obra prevista, como seguramente también lo estaría la climatización del sótano del mercado central de Alicante por 5,5.
También encargó el proyecto técnico de consolidación, saneamiento y estabilización del Benacantil por 72,7 millones de pesetas, un asunto que, si estaba desmoronándose la montaña, era urgente. Lo que no lo era tanto fue la remodelación de la ciudad deportiva en su primera fase, 31 millones; o la rotulación de vías públicas por otros 18 millones ni los 14,7 de la señalización urbana bilingüe ni los 5,5 millones que se pagaron por la plantà y la cremà de la foguera oficial, algo que se repite año tras año, y 2,6 millones de 1.720 lotes navideños para el personal municipal.
En 1993 se adquirieron, también de forma directa, ordenadores para sanidad por 15 millones, por otros 2,5 material informático para el aula de enseñanza y se pagaron casi ocho millones por el programa de educación de adultos del curso 1992/93 y 2,5 para desarrollar los de los cursos 93/94 y 94/95, entre otros.
En 1994 se adjudicaron directamente contratos por 6,2 millones para la hoguera oficial, otros 17,8 para urbanizar las calles Ramón Gómez Sempere y Bahía, hubo tres contratos por 43 millones para modificar tuberías afectadas por obras en Gran Vía-Plata, la calle Teulada y Maestro Alonso. Algo que no era urgente fue un estudio de ocho millones para determinar «el clima laboral y la cultura organizativa» del Ayuntamiento de Alicante.
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