La UE obliga a los agricultores a pagar reiterados análisis de agua y tierra en sus cultivos

La Unión Europea está imponiendo a todos los agricultores de los países miembros una nueva y costosa obligación: deben cumplimentar el 'Cuaderno de Explotación', una nutrida documentación en la que registren todas las operaciones de cultivo que lleven a cabo en sus campos, especialmente en lo concerniente a tratamientos contra plagas y los fertilizantes utilizados. Además, el cumplimiento de la normativa requiere llevar acabo análisis reiterados de la tierra de cada campo, del agua de riego utilizada y de las hojas de los cultivos, cuyos costes han de sufragar los propios cultivadores.

La legislación sobre la trazabilidad agroalimentaria (trazar los pasos seguidos en la producción y comercialización) obliga a todos los agricultores europeos, en teoría, desde 2005, aunque aún no se ha extendido del todo su aplicación. En la Comunitat Valenciana será totalmente obligatoria, en principio, a partir del próximo 22 de diciembre (la transposición autonómica de la directiva se publicó el 22 de junio y fijaba seis meses de plazo), pero según algunos expertos hay otras normas nacionales que hacen obligatorio este cometido, al menos en los aspectos de abonados y tratamientos y en zonas con acuíferos declarados vulnerables.

Las organizaciones agrarias están divulgando entre sus asociados los aspectos relacionados con estas tareas, así como los formularios a rellenar, y en algún caso, como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ofrecen la posibilidad de que aporten los datos para ayudarles a cumplimentar la documentación por un coste simbólico, ya que se estima que una mayoría de los agricultores no se ven capacitados para cumplir por sí solos estas obligaciones burocráticas.

En el sector crece la preocupación por este nuevo 'apretón de tuercas' en la carga oficial de requerimientos, que se traducen en mayores costes, sin que se vea, en contrapartida, ningún avance en la prometida línea de mejorar garantías de precios mínimos para las producciones.

En muchos casos, con esta nueva obligación, el agricultor tendrá que cumplimentar cada campaña tres o cuatro libros-formularios con el mismo fin, puesto que la imposición oficial se suma a la de la producción integrada o ecológica y las que llevan a cabo las entidades comercializadoras de sus cosechas, según los diferentes requerimientos de las compañías de supermercados a las que venden (certificaciones del tipo EurepGap y otras).

Cada análisis de tierra, agua y hojas tiene un coste medio de unos cien euros, lo que hay que multiplicar por el número de parcelas de cada productor y por cada tipo de cultivo o variedad que tengan. De esta manera, aparte de la farragosidad de tener que registrar todos los datos de cada proceso -para personas poco dadas a la burocracia-, hay que tener en cuenta el problema del nuevo coste económico para economías empobrecidas.