La gestión de la depuradora huele mal

¿Qué ha pasado para que una depuradora, que trata un tercio de las aguas negras de la Comunitat Valenciana y que en sus inicios fue rentable, haya acumulado en los últimos años un déficit de 16 millones de euros? ¿Por qué no se ha conocido hasta ahora que en la depuradora no había ningún tipo de control, que algunos directivos tenían autorización de gasto ilimitado, y que los sueldos eran astronómicos? Según el PSPV, sólo se ha descubierto la punta del iceberg de una maraña de empresas que facturaban a Emarsa, organismo público que gestionaba la depuradora, por servicios no prestados y trabajos no realizados, y que sólo se han descubierto cuando la empresa, con un déficit ya de 16 millones de euros, se vio obligada a entrar en proceso de liquidación el pasado verano.

Pero, ¿quién ha sido el cerebro de esta trama? Recién iniciada la investigación, todo apunta al gerente de la empresa, Esteban Cuesta Anguix, que accedió al cargo hace unos siete años, con la llegada de Enrique Crespo, que fue nombrado presidente en 2004. Las auditorías de 2008 y 2009, realizadas por Mazars y las únicas a las que se ha tenido acceso, señalaban que existían «firmas autorizadas para disponer individualmente sin límites». Y Esteban Cuesta, que fue alcalde pedáneo de Benimàmet y es actual presidente de la Agrupación Poblados del Oeste del Partido Popular, autorizó, por ejemplo, gastos en viajes en sólo un año, 2009, por valor de 140.000 euros, a cargo de la depuradora de Pinedo.

Desde 2003 hasta 2009, el PSPV ha denunciado que la contratación con empresas externas se incrementó un 700% y se llegaron a facturar «más de 20 millones de euros sin ningún procedimiento de contratación». Por ejemplo, Sebastián García Martínez, que según cree la investigación es la mano derecha de Esteban Cuesta, consiguió el contrato para el mantenimiento informático de la depuradora. Según los trabajadores, incluso tenía un despacho en las instalaciones. Entre las facturas pendientes de pago existen varias a nombre de Sofitec y Microprocesadores Valencia, cuyo titular es Sebastián García, y que ascienden a 421.540 euros. Según la inspección que se realizó el pasado 5 de octubre, las facturas contabilizaban la compra de 164 teclados, 66 deuvedés, 141 licencias antivirus, 49 discos duros externos, 71 discos duros internos, 88 tarjetas gráficas, 155 fuentes de alimentación, 79 monitores, 140 placas base, 149 ratones y 105 altavoces. Y sólo existen en la empresa 30 ordenadores.

Aquel día, el propio Sebastián García manifestó, y así lo recoge el acta, que «las placas, los teclados y los ordenadores se tiraban a la basura constantemente». Añadió que «aquí los directivos no tienen ningún control de lo que hacen. Que en esta empresa hay muchos jefes y que no se pide permiso a nadie para pedir portátil y cambiar de ordenador cada año. En Emarsa nadie controla a nadie».

A su vez, la hermana de Sebastián, Mari Paz García Martínez, aparece en el registro mercantil como la administradora de dos empresas, Valmasmark y Construcciones Rocafort, que facturaron entre enero y julio de este mismo año más de 700.000 euros, que todavía están pendientes de pago, por trabajos que en las inspecciones no han aparecido. El jefe de mantenimiento de la depuradora, Juan José Sánchez Gallach, dijo durante la revisión de las facturas de la empresa Mantenimientos Valmasmark que los trabajos no se pueden comprobar porque nunca han sido realizados, «nunca he visto a nadie de la empresa Valmasmark en Emarsa».

Algunas facturas coinciden además, en los conceptos, con las emitidas por Construcciones Rocafort, y que se refieren a trabajos que nunca se llevaron a cabo. Por ejemplo, es imposible que se realizaran «trabajos en el digestor 7 porque la depuradora sólo tiene tres digestores». O que las facturas de tareas de pintura efectuados en el edificio sinóptico antiguo «es imposible que hayan sido realizados, puesto que dicho edificio tiene acabado caravista». Según el jefe de mantenimiento, estas empresas no pudieron realizar ninguna de las obras porque, «cuando había que hacer una reparación, Emarsa ponía los materiales y Construcciones Rocafort la mano de obra: un oficial y un peón».

Las facturas revisadas por estas cuatro empresas corresponden solamente a aquellas pendientes de pago entre enero y junio de 2010, y que la administración del EMSHI, entidad en manos de los ayuntamientos y de la que dependía Emarsa, decidió comprobar si realmente tenían que ser abonadas, ya que existían sospechas de que los servicios no se habían prestado.

El entramado de empresas que facturaban a la depuradora llega hasta Barcelona. Printergreen fue creada en mayo de 2007, con sede en la ciudad catalana de Igualada, para la «comercialización de toda clase de vehículos». Sin embargo, en 2009 facturó 1,79 millones de euros en concepto de «lodos». Y la cifra de negocio de la empresa es de 1,8 millones de euros, es decir, que Emarsa era prácticamente su único cliente. Jorge Ignacio Roca Samper figura como administrador único de esta empresa y también de Erwinin, también con sede en Barcelona, y que a pesar de que se dedica a la asesoría laboral o fiscal, facturó otros 360.000 euros por tratamiento de lodos en el mismo periodo, 2009.

El PSPV cree que se trata de «empresas tapadera o empresas fantasma. Todavía no se conoce qué tipo de vinculación tiene Jorge Ignacio Roca con la depuradora». En realidad, el tratamiento de lodos de la depuradora estaba subcontratada a una empresa llamada Notec, que tenía tres contratos en vigor en el momento de la liquidación de Emarsa, en régimen de exclusividad y con una cláusula de rescisión digna de un futbolista: entre 38 y 40 millones de euros por anular el contrato por causas ajenas a la empresa. Según los socialistas, ésta es, al parecer, la única empresa que habría realizado el trabajo.

Otra empresa, Instituto de Empresa del Mediterráneo, facturó entre 2009 y 2010 53.000 euros por trabajos que todavía se desconocen. El administrador de la firma es Juan Carlos Gimeno, ex jefe de calidad de la depuradora y ex portavoz del PP en Valencia. Todavía no se sabe a qué se dedica esta empresa.

El PSPV avisa. ¿Dónde se ha desviado el dinero de las facturas que sí se han cobrado? De momento, hay muchos interrogantes que resolver. Se están investigando facturas de 21 empresas de los últimos dos años. El presidente de EMARSA, el popular Enrique Crespo, dijo que los directivos de la depuradora les habían engañado. El portavoz socialista en el EMSHI, Ramón Marí, que a su vez es alcalde de Albal, tiene una teoría que apunta a que el desvío de fondos «iba destinado a la financiación ilegal del PP en Valencia». Y se basa en que algunos directivos son dirigentes populares en los barrios. Como Ignacio Martínez, director de Sistemas y secretario general del PP en Trànsits. O Santos Peral, director de Administración y secretario general del PP en Patraix. Fueron precisamente los altos sueldos que cobraban los directivos lo que trascendió en un primer momento. En total, Emarsa se gastaba 1,2 millones de euros al año sólo en salarios de sus 12 directivos. La mayoría cobran más que José Luis Rodríguez Zapatero. El gerente se llevaba unos 80.000 euros anuales y el director económico financiero, Enrique Arnal Llorens, unos 92.000.

Pese a que Arnal fue citado para que estuviera presente en las inspecciones realizadas a finales de septiembre y principios de octubre, la realidad es que no apareció y alegó estar de baja médica por «problemas de interacción social».

Y es que pese a la difícil situación de la firma, la realidad es que en los últimos años se aprobaron subidas salariales por encima del IPC y del convenio. En 2008 la subida superó el 5%. Según el PSPV, la depuradora llegó a doblar en los últimos años el número de empleados. «Se convirtió en una empresa de colocación de dirigentes populares».

El PSPV cree que en el Ayuntamiento de Valencia eran conscientes de lo que estaba pasando en la depuradora de Pinedo. Y ponen como ejemplo que, pese a las reiteradas denuncias del socialista Ramón Marí sobre la existencia de directivos que tenían libertad de gasto ilimitado, nunca se hizo nada. «Y la ciudad de Valencia ha tenido el 48% de los votos en manos de la representante de la alcaldesa, la concejal Maria Àngels Ramón-Llin.

Tanto la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas han iniciado una investigación. El PP también votó en la junta de Gobierno del EMSHI a favor de llevar las cuentas de Emarsa ante la Fiscalía. De momento, y hasta que otra empresa asuma su gestión, los dos jardineros seguirán cobrando más de 2.000 euros mensuales. El PSPV, mientras, teme que los «16 millones de euros de deuda tengan que pagarlos los valencianos con una subida del recibo del agua porque la Generalitat no ha querido asumir la deuda».

La depuradora de aguas residuales Pinedo entra en servicio en noviembre de 1981. Seis años después se crea la mercantil pública Emarsa, dependiente del Ayuntamiento de Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia transfiere la gestión al Consell Metropolità de l'Horta, un organismo supramunicipal, formado por todos los Ayuntamientos de la comarca, que llevaban sus aguas residuales a depurar a Pinedo.

Aquel año se disuelve el Consell Metropolità de l'Horta y se crean dos entidades donde Valencia tiene la mayoría: el EMTRE y el EMSHI. El primero se dedicará a la gestión de residuos y el segundo a la depuración y potabilización de aguas. El EMSHI pasa a ser propietario de la empresa pública Emarsa, que a su vez gestiona la depuradora de Pinedo. Los concejales Juan Vicente Jurado, Silvestre Senent y desde 2004 el alcalde de Manises, Enrique Crespo, han sido presidentes de Emarsa. Senent, actual presidente del PP en Valencia, ha salido a defender a los populares de los ataques socialistas por la gestión de la depuradora.

Emarsa entra en liquidación por la deuda acumulada. La Generalitat acepta hacerse cargo de la empresa, sin la deuda, a través de la empresa pública EPSAR, que ya ha sacado la depuradora a concesión por 84 millones de euros.