El fiscal cree que Ortiz sobornó a Castedo y ella niega que le favoreciera en el PGOU

El fiscal Anticorrupción Felipe Briones considera que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, podría haber incurrido en los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por dar un trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y recibir de él varios regalos. Castedo se defendió ayer de estas acusaciones en una rueda de prensa sin preguntas y arropada por todos los integrantes de su gobierno. En esta comparecencia facilitó a los medios de comunicación el informe del Ministerio Público donde se detallan las infracciones penales supuestamente cometidas.

«No hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad. Ortiz no consiguió nada de lo que pidió», argumentó la alcaldesa, que ve en el caso tintes electoralistas: «No es un asunto judicial. Es el inicio de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político, sino un enemigo al que hay que destruir». Por ello, aseguró, lo que se busca es «una condena mediática».

No obstante, tanto Castedo como su antecesor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi, pueden llegar a ser imputados por supuestos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad, en el marco de una de las piezas que han sido desgajadas del sumario del 'caso Brugal'.

En su informe, que se basa en uno anterior de la Policía y que está fechado en junio pasado, Briones asegura que Castedo facilitó información privilegiada a Ortiz cuando ejercía como concejal de Urbanismo y el alcalde era Díaz Alperi. Además, le acusa de haber recibido de manos del constructor varias dádivas y contraprestaciones tanto para sí como para gente allegada a ella.

Tres reuniones

Las investigaciones policiales han descubierto hasta tres reuniones entre mayo y julio de 2008 entre Ortiz y Castedo o entre el promotor y el jefe del equipo redactor del PGOU, Jesús Quesada, para «facilitarle información privilegiada». Según el fiscal, esas reuniones son «no oficiales o veladas» y en ellas se habla de la entrega de documentos. En este sentido, la alcaldesa se escudó en que la Ley Urbanística Valenciana establece que «durante la redacción técnica del Plan General, el Ayuntamiento formulará consultas y formalizará acuerdos con otras administraciones o entidades representativas» y explicó que a Ortiz «se le consideró entonces y se le considera ahora, representante del Hércules CF, una entidad indudablemente representativa». Añadió que «las reuniones que la alcaldesa mantiene en dependencias municipales nunca son veladas ni extraoficiales, son reuniones y punto y me desconcierta que no aparezcan las que como concejal y alcaldesa he mantenido con otros muchos empresarios, colectivos, abogados y particulares».

Briones describe prácticamente el PGOU como un traje a medida del constructor y dueño del Hércules. Las llamadas telefónicas grabadas por la Policía arrojan sospechas sobre los planes urbanísticos de las zonas APA-9, Lomas de Garbinet, Pau 3 o el proyecto de remodelación del estadio José Rico Pérez.

En una de las conversaciones intervenidas Castedo confirmaría a Ortiz que ha dado permiso a Quesada para que éste se reúna con él en su sede de la empresa Cívica a fin de hablar de los planes del promotor para el campo de fútbol. En otra llamada, el constructor solicita a la entonces edil que le «pinte de azul» tres parcelas, una de ellas en Rabasa.

Respecto a las zonas urbanísticas APA-9 y PAU 3, Castedo explicó que el PGOU «no recoge un incremento de la edificabilidad» en estos sectores y añadió que desconoce por qué se incluye en la causa a las Lomas de Garbinet, dado que «no se ha modificado ni afecta a los intereses o propiedades de Enrique Ortiz». En relación al Rico Pérez, la alcaldesa señaló que en el PGOU «el suelo sobre el que se asienta se mantiene como dotacional y no experimenta cambios».

Por último, en lo que respecta a las parcelas que Ortiz quería que 'pintase de azul', Castedo explicó que el azul es el color del equipamiento y resaltó que intuye que el fiscal se refiere al campo de entrenamiento del Hércules CF en Fontcalent, «que continúa con la misma calificación y clasificación de hace 20 años» y que, en el caso de Rabasa, «pienso que se refiere al traslado de la zona comercial del plan parcial dentro del mismo sector, sin incremento de un solo metro de edificabilidad».

Según el Ministerio Público, las pesquisas realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía permiten sospechar que Castedo disfrutó de algunos regalos de Ortiz coincidiendo con las «gestiones efectuadas a favor» de éste en el PGOU. Así, Briones enumera el alojamiento y transporte a Andorra durante las vacaciones invernales de 2008 y 2009, un viaje a Ibiza en el yate del constructor con familiares y amigos de Castedo y un coche de la marca Mini, modelo Cooper, para una persona de confianza de la edil a petición de ésta.

Contratos a conocidos

En este sentido, la alcaldesa presentó públicamente facturas que demuestran que ella misma pagó las vacaciones en Andorra y el Mini, aunque reconoció que el viaje a Ibiza «efectivamente fue así».

Por último, el titular de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia señala que la actual alcaldesa habría solicitado a Ortiz que contratase en algunas de sus empresas a conocidos suyos.

La primera edil, lejos de negarlo, argumentó que diariamente llegan al Ayuntamiento decenas de «casos dramáticos de personas en situación de desempleo» y reconoció: «Me he valido de mis influencias para intentar que muchas personas consiguieran trabajo, no sólo en las empresas de Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este Ayuntamiento». Es más, añadió, «lo voy a seguir haciendo».