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J. BATISTA
Miércoles, 27 de octubre 2010, 10:27
Los regantes y el Consell, que coinciden en muchas de las reclamaciones hídricas imprescindibles para cubrir las necesidades de la Comunitat, valoraron ayer de forma positiva la decisión adoptada el lunes por el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha decidido apartar el establecimiento de un nuevo caudal ecológico de los informes previos al futuro plan de cuenca, el documento marco que regirá la gestión del río.
Se pone de esta manera un punto y seguido al debate sobre el agua necesaria para preservar los ecosistemas del Ebro y su delta, un volumen que algunas asociaciones y partidos exigieron que se multiplicara por cuatro, lo que en la práctica, imposibilitaría cualquier tipo de transferencia.
Por un lado, el conseller Juan Cotino dijo ayer que ha solicitado una entrevista con la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, basándose en que los informes aprobados dejan claro que no hay trabas técnicas para retomar el trasvase del Ebro, derogado en 2004. Los regantes, por su parte, se felicitaron de que «el sentido común» se instale en el debate del caudal mínimo, y aseguraron que sólo con el volumen actual ya se evitan problemas de salinidad o de preservación de especies, además de garantizar «un trasvase que no se pide por capricho», en palabras del presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez.
Cotino pidió «voluntad política» a la ministra para retomar la infraestructura, argumentando que los informes del Consejo abren la puerta a un reparto basado en la justicia distributiva. «Hay agua para todos, para Aragón, Cataluña y la Comunitat», dijo tras una visita de obras en la comarca de l'Alcantí.
También reaccionó a la información adelantada por LAS PROVINCIAS el vicesecretario general del PP de la Comunitat, José Císcar, quien dijo que si el PSOE «no hubiera aniquilado el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el agua del Ebro ya llegaría a la Comunitat».
Excedentes suficientes
Además de la cuestión del caudal mínimo, que se debatirá en un grupo de trabajo ajeno al futuro plan de cuenca donde habrá representación valenciana, Cotino hacía referencia a la información de los documentos previos, de los que se desprende que en el peor de los casos, el Ebro tendrá unos excedentes de 7.000 hectómetros cúbicos anuales, suficientes para garantizar un caudal ecológico coherente (el actual asciende a 3.100) y para destinar 1.050 a otras comunidades, tal y como se preveía en el derogado trasvase del Ebro.
Aunque el establecimiento de un caudal mínimo sí figurará en el futuro plan de cuenca, la creación de un grupo de trabajo generará un debate más consensuado, que permita recoger sensibilidades de las diferentes regiones sin caer en presupuestos inviables, como los que en su día propuso la Agencia Catalana del Agua, que llegó a plantear un volumen que oscilaría entre los 7.300 y los 12.786 hectómetros cúbicos anuales, cuatro veces el fijado en la actualidad.
Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), apuntaba ayer que las cifras propuestas por la Agencia catalana «afectaban a los usos actuales, tanto de abastecimiento como de regadío», por lo que interpretó la decisión del Consejo del Agua como un intento de aprobar unos caudales «que no condicionen las demandas actuales». «Los regantes somos partidarios de las medidas medioambientales, pero estos caudales mínimos no se pueden establecer como si los ríos no tuvieran ningún tipo de aprovechamiento», dijo. «Lo importante es que cualquier cambio en el plan de cuenca tenga un mínimo grado de consenso», apuntó.
Martínez, de la Junta de Usuarios del Vinalopó, se expresó en términos similares. «Todo lo que aporte sentido común y sirva para apartar planteamientos sectarios es positivo», destacó, antes de reivindicar el trasvase como solución definitiva al déficit hídrico del Vinalopó. «Necesitamos aportes externos, y más allá de parches como las desalinizadoras y el Júcar-Vinalopó, la solución definitiva está en el trasvase del Ebro», sentenció.
José Pascual, presidente de la Comunidad de Regantes de Castellón, apuntó que es «muy positivo» que el debate sobre el caudal mínimo se base en planteamientos técnicos, y destacó las consecuencias negativas de la derogación, tanto para el levante español, que continuará con problemas de déficit, como para los principales beneficiarios del agua del Ebro, pues supuso la cancelación de diversas obras de regulación previstas en la cuenca.
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