El TSJ rechaza suspender cautelarmente el Plan Rabasa

El Plan Parcial de Rabasa ha superado un escollo más en su accidentado proceso administrativo que tiene por objetivo la urbanización de una superficie de terreno de más de 3,6 millones de metros cuadrados y la construcción de 13.503 viviendas, de las que algo más de 8.000 serán de protección pública. Iniciativa urbanística que promueve la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, que lidera el empresario Enrique Ortiz , aprobada definitivamente por la Generalitat valenciana en mayo de 2009, pero que fue recurrida por la Delegación del Gobierno que alegaba la falta de recursos hídricos y solicitó la suspensión cautelar de esta actuación, por lo que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat paralizo cautelarmente este plan en diciembre de 2009. No obstante, y tras el estudio del recurso el alto tribunal acordó el pasado mes de julio de este año, levantar la suspensión cautelar sobre este plan, contra el que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) presentó un recurso en el que argumentaba el principio de sostenibilidad. Ahora la misma sala lo rechaza y esgrime para ello los mismos fundamentos a favor de este planeamiento urbanístico.

El auto del tribunal reitera que la Generalitat y las empresas recurrentes manejan unas previsiones de consumo de agua de 25,5 hectómetros cúbicos al año para la ciudad de Alicante y de 1,9 hm cúbicos para el Plan Rabasa, tomando como parámetro 13.503 viviendas a razón de 356 litros por vivienda. Por su parte, la Confederación prevé un consumo de 5,5 hm cúbicos al año para el Plan Rabasa, ya que toma como parámetros 13.503 viviendas a razón de cuatro habitantes por vivienda y 250 litros al día por habitante. Para la Sala, «el informe de la empresa es más ajustado», y recuerda que, si bien no están terminada la desaladora previstas por la empresa Aguas Municipalizadas mediante un convenio con Acuamed para abastecer la comarca de L'Alacantí , el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la ejecución de las desaladoras en los municipios alicantinos de Torrevieja y Mutxamel, entre otras.

Por ello, el auto señala que los datos que aporta la parte recurrente no sólo no han sido desvirtuados por la CHJ sino de alguna forma avalados por la Delegación del Gobierno en la Mancomunidad del Taibilla», por lo que a juicio de la sala se cumplen los parámetros del artículo 25 del TR de la Ley de Aguas, que regula la emisión de los informes previos por parte de las Confederaciones Hidrográficas sobre los actos y planes que las comunidades autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias.

El auto señala también que los terrenos no están afectados por riesgo de inundación y que las aguas residuales serán vertidas a la depuradora Alicante Sur, financiada por el propio sector y que estará en 2011, «una depurada en construcción, avanzada y con viabilidad». Respecto al incremento de población, el TSJCV mantiene la doctrina Parcent para desestimar que el plan Rabasa se subordine al PGOU ya que la población prevista de 28.000 personas, muy lejos de los 40.000 que se calcularon, no superaría el 20% de los habitantes actuales de la ciudad.

El TSJ reconoce que las lagunas existentes en la zona no se verán afectadas, dado que la propia declaración de impacto ambiente reconoce que no forman parte del suelo urbanizable, sino de suelo no urbanizable de especial protección junto con su zona perimetral.