La crisis ahoga a los ayuntamientos y obliga a pedir préstamos para pagar el agua y la luz

Llega el cierre del año y a los ayuntamientos no les salen las cuentas. La situación es tan desesperada para algunos que han decidido tomar medidas drásticas. El Ayuntamiento de Catarroja, por ejemplo, ha decidido retrasar el pago de la Seguridad Social de los meses de noviembre y diciembre. Además, derivará los pagos a proveedores por gasto corriente, es decir, el agua, la luz, la limpieza o el mantenimiento de jardines a un 'confirming', es decir, un pago aplazado de 1,5 millones de euros suscrito con un banco. Es una de las medidas que recoge el Plan de Tesorería, elaborado de urgencia por el equipo de gobierno que conforman PP y UV, y con el que el Consistorio pretende solucionar la falta de liquidez de las arcas municipales. Este plan también prevé disponer de cerca de 400.000 euros de los fondos destinados al Plan E 2010. En el informe se advierte de que cumpliendo la legislación vigente, faltarían fondos en la tesorería municipal a finales del año 2010 por 1,8 millones.

No obstante, el portavoz popular, Francisco Guillem, ha querido subrayar que los pagos del Ayuntamiento «están garantizados». «El de la Seguridad Social se ha aplazado porque tenemos otras prioridades como el plan de solidaridad, con el que pretendemos ayudar a las familias más desfavorecidas de la localidad en esta época de crisis», señala, al tiempo que advierte de que se ha contado con ingresos que todavía no se han cobrado. «La tasa de basura es uno de los ingresos más cuantiosos del Ayuntamiento pero el cobro se realiza a finales de año».

El portavoz popular asegura que la media de pago a los proveedores del Consistorio está establecida aproximadamente en unos 60 días. «Además, cuentan con una planificación para el cobro de sus facturas», añade el portavoz popular.

El Plan también es previsor y establece entre sus prioridades que en caso de no producirse los ingresos previstos para cubrir la falta de fondos en la tesorería, la reducción en los pagos se aplicaría, primero, a la compra de bienes y servicios corrientes; en segundo lugar a las transferencias de capital y, por último, a los pagos de personal. Es decir, si los ingresos se reducen los trabajadores del Consistorio deberían esperar para cobrar.

De momento, sin embargo, Catarroja no se plantea despedir trabajadores del Ayuntamiento como ya están haciendo otros municipios. El caso de Alboraya es especialmente dramático. En los próximos meses se acordará con los sindicatos el futuro de los trabajadores. El concejal de Hacienda, Juan José Gimeno, anunció que se despediría un total de 41 empleados, y se estudia un Expediente de Regulación de Empleo.

Alboraya se quedaría así con la mitad de los empleados que tiene el Consistorio en la actualidad. A este municipio le han pesado muchísimo las obras de soterramiento del metro, que han llegado en plena crisis económica y no se han conseguido los ingresos urbanísticos que se preveían, y tras una operación de compra de huerta para trasladar el centro comercial de Port Saplaya, un proyecto que, como mínimo, está paralizado. Antes ya habían dejado de pagar incluso la basura, que le ha valido un recurso de la Entidad Metropolitana de Residuos.

Catarroja y Alboraya, como otros municipios con un índice de deuda superior al 75%, no pueden solicitar más créditos el próximo año. El Ejecutivo lo prohibió, ahogando aún más las arcas municipales de los consistorios que vivieron épocas de esplendor durante el boom inmobiliario. Le pasa también a Valencia, que ha necesitado ajustar al límite el presupuesto para que cuadre. En Paterna, el equipo de gobierno también decidió resolver algunas plazas de funcionarios, mientras tenía que escuchar críticas de la oposición por mantener unos 27 millones de euros en deuda con proveedores.

Mientras, Sollana estuvo siete meses sin pagar a proveedores, lo que provocó un plante de algunas empresas, incluidas las estaciones de servicio donde se surtían de gasolina los vehículos de la Policía Local. La deuda del Consistorio estuvo a punto de provocar el cierre de algunas firmas, que tenían que hacer frente a impuestos como el IVA sin recibir un euro. Ahora ya han cobrado, pero la situación se puede repetir en cualquier Consistorio de la Comunitat porque los ingresos siguen en caída libre.