1.600 valencianos deberán devolver los 2.500 euros que recibieron al emanciparse

En plena crisis, con los datos del paro marcando récords negativos y con media Europa pendiente de los pasos que da la tambaleante economía española, muchos valencianos no tendrán más salida que remover cielo y tierra para devolver al Gobierno los 2.520 euros que recibieron en 2008 gracias a la Renta Básica de Emancipación, una ayuda que se otorgaba a jóvenes que decidieron independizarse de sus padres.

La medida llega después de una nueva regulación de la subvención a través de un Real Decreto que fue aprobado el pasado 8 de octubre. Y para más complicación, deben ser las Administraciones autonómicas las que tendrán que encargarse de tramitar la devolución, es decir, de notificar a los beneficiarios que deben reintegrar a las arcas del Estado la cuantía percibida, establecida en 210 euros mensuales.

La decisión llega después de que el Ministerio de Fomento cruzara los datos de las ayudas ofrecidas durante 2008 con las declaraciones de la renta de los solicitantes, que tenían que presentar, entre otra documentación, las seis últimas nóminas. Durante la operación se detectó que alrededor de 400 personas en la Comunitat habían percibido ingresos extraordinarios, unas cantidades que hicieron que superaran el límite máximo establecido para percibir la subvención (22.000 euros). Eso sí, no engañaron a nadie, pues según explicaban ayer desde la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda, estos aumentos hacen referencia a becas, horas extras, gratificaciones no habituales e incluso indemnizaciones por despido. De ahí que el departamento que dirige Juan Cotino haya mostrado su más rotunda oposición a la medida.

De momento, se pide la devolución a los beneficiarios de 2008, aunque la Conselleria calcula que cuando se verifiquen los datos de 2009 y 2010, el perjuicio puede alcanzar a 1.600 jóvenes valencianos, con el añadido de que habrá muchos que han percibido la ayuda durante varios años, lo que obligará a reintegrar una mayor cuantía. Además, se dan casos en los que se tendrá que devolver más dinero en concepto de intereses de demora.

«El Gobierno de Zapatero está imponiendo por la vía del Real Decreto que las comunidades autónomas tengamos que asumir un procedimiento sumamente perjudicial para los intereses de nuestros ciudadanos», dijo ayer Cotino, en relación a los trámites para el reintegro de las ayudas.

Pese a que la decisión es estatal, la gestión del proceso de devolución corresponde a la Administración autonómica, que ya se ocupó de la distribución de la subvención. Y no es plato de buen gusto teniendo en cuenta la coyuntura económica de las familias. De ahí que las declaraciones que ayer realizó Juan Cotino fueran precisamente en la dirección contraria a las pretensiones del Ministerio.

«La Generalitat ya presentó sus alegaciones a este último Real Decreto, pero no fueron escuchadas. Ahora seguimos trabajando y explotando todas las vías a nuestro alcance para evitar que los jóvenes de la Comunitat tengan que devolver las ayudas», señaló. «El Consell no va a apoyar esta decisión estatal que tan sólo tiene un fin recaudatorio y que supone agravar la situación por la que atraviesan cientos de jóvenes», recalcó.

De hecho, ya se han puesto manos a la obra. Algunos perjudicados ya han recibido cartas de la Conselleria en las que se les avisa de la situación y se les ofrece la posibilidad de presentar alegaciones. Es una forma de ganar tiempo mientras madura el siguiente paso que piensa dar el Ejecutivo de Camps.

Según explicaron las citadas fuentes, si no se produce una rectificación (algo complicado, teniendo en cuenta que el decreto ya está aprobado), presentarán un recurso de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el Real Decreto invade competencias autonómicas. Por el mismo motivo, el pleno del Consell que se celebra hoy aprobará, a instancias de la Conselleria, interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno como consecuencia de la nueva regulación de la Renta Básica de Emancipación. En el caso de que el Ejecutivo Central diera marcha atrás, ya no sería necesario recurrir al Tribunal Constitucional.

La medida afecta a todas las comunidades autónomas. Desde el departamento de Juan Cotino señalaban ayer que confían en poder evitar el reintegro de las cantidades, sobre todo después de que la comunidad de Madrid consiguiera una sentencia favorable del Constitucional al conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Desde la Administración autonómica también lamentaron que el Gobierno haya «incumplido» el compromiso de financiar la gestión de las ventanillas únicas de la Conselleria desde donde se han tramitado las ayudas, lo que ha supuesto dejar de percibir 6,4 millones.