El TSJ rechaza una demanda para escolarizar a un niño en castellano

La lucha de Isabel Aracil, la madre de Biar que quiere que su hijo estudie en castellano, no ha hecho más que empezar. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya ha dictado sentencia -es el primer fallo de la Comunitat- rechazando el recurso contencioso-administrativo que presentó contra la Conselleria de Educación y ante lo que consideraban una imposición del valenciano. Sin embargo, los argumentos del TSJ no han convencido a Isabel, que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo (TS).

«Esto es una carrera de fondo y estoy convencido de que al final la vamos a ganar», afirmó ayer el presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL), Pablo Yáñez, representante legal.

El TSJ ha desestimado el recurso contra la resolución del director general de Ordenación y Centros Docentes fallando que «no es pertinente la exclusión del valenciano de la enseñanza secundaria de un centro educativo ubicado en una zona de predominio lingüístico valenciano». Una razonamiento que, según Yáñez, no responde a la demanda de los progenitores, quienes «en ningún momento han querido ir en contra del valenciano ni excluirlo, lo que pretenden es tener la opción de elegir y que en un municipio de España su hijo pueda estudiar en español».

Por el segundo punto demandando -la inscontitucionalidad de la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià-, el tribunal afirma que no se dio «la vulneración constitucional alegada por la actora. Tampoco procede el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que insta dicha parte».

La odisea de esta familia se remonta al mes de abril. Isabel Aracil y Roberto Medoro, los padres del pequeño Paolo (dominan el italiano, el francés y el inglés), no estaban conformes con que su hijo, tal y como denunciaron, fuera obligado a estudiar en valenciano.

Paolo, de diez años y alumno de 5º de Educación Secundaria, tenía dos pociones en el colegio Mare de Déu de Grácia: inscribirse en el Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) o en el de Introducción Progresiva al Valenciano (PIP), también conocido como de Inmersión Lingüística. Para los progenitores, la única diferencia entre ambas es que en la primera todas las asignaturas se imparten en valenciano desde 1º de Primaria, mientras que en la segunda las horas de valenciano se imparten de forma progresiva hasta también alcanzar la totalidad. Aunque la familia eligió esta última, solicitaron la exención del valenciano y remitieron un escrito a la Conselleria solicitando el derecho a estudiar en castellano.

La Administración les respondió recordando que el valenciano es el idioma oficial en la Comunitat y que Biar es un municipio de predominio lingüístico valenciano recogido en la ley. De ahí que se oferten estos dos programas. No de acuerdo con que la Comunitat se fragmente en zonas valenciano y castellanohablantes, la asociación presentaron la demanda.

«Incongruente». Así definen en la asociación la sentencia porque «no ejercitamos un derecho a la exclusión del valenciano sino a la libertad de ser escolarizado en castellano». La respuesta del TSJ de la Comunitat la consideran «chocante» porque lo que se pretende es que «no se excluya el derecho de los castellano-hablantes a ser enseñados en lengua castellana».

Tras criticar la actitud del Ministerio Fiscal, que tildó de «tesis disparatada» el derecho demandado por Isabel, el presidente de la asociación se preguntó «¿por qué un niño de Biar no tiene los mismos derechos que uno de Torrevieja?».