El Gobierno para la desalinizadora Alicante II al reducirse el consumo

La ralentización de la actividad económica tiene una traducción directa en el consumo de agua. Tanto es así que dos de las cuatro plantas desalinizadoras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla -las de Alicante II y San Pedro- estarán paradas porque este año no se va a necesitar más agua para la población y la actividad no agrícola. Para evitar que se deterioren las complejas y costosas instalaciones existe un programa de mantenimiento que consiste en hacer rotar los bastidores con una mínima producción, apuntan fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. La situación no es nueva. En septiembre se paralizaron estas dos fábricas.

La demanda global ha descendido y el año pasado se consumió un 5% menos que el anterior, de tal forma que la producción industrial de agua se quedó en la mitad: la Mancomunidad sólo necesitó 55 hectómetros de los más de 100 que se pueden producir ahora con las desalinizadoras que tiene a su cargo; dos de ellas en régimen de concesión y las otras dos mediante contratos de explotación a empresas.

Abundancia de lluvias

El resto se ha cubierto con caudales de la cabecera del Tajo y del río Taibilla, que son mucho más baratos. En este último caso, la abundancia de precipitaciones de los últimos doce meses ha resucitado la fuente primaria de la cabecera del Segura, de mejor calidad y precio.

El Ministerio ha comprobado cómo han fallado las previsiones que se fijaron en el plan de cuenca del Segura, según el cual la demanda total debía estar este año en los 255 hectómetros. Por el contrario, el consumo real ha sido de 202 hectómetros. En los años de euforia económica y del 'boom' del ladrillo se crecía a un ritmo del 8% anual, lo cual hacía presagiar esa escalada del consumo. Pero la crisis ha desbaratado esos cálculos.

El mercado del agua se rige por una regla muy básica: prima la más barata. Si el Gobierno central hubiera puesto en marcha todas las desalinizadoras y volcado en la red los recursos obtenidos por esta vía -casi 120 hectómetros-, las tarifas se habrían disparado, generando unas tensiones entre los 80 ayuntamientos a los que abastece que el Ministerio quiere evitar.

De hecho, la Dirección General de Agua nunca ha dado instrucciones de que se produzca al 100% -que es lo que reclama el Gobierno de Castilla-La Mancha para reducir la dependencia del Tajo- y ha dejado en manos de los gestores de la Mancomunidad el difícil equilibrio financiero entre la producción y el precio final, que ahora está en unos 55 céntimos por metro cúbico (lo que se factura a los municipios).

Exigencia del Consell

En la última Comisión de Explotación del Tajo-Segura, los representantes de los gobiernos de Murcia y de la Comunitat Valenciana pidieron que se pararan las desalinizadoras y se enviara la dotación completa del Tajo, con el fin de que se abaratara el precio. El Taibilla pidió 54,4 hectómetros para el semestre, menos de lo habitual. No hacía falta que solicitaran frenar la desalinización porque ya se estaba haciendo, aunque a medias. El cierre total no es posibl: deben seguir funcionando, aunque sea a ralentí, para mantener las instalaciones en óptimas condiciones.