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A. RALLO
Jueves, 3 de febrero 2011, 01:14
No habrá caso judicial de los controladores en Valencia. La Fiscalía, tras casi dos meses de pesquisas, ha decidido cerrar la investigación. No enviará las diligencias al juzgado al considerar que no existen indicios de delito en la huelga que estos trabajadores mantuvieron durante el pasado Puente de la Constitución y que obligó a cerrar el espacio aéreo.
La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, abrió diligencias de investigación por un presunto delito de sedición contra los controladores de Valencia que abandonaron sus puestos de trabajo. La acusación está relacionada con el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Esta conducta está castigada con hasta ocho años de prisión.
El Ministerio Público investigaba los hechos acontecidos desde la tarde del viernes 3 de diciembre hasta las 13 horas del sábado, momento en el que entró la jurisdicción militar.
Al despacho de la responsable de Valencia, acudieron una decena de controladores con su abogado. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. La siguiente citación fue para el jefe del centro de control de Valencia, que compareció como testigo. Este fue el último paso de la investigación.
Además, Gisbert analizó diferentes informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Aena antes de tomar su decisión. En principio, los datos del gestor de los aeropuertos apuntaban a que diez controladores abandonaron sus puestos de trabajo. Del archivo de la investigación se desprende que no fue una maniobra planeada por los profesionales sino que el cierre del espacio aéreo, provocado por la situación en otras terminales, obligó a que no pudieran desarrollar su labor habitual.
Mismo final que en Alicante
Un controlador de Valencia, que atendió a LAS PROVINCIAS cuando sus otros compañeros acudieron a declarar, ya se preguntaba el origen de esta investigación. «No lo entiendo porque aquí nadie abandonó su puesto ni en la torre ni en el centro de control», explicó. Es más, aseguró que aquel día una persona que estaba de guardia -lo que se conoce como imaginaria- fue a sustituir a una compañera que estaba de baja.
La Fiscalía de Alicante, al igual que la de Valencia, también decidió archivar el caso en su día respecto a los hechos acaecidos en el aeropuerto de El Altet. No obstante, esta investigación se cerró en diciembre.
El fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, recibió un informe de la policía judicial que destacaba que los trabajadores «fueron a su turno» y «no desarrollaron una postura obstructiva», pero que el cierre del espacio aéreo español les impidió realizar su trabajo.
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