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J. BATISTA
Jueves, 10 de febrero 2011, 01:41
Emanciparse de la casa familiar no siempre es fácil. Incluso puede causar problemas. De hecho, a un joven valenciano le está provocando un auténtico quebradero de cabeza, pues tendrá que devolver los 2.520 euros recibidos en 2008 a través de la Renta Básica de Emancipación por superar en dos céntimos el máximo de ingresos permitido, que el Ministerio de Fomento fijó en 22.000 euros brutos anuales. Se trata de un requisito habitual en las subvenciones públicas, con el objetivo de evitar fraudes y picarescas. Aunque en este caso pagan justos por pecadores.
El año pasado, el Ministerio decidió cruzar los datos que figuraban en las solicitudes de los beneficiarios, que recibieron la ayuda para el alquiler de una vivienda, con sus declaraciones de la renta, con la idea de comprobar que se ajustaban a los requisitos exigidos.
Tras detectar numerosas irregularidades, instaron a las comunidades autónomas, que en su día se encargaron de gestionar la ayuda, a notificar la infracción cometida a los afectados, con el objetivo de reclamar su reintegro.
Pero la situación del joven no responde a un caso de fraude. El afectado, que prefirió no identificarse, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que se enteró de su situación tras recibir una carta del Ministerio en la que se le informaba de que se había detectado una anomalía y que superaba el límite de ingresos. «Miré los datos de mi declaración de la renta y efectivamente, en sentido estricto, me pasaba dos céntimos. Pero todo se debe a los redondeos que aplicó mi empresa, porque mi contrato no cambió y fijaba mis ingresos dentro del límite», añadía ayer. «Además, accedieron a darme la ayuda con lo que ganaba en su día», lamentó, en el sentido de que el Ministerio aprobó concederle la subvención en base a la documentación que adjuntó, que no varió en 2008. De hecho, ha presentado alegaciones a la notificación y está a la espera de que le digan si han sido tenidas en cuenta.
Desde la Conselleria de Medio Ambiente explicaron ayer que se han detectado otros 32 casos parecidos, pero no tan flagrantes. Hay personas que se pasan del límite en 11,38 o en 14,5 euros, mientras que el mayor margen corresponde a otro valenciano que superó la barrera de los 22.000 euros en 245,64.
«Mala regulación»
A juicio del departamento que dirige Juan Cotino, el problema está «en la mala regulación para la comprobación de los requisitos que estableció el Ministerio, lo que da lugar a estas situaciones». Entre la documentación que se solicitaba a los interesados, figuraban las seis últimas nóminas y el contrato laboral.
El departamento autonómico ya ha anunciado su oposición a la medida. De hecho, alegan que se dan casos en los que han computado ingresos por horas o pagas extraordinarias, y por lo tanto, no se trata de personas que intentaron cometer un fraude al solicitar la subvención.
Además, a juicio de la Conselleria, es el peor momento para reclamar el reintegro debido a la crisis. «No sé si se aceptarán plazos para pagar, pero sí fastidia la devolución porque ese dinero ya está gastado, lo que obligará a hacer un esfuerzo para poder reintegrarlo», sentenció el joven afectado.
De momento, el Consell ha presentado un requerimiento de competencias al Gobierno, al considerar que debe ser la Administración autonómica la que debe gestionar la concesión de las ayudas al tratarse de su ámbito competencial. En caso de que no prospere, se presentará un recurso ante el Constitucional por el mismo motivo.
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