Aerocas rescindirá el contrato del aeropuerto si no se llega a un acuerdo la semana que viene

Una semana más de suspense para saber qué ocurrirá con el aeropuerto de Castellón y su gestión. Tras la reunión mantenida ayer entre el socio mayoritario de Concesiones Aeroportuarias, Globalvía, y Aerocas, la decisión sigue sin tomarse.

El director general del aeropuerto, Juan García Salas, explicaba que se le ha planteado a Globalvía «que digan qué quiere hacer y cómo lo quieren hacer» en referencia al sobrecoste que implican los cambios en seguridad aérea y que «se puede llegar hasta los 7 millones de euros» pero nunca se aceptará la cifra de 8 millones más de euros al año. «Que digan, por escrito, qué empresas quieren contratar de seguridad y el coste detallado».

Asimismo, señalaba que la reunión de la semana que viene será con Concesiones Aeroportuaria y no sólo con el principal accionista para que se decida «de una vez» un acuerdo económico. En caso contrario, «y si no queda otro remedio» se resolverá el contrato con la actual sociedad encargada de gestionar la infraestructura. Una rescisión de contrato «amistosa o no», según reconocía García Salas, que depende de «la próxima reunión».

«Sea como sea, nosotros estamos preparados para todas las opciones. Desde luego, lo que sí está descartada es una gestión mixta, ya que no es viable» y, por eso, no está encima de la mesa. Tras la rescisión del contrato se abrirían dos nuevos campos: una gestión pública del Costa Azahar (poco probable en principio) o «buscar a otra sociedad dispuesta a asumir la gestión», según explicaba el director del aeropuerto de Castellón.

Un as en la manga

Asimismo, García Salas recordaba que la rescisión del contrato significa «analizar también los compromisos cumplidos» ya que, si bien se ha ejecutado la obra, el Gobierno ha suspendido los permisos del aeropuerto ya que Concesiones presentó una «documentación incompleta» y, pese a tener un plazo de diez días para hacerlo, «tras diez meses aún no lo han hecho». Es decir, parte del contrato no se habría cumplido y todo suma a la hora de analizar «el activo y el pasivo de una sociedad», dijo.

En el telón de fondo del nuevo conflicto del aeropuerto de Castellón se esconde una cuestión económica. Pese a que hace años (desde 2003) estaba claro que el aeropuerto iba a funcionar bajo un sistema privatizado, la crisis económica y las nuevas circunstancias ha hecho que el futuro del Costa Azahar quede en entredicho, pese a que según señala el PP el nivel de ejecución de la infraestructura se encuentra al 99%.

Fue a principios de año cuando una de las accionistas, Globalvía (participada por Caja Madrid y FCC) que cuenta con el 45% del total de las acciones de Concesiones Aeroportuarias, solicitaba un cambio de forma escrita al presidente de Aerocas, Carlos Fabra.

El presidente, consciente de que se trataba de un pulso con fondo económico, informó de inmediato al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y comenzó a informar sobre la situación a los medios de comunicación.

En el génesis del proyecto, Aerocas, conformada por la Diputación y la Generalitat, planteó que subvencionaría con seis euros cada pasajero hasta llegar a los 600.000 viajeros, momento en el que se consideraba que la infraestructura comenzaba a ser rentable para una empresa. Sin embargo, Globalvía ha solicitado un nuevo trato: renunciar a esa compensación económica a cambio de ocho millones al año por cada una de las 50 anualidades a las que se comprometió explotar el recinto. Es decir, 400 millones de euros. Una cifra que el propio Fabra valoró diciendo que «por esa cantidad, lo gestionaría hasta yo».

El motivo de este nuevo rumbo deviene, según este socio, en que han cambiado las normas del juego. Por un lado aduce a la crisis financiera que ha socavado el negocio de los aeropuertos. Asimismo manifiesta que Castellón no ha cumplido con lo acordado. Es decir, no ha creado los proyectos del golf que estaban previstos y no ha desarrollado, por ejemplo, el parque de atracciones Mundo Ilusión. Además, Globalvía considera que la llegada del AVE supondrá un perjuicio económico al tráfico aéreo (como así ha sido por ejemplo para Manises) y, por último, recuerda que la privatización de Aena obliga a que quien gestione el aeropuerto debe asumir el sobrecoste de la seguridad y los controladores aéreos. Fabra considera que Castellón no tiene la culpa de la crisis financiera y, en cuanto al AVE, señalaba que «antes o después, tenía que llegar» puesto que se anunció hace más de 20 años la construcción de la infraestructura.