El aeropuerto de Castellón costará al menos seis millones al año

Antes de que el aeropuerto de Castellón comience a funcionar, una de las empresas que debe gestionar la infraestructura, Globalvía, formada por Caja Madrid y FCC, está a punto de abandonar. Reclama a la Generalitat y la Diputación de Castellón que le paguen ocho millones de euros al año durante los 50 años que dura la concesión por los gastos añadidos que ha impuesto el Ministerio, como pagar a los controladores.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y de la promotora Aerocas -integrada por la Generalitat y la corporación provincial- se reunió ayer durante varias horas con Globalvía para llegar a un acuerdo. Se han dado de plazo una semana más.

El director general del aeropuerto, Juan García Salas, explicaba que se le ha planteado a Globalvía «que digan qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer» en referencia al sobrecoste que implican los cambios en seguridad aérea y que «se puede llegar hasta los 6 millones de euros» pero nunca se aceptará la cifra de 8 millones más de euros al año. «Que digan, por escrito, qué empresas quieren contratar de seguridad y el coste detallado».

En caso de que no se llegue «de una vez» a un acuerdo económico, «y si no queda otro remedio» se resolverá el contrato con la actual sociedad encargada de gestionar la infraestructura. Una rescisión de contrato «amistosa o no», según reconocía García Salas, que depende de «la próxima reunión». «Sea como sea, nosotros estamos preparados para todas las opciones. Desde luego, lo que sí está descartada es una gestión mixta, ya que no es viable» y, por eso, no está encima de la mesa. Tras la rescisión del contrato se abrirían dos nuevos campos: «buscar a otra sociedad dispuesta a asumir la gestión o una gestión pública del Costa Azahar », según explicaba el director del aeropuerto a LAS PROVINCIAS. Esta última opción parece, en principio, descartada. Ayer el conseller de Economía, Gerado Camps, rechazó que el Consell vaya a hacerse cargo de la gestión.

En el telón de fondo del nuevo conflicto del aeropuerto de Castellón se esconde una cuestión económica. Pese a que hace años -desde 2003- estaba claro que el aeropuerto iba a funcionar bajo un sistema privatizado, la crisis económica y las nuevas circunstancias han hecho que el futuro del Costa Azahar quede en entredicho, pese a que, según señala el PP, el nivel de ejecución de la infraestructura se encuentra al 99%.

En el génesis del proyecto, Aerocas planteó que subvencionaría con seis euros cada pasajero hasta llegar a los 600.000 viajeros. Ahora pide ocho millones, independientemente del número de usuarios. Y aduce a la crisis financiera y a que Castellón no ha cumplido con lo acordado. Es decir, no ha creado los proyectos del golf previstos.