La Universitat critica al Consell por «censurar» TV3

El consejo de Gobierno de la Universitat de València aprobó ayer, con 40 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones, un manifiesto contra el reciente cese de las emisiones de TV3 en «el País Valencià» e instó a que se restablezcan.

A través de un comunicado en el que la institución académica lamentó el cierre de las emisiones de TV3 sin otorgar apenas relevancia al hecho de que se trataba de una situación alegal, la dirección de la Universitat consideró que el cese de las emisiones es una «consecuencia de las reiteradas sanciones que el gobierno de la Generalitat Valenciana ha impuesto a Acció Cultural del País Valencià (ACPV)».

A su juicio, «no se trata de una decisión en beneficio de la ciudadanía, sino un acto de censura incomprensible que nos empobrece socialmente y culturalmente».

Por ello, los responsables de la Universitat, quienes obviaron el precepto estatutario que establece que la lengua propia de la Comunitat es el valenciano, reclamaron la reposición de las emisiones de TV3 para «que 28 años de normalidad y enriquecimiento no se vean interrumpidos por una decisión que, pese a su legalidad, es un contrasentido y un desprecio a la lengua propia de los valencianos, la cual necesita sobre todo respaldo».

También ayer, un grupo de estudiantes de la Universitat de València se concentraron convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ante la puerta de la Facultad de Filología para protestar por el cese de las emisiones de TV3.

Esta misma semana, el Gobierno valenciano, por medio de su vicepresidente primero, Vicente Rambla, insistió en que el cese de las emisiones en la Comunitat no ha sido fruto de una decisión del Consell, sino que «quien ilegalmente las estaba llevando a cabo ha decidido no continuar haciéndolo», dijo Rambla en alusión a ACPV.

El conseller de Industria destacó que el Gobierno valenciano realiza «una labor proactiva en favor de que TV3 se vea» en la Comunitat y sólo falta la «receptividad» del Gobierno de España, que es quien debe autorizar el espacio para que las emisiones sean «legales».