Un magistrado rechaza que se cuestione si hay expolio en el Cabanyal

El magistrado Edilberto Narbón, presidente de la Sala primera de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, consideró ayer en unas jornadas sobre el plan del Cabanyal organizadas por una agrupación de arquitectos que el Tribunal Supremo ya se pronunció en 2008 sobre que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, por lo que consideró un «absurdo» jurídico que los tribunales se vuelvan a pronunciar sobre la misma cuestión.

A su juicio, el alto tribunal debería haber unido los dos asuntos, el recurso a la sentencia del Tribunal Superior y el que llegó por otra causa, para decidir «al mismo tiempo, no puede haber otra sentencia que diga que está mal. Una sentencia por expoliación no tendría sentido».

Insistió en que no le ve «ningún razonamiento» a este proceso, lo que levantó críticas y comentarios contrarios entre el público asistente. Narbón recordó la votación de diez votos a favor de la legalidad del plan urbanístico y de ocho en contra en 2008, para añadir que finalmente el asunto se decidió en base a dos informes, el primero de José Ignacio Casar, funcionario de la Conselleria de Cultura que era contrario al proyecto municipal, y el segundo del arquitecto Alejandro Escribano, quien sí avaló las tesis del Consistorio sobre la prolongación.

Esto último fue lo que más críticas produjo en el escaso público que había a esa hora en el salón de actos de Ruralcaja, sobre todo porque parte de los asistentes consideraron que no se podían comparar los dos estudios, al ser el segundo «comprado», según es escuchó en la sala.

Una de las intervinientes adujo que se hicieron un total de 14 informes, para congratularse después, según sus palabras, de que el Supremo dictaminase que era necesario un informe del Ministerio de Cultura, que luego desembocó en el famoso dictamen que considera que la prolongación es contraria a la Ley de Patrimonio, lo que condujo tras una modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural del Cabanyal a un recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional.

Las jornadas se iniciaron con un recorrido de los antecedentes históricos y urbanísticos del Cabanyal y Valencia, por parte del arquitecto Alberto Peñín. Durante su disertación, lamentó que el Colegio de Arquitectos «no se mojara» durante la petición de informes del Ministerio que acabaron después con la declaración de expolio, que mantiene paralizado el plan en la actualidad, incluida la concesión de la mayoría de licencias de obra y rehabilitación.