La reforma del Estatuto exige una inversión fija al Estado como Cataluña

Lo cierto es que era complicado descolgarse en un asunto como este. Por eso, 89 diputados del PP, PSPV y Compromís, votaron a favor de la modificación del Estatuto de Autonomía para blindar las inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana en términos similares a los que recogen Cataluña y Andalucía en sus respectivas Cartas Magnas. La petición de la Cámara regional al Gobierno central es que en los próximos siete años se tenga en cuenta el peso poblacional de la Comunitat, que supera los cinco millones de habitantes, a la hora de autorizar las inversiones.

Cinco años después de ser aprobada la reforma del Estatuto, el texto sufre su primera modificación. El aval del Tribunal Constitucional a los textos de Cataluña y Andalucía fue la puerta abierta por la que entró la Comunitat para reclamar un trato al mismo nivel que estas dos autonomías. Los andaluces blindan su inversión en función de la población y los catalanes en relación al Producto Interior Bruto.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, uno de los padres del actual Estatuto, señaló que el objetivo es que en los próximos siete años el Gobierno central invierta en la Comunitat 3.500 millones de euros. Castellano destacó el grado de consenso para aprobar la reforma, que no ha tenido ningún voto en contra y sólo ha contado con la abstención de Esquerra Unida.

Pese a la sintonía, los grupos políticos aprovecharon el debate para sacar los trapos sucios. El socialista Antoni Such, que fue otra de las piezas principales en la negociación del actual Estatuto, reconoció que en su día se equivocaron aprobando la Carta Magna con el único objetivo de ser los primeros.

Such, en la que pudo ser su última intervención como diputado de Les Corts en un debate en el de Alcàntera del Xúquer rayó a gran altura, planteó una intervención con un mensaje valencianista. El socialista pidió a la Comunitat que lidere y recordó que en su día el PSPV ya propuso que la inversión del Estado se estableciera en clave poblacional, «algo que el PP no aceptó por la situación política que vivía».

El PP sacó a la tribuna a David Serra, que planteó un discurso muy reivindicativo hacia Madrid. Señaló que la reforma que se aprobó en 2006 «fue acertada» pero ayer subió un peldaño más al hablar de «justicia». Serra destacó que la reforma de la Carta Magna persigue que la Comunitat tenga el mismo trato que otros territorios como es el caso de Cataluña y Andalucía, que blindaron sus inversiones con el aval posterior de las sentencias del Tribunal Constitucional. El diputado del PP recordó que el 20 por ciento de la población valenciana «no cuenta para el Gobierno central».

Otra de las grandes novedades del debate de ayer fue la incorporación de la coalición Compromís al consenso entre los dos partidos mayoritarios. El perfil del nacionalista Enric Morera no es el mismo que el de Joan Ribó, que al frente de l'Entesa no dio su apoyo al nuevo Estatuto aprobado en 2006. El portavoz de Compromís recordó que la Comunitat se ha dejado en el camino 2.500 millones de euros del Estado en los últimos cinco años.

Sería complicado entender que una coalición con media tarta de corte nacionalista no le pidiera a Madrid más dinero para la Comunitat. Por eso, Mónica Oltra y Mireia Mollà, las herederas de Joan Ribó, se sumaron al voto favorable de sus compañeros del Bloc, que están muy empeñados en el tema de la deuda histórica, que sí que fue aprobada para los andaluces. Lo curioso es que Compromís y No Adscritos (los enemigos de Esquerra Unida) apoyaron las propuestas de unos y otros.

Comisión de seguimiento

La reforma estatutaria incluye la creación de una comisión mixta para negociar las inversiones que tienen que llegar a la Comunitat desde el Estado. Este grupo de trabajo estará integrado por representantes de la Generalitat y del Gobierno central.

El presidente del Consell, Francisco Camps, votó a favor de la modificación estatutaria. Entró en el hemiciclo acompañado del vicepresidente Vicente Rambla a las 11.42 horas mientras el popular David Serra agotaba su intervención previa a la votación final.

Camps fue uno de los pilares de la aprobación del Estatuto de 2006. El otro fue el socialista Ignasi Pla, al que el presidente del Consell siempre le ha tenido en consideración por aquel gesto. Ayer, Pla fue el gran ausente en el debate. El exsecretario general del PSPV señaló a este periódico que se encontraba en Madrid por un asunto personal. Otro de los vacíos destacados y muy comentados fue el de la popular Gema Amor.

En los pasillos, el conseller Serafín Castellano valoró el amplio consenso al que se había llegado con la suma de Compromís a la postura de los dos partidos mayoritarios. El encargado de empañar esa buena sintonía fue el líder del PSPV, Jorge Alarte, que aseguró que se han perdido cinco años porque su partido ya propuso en 2006 blindar la inversión del Estado en función a la población. Este detalle no impidió que los socialistas valencianos aprobaran con Pla a la cabeza aquella reforma. A Castellano no le sentaron bien las palabras de Alarte. El conseller le recriminó que no acudiera a Les Corts a presenciar el debate: «Ha sido una vergüenza». Lo cierto es que el líder del PSPV aún no se ha dejado caer por la tribuna de invitados.