La Fiscalía ve indicios de delito en la adjudicación de obras en Monóvar

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido enviar a un juzgado de Novelda la denuncia que presentó el portavoz del PSOE de Monóvar, Francesc Picó, por una adjudicación municipal al apreciar indicios de delito. En concreto, según fuentes próximas a la investigación, el Ministerio Público, tras examinar toda la documentación pertinente, considera que la Junta de Gobierno local de Monóvar podría haber incurrido en un delito de prevaricación al no haber respetado la normativa de contratación.

En concreto, la denuncia del portavoz socia lista alertaba de posibles irregularidades en la contratación de las obras para cubrir el pabellón deportivo municipal, unos trabajos que se adjudicaron a la mercantil Los Carteros SL en un procedimiento negociado sin publicidad, una vía que la ley permite para contratos que no superen los 300.000 euros. En principio, el ayuntamiento, gobernado por el popular Salvador Poveda, concedió la realización de las obras a esta mercantil por 227.000 euros.

Sin embargo, durante la ejecución, según la denuncia, se introdujeron modificaciones no previstas en el proyecto, como la construcción de una sala de conferencias, un porche de acceso y un despacho para la junta directiva. Estos cambios dispararon el coste de los trabajos hasta los casi 967.000 euros, un incremento de más del 300% respecto al presupuesto de adjudicación.

De hecho, Los Carteros SL, mercantil que ya ha recibido varias obras en el municipio, presentó al ayuntamiento dos facturas adicionales de 368.783 euros y 302.362 euros, a las que hay que sumar otra del arquitecto redactor del proyecto por importe de 68.507 euros.

Estas facturas fueron aprobadas sin ningún reparo en la Junta de Gobierno local, por lo que la denuncia se dirige contra el alcalde y los concejales que forman parte de este órgano -los independientes José Ginés y Emilio Orgilés y los populares Deseada Bellot, Ramón Cambra y María Victoria Bernabé- y también contra el secretario municipal, el interventor y el arquitecto.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, tras reclamar documentación al ayuntamiento y examinar la denuncia, la ha remitido a un juzgado de Novelda solicitando que practique las diligencias y declaraciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades.

Así, la Fiscalía, al parecer ha visto indicios que podrían avalar las tesis del denunciante, quien señala que el equipo de Gobierno intentó esquivar un concurso abierto reduciendo la cuantía de la adjudicación y después modificando el proyecto e incrementando los costes.

En su denuncia, Picó aporta un informe del arquitecto municipal en el que se reconoce que las obras que se realizaron al margen del proyecto inicial se propusieron por iniciativa municipal. El arquitecto también apunta que los trabajos se llevaron a cabo sin la supervisión de su departamento.