Los sindicatos protestan por el ERE de Alboraya y alertan de más despidos

El Ayuntamiento de Alboraya ha gastado en los últimos meses «casi 100.000 euros en tres consultoras» que han sido contratadas para preparar y presentar el Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 29 empleados laborales del Consistorio, y que todavía no está aprobado por la Dirección General de Trabajo.

Así lo denunciaron ayer en una rueda de prensa conjunta responsables de la Federación de Servicios Públicos de UGT y CCOO, y que después participaron en una manifestación por las calles de Alboraya en la que participaron unas 500 personas, la mayoría representantes sindicales de Consistorios valencianos, para protestar por los despidos en los ayuntamientos. Paco Caballero y Juan Cruz, secretarios de las dos organizaciones, creen que la presentación del ERE no tiene «cobertura legal y en realidad supone la privatización encubierta de los servicios que ahora presta el Ayuntamiento».

Desde los sindicatos se denuncia que ha habido una «ocultación de información» y el expediente se ha llevado a cabo «con mala fe», ya que incluso antes de presentar el ERE ante la inspección de trabajo «ya existía un informe de alcaldía con los nombres de las personas afectadas y las indemnizaciones que iban a recibir».

Los sindicatos denuncian además que el capítulo 1, el de personal, no ha sido el responsable de la situación de endeudamiento en el que se ha visto abocado el Ayuntamiento de Alboraya, por donde «han pasado en los últimos años hasta cuatro interventores, que han abandonado voluntariamente el cargo. Y ahora esa plaza no está cubierta», denunció Paco Caballero.

Según los responsables sindicales, precisamente desde Intervención ya se avisó en julio de 2008 del «enorme desequilibrio entre ingresos y gastos, del importante endeudamiento municipal y del problema que se iba a crear al no estar garantizado el pago a proveedores». Juan Cruz explicó que a pesar de estos datos se redujo el gasto de personal un 25% y al mismo tiempo siguieron proyectándose «obras faraónicas, como un palacio de Congresos o una central de emergencias que no tiene ni Valencia. El alcalde, el popular Manuel Álvaro, quería incluso crear un cuerpo de Bomberos», criticó, y le acusó de tener una «actuación negligente».

Alboraya también puso en marcha un proyecto para trasladar el centro comercial de Port Saplaya y comenzó a comprar huerta para su reubicación, un proyecto que finalmente fracasó por la crisis, el endeudamiento y por las dudas legales que ha planteado el proyecto desde el principio.

Actualmente, el proceso del ERE se encuentra en periodo de consultas, que tiene un plazo máximo de un mes, y a partir de entonces, deberá decidir la autoridad laboral. Los sindicatos, explicó Cruz, se han ofrecido a analizar con los responsables del ayuntamiento las partidas en las que se podría recortar gastos, pero sin que se produzcan despidos, una opción que el Consistorio ha rechazado.

Y los sindicatos avisan. Después del 22 de mayo, si este Expediente de Regulación de Empleo se aprueba, muchos ayuntamientos van a presentar un ERE, «despedir a gente para resolver su pésima gestión», explica el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Luis Lozano.

Por este motivo, los sindicatos han solicitado a la Delegación de Gobierno que esté vigilante con esta cuestión «como lo está con los convenios colectivos municipales», dijo, y acusó al director general de Trabajo, Román Ceballos, de ser «cómplice» del alcalde de Alboraya en la presentación del ERE.