La inseguridad jurídica alarma a los empresarios

La crisis económica se ve agravada por la creciente inseguridad jurídica que existe en España, lo que perjudica tanto el día a día de las empresas como a los proyectos de expansión a lo largo del territorio valenciano. Además, la inversión extranjera se ve claramente retraída cuando conoce que en la Comunitat Valenciana hay leyes que sistemáticamente no se cumplen o que existe un marco legislativo notablemente inestable.

Los focos de inestabilidad jurídica son históricos (como la compra de naranjas), recientes (ley de morosidad) e incluso futura (Ley Sinde). Todas ellas conforman un escenario de notable inseguridad que actualmente es una de las principales preocupaciones de los empresarios aunque lo que más sonroja a los empresarios es la permisividad que existe para incumplir las leyes y la disparidad legal que existe en cada una de las autonomías y administraciones públicas.

El mayor temor empresarial

El texto legal que mayor inseguridad jurídica está creando actualmente en la Comunitat Valenciana es la Ley de Morosidad. Su nivel de incumplimiento es muy elevado por lo que la indefensión es, hoy en día, enorme y sin visos de solución.

La Ley 5/2010 del 5 de julio se creó para modificar la Ley 3/2004 del 29 de diciembre para «adaptarse a los cambios que se han producido en el entorno económico». Desde que estalló la crisis, los retrasos en los pagos se alargaron notablemente. La nueva legislación establece un periodo máximo para pagar de 60 días pero la realidad es que en muchas ramas hay que aceptar 90 días, 180 o incluso más si se quiere cerrar el contrato. «Los primeros que incumplen la Ley de Morosidad son las propias administraciones», es una declaración habitual entre los empresarios.

El incumplimiento que más duele

De entre todos los impagos o retrasos que sufren actualmente los empresarios, los que más preocupan son los que provienen desde las administraciones públicas ya sea a nivel municipal, autonómico o nacional.

El hecho de que el poder público no esté al corriente de sus pagos supone un agravante de la crisis económica y que pone de manifiesto la inseguridad jurídica que sufren las empresas.

Nuevo revés esta misma semana

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha decidido suspender de forma cautelar el pago de primas a 350 instalaciones fotovoltaicas que no han acreditado la instalación de los equipos necesarios para producir energía antes del 30 de septiembre de 2008, que es cuando expiró el marco legal al que se encontraban acogidas. Además, Industria pretende recortar un 30% en el número de horas con derecho a prima durante los próximos tres años.

Esta inseguridad creciente empezó con el decreto de mayo de 2007 para fomentar la energía fotovoltaica, para la que se ofrecía unas cuantiosas primas. Los empresarios realizaron sus inversiones en función de estas primas captando el dinero de particulares que confiaron en el que Gobierno sería coherente a la hora de legislar. No ha sido así.

En 2010, a través de otro decreto, se recortaron estas primas hasta un 45%. De este modo, las inversiones no se amortizan en el tiempo previsto dándose casos en los que los costes financieros son superiores a la rentabilidad anual.

Los ayuntamientos miran a otro lado

El Real Decreto 105/2008 regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El promotor de la obra, los transportistas y el gestor autorizado tienen que certificar el origen y destino de los residuos. El texto obliga a depositar una fianza o aval antes de realizar la obra para evitar el uso de vertederos ilegales.

Esta norma no se cumple ya que los ayuntamientos infractores deben de aprobar que asumen el decreto y algunos consistorios o no lo han hecho o aceptan su incumplimiento. De este modo, resulta más rentable ser ilegal que cumplir con la normativa, con los gastos que ello genera.

Papel mojado

El texto impulsado por la Conselleria de Agricultura pretende regularizar la compra venta de cítricos para certificar, por una parte, el origen y calidad de la fruta y, por otro, el pago de la misma a un precio acordado.

En la realidad se ha convertido en papel mojado ya que su uso ha resultado muy limitado. De este modo, sigue proliferando la venta a resultas, es decir, que el agricultor se ve obligado a recibir una renta con la que no logra ni cubrir los costes de producción.

Diferente trato según autonomías

La ley de costas se aplica de manera irregular en el conjunto de España. Mientras Andalucía ya tiene el control de sus chiringuitos, la Comunitat Valenciana no lo recibe dotando de inseguridad jurídica a los locales de la playas de Pinedo, El Saler y Puerto de Sagunto.

La disparidad de interpretaciones a la hora de interpretar el texto legal ha llenado de incertidumbre a los empresarios valencianos que aún hoy desconocen el desenlace final que tendrá la aplicación de la Ley de Costas en la Comunitat.

Inversiones tiradas a la basura

La entrada en vigor a principios de este año de la Ley del tabaco ha prohibido fumar en locales cerrados. La inseguridad a este respecto radica en que tres años antes muchos bares y restaurantes hicieron obras para separar la zona de fumadores de la de libres de humo. Una inversión que ahora no tiene rentabilidad alguna por culpa del cambio normativo.

A esta situación se le une la instalación de terrazas sin autorización de algunos locales que han sacado mesas a la calle para atender a sus clientes fumadores.

Política sin rumbo

La inseguridad jurídica en España se fundamenta también en las ayudas que van y vienen sin lógica económica. El Gobierno de Zapatero empezó en junio de 2008 con la deducción de 400 euros en el pago del IRPF. En septiembre de 2009 la retiró.

Casos parecidos son los que ha ocurrido con el cheque bebé de 2.500 euros, el fin en febrero del subsidio de los 426 euros o los intermitentes planes prever para coches o electrodomésticos.

Revés a uno de los sectores más tocados

Ministerio y Conselleria de Vivienda no se han sincronizado. Los promotores de la Comunitat han solicitado realizar más viviendas de VPO de las que el presupuesto destinado al efecto permitía. De este modo, hay pisos construyéndose actualmente en las que los clientes no van recibir la subvención prevista de modo que ni comprarán la vivienda ni el promotor podrá venderla. Todo esto se produce cuando ambos ya han invertido.

Además, la banca debe financiar las hipotecas con un diferencial máximo de euribor más 1,25% cuando actualmente logran ellos financiación más cara. El resultado es un promoción pública de la construcción de VPO que no tienen ni las ayudas ni la financiación asegurada.

La seguridad de cobro es un quimera

El mercado del alquiler es uno de los más inseguros que existe. La posibilidad de que el inquilino deje de abonar el arrendamiento y se mantenga en el inmueble es muy sencillo en España dejando al propietario desprotegido y sin posibilidad de desalojar al moroso.

Varias entidades han intentado en los últimos años ofrecer una mayor seguridad a los que quieren alquilar sus inmuebles pero sigue sin existir un marco regulatorio sólido que proteja al arrendador frente al inquilino. Esto dificulta además el normal funcionamiento del mercado inmobiliario.

La incomunicación de la administración

Las ayudas a la automoción han sido otro ejemplo de falta de sincronización entre las administraciones autonómicas y central. La subvención, de 500 euros por parte de cada Gobierno más 1.000 por el fabricante, se aplicó de manera desigual en todo el territorio nacional. La Comunitat en lugar de 500 euros ofreció 1.000 mientras que la Comunidad de Madrid aplicó un descuento por su parte en el impuesto de matriculación.

Además, el sistema para cobrar las ayudas no estuvo en funcionamiento durante varias semanas y cuando se abrió, se colapsó. Los concesionarios tuvieron que trabajar de madrugada para poder justificar sus ventas. Pese a este esfuerzo, muchas de las operaciones se quedaron sin poder introducirse en el sistema y, por tanto, sin poder cobrarse.

Se olvida la huelga que paró a España

En junio de 2008, los transportistas españoles paralizaron el país con una huelga en protesta contra la subida de los combustibles. El Gobierno desbloqueó la situación con un acuerdo que obligaba a incluir en los contratos de transporte una cláusula que modificara el precio del servicio del transporte por carretera en función de la evolución del precio del combustibles.

Actualmente, esta cláusula no se cumple en todos los contratos de transporte lo que facilita la aparición de dumping en las empresas que, ante la falta de clientes, llegan incluso a trabajar por debajo de costes.

El caos de internet

Una de las próximas inseguridades jurídicas, la ley Sinde, entrará en vigor este verano con el objetivo de preservar la propiedad intelectual. Sus límites aún no están claros y permite la creación de una lista negra de IP sobre páginas web que podrían infringir la ley.

Con este texto se vulnera la libertad de expresión ya que es el Ministerio de Cultura y no el juzgado el que inicia el procedimiento.

Promesas sin presupuesto

La falta de presupuesto para proyectos emblemáticos en la Comunitat son un problema de cara a captar inversiones del extranjero. La Comunitat Valenciana, cuya actividad logística está en auge en paralelo con el crecimiento del Puerto de Valencia, tiene dos infraestructuras estratégicas paralizadas.

Por un lado está el Corredor Mediterráneo que permitirá un transporte más económico de las mercancías mientras que el acceso norte al Puerto de Valencia sigue sin tener el presupuesto necesario para mitigar el cuello de botella que supone el acceso sur.

Caso único en España

Los recibos de electricidad varían notablemente dependiendo de si la compañía cobra con una lectura real del contador o si, en su defecto, realizan una lectura estimada. Este negocio es el único que puede cobrar a su cliente en función de lo que el suministrador cree que el cliente ha gastado aunque, a largo plazo, la compañía acaba cobrando lo mismo ya utilice un mecanismo u otro.