El Gobierno niega a la Comunitat los 600 millones de los fondos de competitividad

El Gobierno valenciano recurrirá a la justicia ordinaria para reclamar el pago de los 633 millones del fondo de competitividad que el Ejecutivo central se niega a abonar. Así lo anunció ayer el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, a su salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada ayer en Madrid bajo la presidencia de la ministra del ramo, Elena Salgado, y del titular de Política Territorial, Manuel Chaves.

En concreto, Camps manifestó que, ante la nueva negativa «en rotundo» del Gobierno a abonar los anticipos comprometidos, el Consell ha encargado la intervención de la abogacía general de la Generalitat para que «estudie el caso» a fin de determinar si «se puede recurrir a los tribunales». De hecho, según Camps, fue la propia Elena Salgado la que instó a las comunidades a que recurran a la vía jurídica porque «es el único método para saber si la interpretación de la norma es la adecuada o no lo es».

En este sentido, el vicepresidente económico criticó que el Ejecutivo central prefiera «mandar a las comunidades a las tribunales» antes que buscar acuerdos y reiteró que la situación es «tremendamente injusta».

Además del Gobierno valenciano, otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Murcia o Galicia también criticaron al Gobierno por incumplir el nuevo modelo de financiación autonómica con su negativa a pagar los fondos adicionales pactados para 2011. El conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, dijo que mantendrán la reivindicación por esos fondos adicionales «hasta el último día», sin descartar la posibilidad de hacerlo también por vía judicial. Mientras, su homólogo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, denunció una «voluntad de deslealtad evidente» por parte del Ejecutivo. A juicio de Beteta el sistema de financiación autonómica está «muerto» por los «reiterados» incumplimientos del Gobierno central.

Por otra parte, el Ministerio de Economía y Hacienda no dio el visto bueno a los planes de reequilibrio económico-financiero que estaban obligadas a presentar en el seno del CPFF Cataluña, Baleares, la Comunitat, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Por el contrario, sí aprobó los de Castilla y León, Murcia, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón y Canarias.

Según Salgado, las medidas incluidas en los planes de las siete comunidades que sí salieron adelante supondrán una reducción del déficit del 47,6% en comparación con 2010 (4.283 millones). Mientras, los planes de reequilibrio de las seis comunidades que van peor quedan pendientes de aprobación y se abordarán en una próxima reunión.

Objetivo de déficit

En la reunión de ayer también se aprobó finalmente el objetivo de estabilidad presupuestaria, que quedó establecido en el 1% de déficit para 2014. Los compromisos para 2011 y 2012 se mantuvieron en el 1,3% del PIB y el de 2013 en el 1,1%.

Es precisamente en 2013 cuando España tiene que cumplir el objetivo de haber reducido el déficit del conjunto de sus administraciones al 3% del PIB. Para este año el déficit español tiene que acabar en el 6% del PIB, un objetivo que, según Economía, podrá alcanzarse si cumplen las regiones con sus compromisos (del 1,3%).

Al respecto, Gerardo Camps se mostró «decepcionado» porque las previsiones del Gobierno son «irreales». Por su parte, el consejero madrileño explicó que en la reunión propuso adoptar un compromiso de déficit cero para el próximo año, pero que dijo que Salgado desoyó la proposición.

Las consejeras gallega y murciana se mostraron de acuerdo, pero advirtieron cierta «incertidumbre» porque, si no se cumplen las previsiones de ingresos, será más complicado cumplir con el objetivo.