Los contratistas sólo financiarán obras del Consell si está asegurada su rentabilidad

El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, rodeado de altos cargos, durante el desayuno de trabajo en el Hotel Astoria. / IRENE MARSILLA

No faltaba nadie. Capitaneados por el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, todos los directores generales estaban presentes en un desayuno de trabajo donde presentaron ante los empresarios de obra pública todos y cada uno de los proyectos que la Generalitat plasmó en un documento, el Plan de Infraestructuras Estratégicas, y que duermen en un cajón esperando que alguien se decida a despertarlos con una buena inyección de dinero. Dados los tiempos que corren, admite el conseller, «no hay presupuesto para asumir estos proyectos en los próximos años» y necesitan ayuda.

Así que la colaboración privada parece ser la única vía para sacar adelante proyectos que, en algunos casos, llevan enquistados varios años. «El problema son las condiciones de la licitación», asegura el presidente de la Cámara de Contratistas, Gregorio Fernández, que propone que se estudien bien los pliegos de los proyectos para asegurar su rentabilidad. En este sentido, descartó que en el futuro pudieran llevarse a cabo proyectos por medio del peaje en sombra, como la CV-35. «Se ha demostrado que no es viable». En este caso, la concesionaria de la obra cobra un canon anual por el número de vehículos que circulan por la autovía, una cifra que ha descendido de forma notable en los últimos dos años debido a la crisis económica. Tanto es así que a principios de año la empresa ha tenido que refinanciar el canon.

La alternativa, según los contratistas, es el pago por disponibilidad, es decir, que se abone una cantidad por su construcción y posterior mantenimiento, independientemente de los índices de circulación, en el caso de carreteras. Y, por supuesto, los concesionarios no están dispuestos a asumir el coste de las expropiaciones, tras una sentencia en Madrid que obligó a revisar al alza los pagos realizados a los propietarios de los terrenos que ahora ocupan las radiales.

Según el conseller de Infraestructuras, ahora hay que elegir «cuáles son las inversiones más productivas, más viables», porque los empresarios son eso, empresarios, y necesitan de una rentabilidad que últimamente no tienen asegurada. Ya ha ocurrido, por ejemplo, en uno de los tramos de la CV-50, paralizado los últimos dos años, precisamente por problemas en la financiación.

Acceso al crédito

Pero, ¿quién tiene que garantizar el dinero? Indudablemente, las entidades financieras, que han cerrado el grifo al crédito. Por este motivo, en las mesas de trabajo que se van a constituir para preparar bien esos pliegos de condiciones, tanto empresarios como la Conselleria han propuesto que se sumen los bancos, que «al fin y a la postre, van a ser las que den el visto bueno a la viabilidad de cualquier operación».

Flores lanza por este motivo un mensaje de optimismo, de que se puede trabajar de forma conjunta para sacar adelante proyectos muy dispares entre sí, desde estaciones de autobuses en Santa Pola y Segorbe, la vía del Turia o la carretera entre la Romana y Rodriguillo. «Ya tenemos estudios económico-financieros con una rentabilidad muy interesante», aseguró el conseller, que se refirió por ejemplo al estudio de viabilidad de un tramo de la CV-50 publicado ayer.

Asegurado el interés de los empresarios, ahora piden sin embargo celeridad en la redacción de los proyectos para comenzar a trabajar cuanto antes. Flores instó a pensar que este plan de 2.000 millones de euros «no es una concesión para hacer obra. Esto que se plantea es un negocio, y hay que convencer tanto a las instituciones financieras como a la administración de que realmente, la actuación que se haga va a tener unos beneficios tan interesantes para que el negocio valga la pena».