El retraso del almacén nuclear ya le cuesta a España 8 millones

El almacén centralizado de residuos nucleares (ATC), destinado a albergar durante 60 años los desechos radiactivos de las centrales españolas, ya está costando dinero a España. Exactamente 8,3 millones de euros, a razón de 64.900 cada día, una penalización que empezó a contar el pasado 1 de enero. Y eso que todavía no se sabe ni dónde se ubicará, opción que se disputan tres municipios: Ascó, de la larga tradición nuclear -alberga dos de los ocho reactores del país-, Villar de Cañas, y Zarra, la localidad del Valle de Ayora próxima a la central de Cofrentes.

Todo se debe al contrato suscrito por Enresa, entidad pública que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos de España, con Cogema, empresa francesa que desde hace años custodia los elementos peligrosos del reactor Vandellós I, que en 1989 sufrió un incendio en la zona de turbinas que desembocó en su cierre y desmantelamiento. Se trata de 13 metros cúbicos (84 elementos de combustible) de alta actividad y otros 666 de media incidencia, que fueron trasladados ante la imposibilidad de custodiarlos en España por la falta de un almacén específico.

En el país sólo funciona la instalación de El Cabril, en Córdoba, si bien es el lugar al que se destinan los elementos de baja y media actividad, ya sean de nucleares o de instalaciones que trabajan con material radiológico, como hospitales. Además, fue inaugurada con posterioridad al accidente. Por el contrario, el ATC albergará los elementos más activos, como las barras que incluyen las pastillas de uranio que se emplean como combustible en las centrales españolas. A largo plazo, los residuos radiactivos pasarán a custodiarse de forma permanente en un almacén geológico.

El contrato incluía una cláusula mediante la que Enresa debe abonar la citada penalización a partir del 1 de enero de 2011, teniendo en cuenta que la previsión era que este año ya estuviera operativo el ATC, tal y como establece el actual Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado en 2006. Entonces se creó un procedimiento que pretendía garantizar la máxima trasparencia en la elección de la ubicación a través de una comisión interministerial que comenzó a trabajar ese mismo año.

Sin embargo, con varias citas electorales por el camino y la mala fama que acarrea lo relacionado con la energía nuclear, el proceso no terminó hasta 2010, cuando se redactó el informe técnico que valora las características de los diferentes municipios interesados.

La opción de Zarra fue la mejor clasificada, lo que ha generado polémica por el rechazo de muchos ciudadanos del Valle de Ayora e incluso del Gobierno autonómico, que en un principio defendió la autonomía de la localidad para decidir y más tarde mostró una posición de absoluto rechazo, acentuada tras la decisión del Gobierno en septiembre de instalarlo en la Comunitat, opción que se rectificó a las pocas horas de tomarse.

Tras el incumplimiento de los plazos oficiales, establecidos por el PGRR, no se conoce con seguridad cuándo puede estar operativo el ATC, si bien se ha hablado del año 2014. Si así fuera, la penalización por la custodia de los residuos de Vandellós I rozaría los 90 millones.

Tal y como explicaron desde Enresa, en el contrato figuran algunos condicionantes que permitirían mitigar el coste. «El acuerdo contempla que cuando se disponga de un almacenamiento en España y hayan retornado todos los residuos, se realizaría una regularización de cuentas, restando de la cantidad total penalizada a la parte española, los costes que presente COGEMA en concepto de almacenamiento -inversiones y operación- y otras actividades contratadas a terceros». En cambio, el coste será íntegro si España no construye el ATC.

La carencia de un almacén centralizado también causa problemas estructurales, pues algunas centrales han tenido que realizar mejoras para dar cabida al combustible gastado ante la saturación de sus piscinas. Ha sucedido en los reactores Ascó I y II, que estarán llenas en tres años. Por ello, se ha optado por construir un almacén individual, que está en fase de tramitación.