Órdago de Bildu al Estado de Derecho

La reciente decisión del Tribunal Constitucional avalando, por la mayoría de sus miembros la posibilidad de que Bildu pueda concurrir a las elecciones, ha generado en todos los que nos sentimos demócratas y amamos el País Vasco, no sólo una fuerte preocupación sino también honda indignación por lo que implica de victoria de los proetarras frente al Estado de Derecho.

A estas alturas creo que nadie en España tiene duda alguna de lo que es y representa Bildu, se trata, ni más ni menos, de una alianza entre el nacionalismo vasco radical en la que se integran, junto a los batasunos de toda la vida, Eusko Alkartasuna y una escisión de Izquierda Unida del País Vasco llamada Alternatiba. Estos dos últimos partidos cumplen la función de 'lavado de cara' de la coalición, es decir, incorporan a miembros 'no contaminados' con la finalidad de permitir que los herederos de Batasuna puedan presentarse a los comicios electorales. No obstante, este ropaje formal no consigue engañar a nadie que conozca mínimamente el escenario político vasco, pues a todas luces Bildu representa un fraude de ley, figura ampliamente conocida en Derecho, en virtud de la cual se cumple formalmente con la Norma (en este caso, la Ley de Partidos) con la finalidad última de vulnerar su espíritu.

A pesar de que un sector del socialismo vasco (desde Eduardo Madina, hasta Odón Elorza) se pronunció a favor de que Bildu tuviese la posibilidad de concurrir a las elecciones, ello sólo demuestra, en mi opinión, la peligrosa deriva hacia la que camina el Partido Socialista de Euskadi en su intento desesperado por negociar con ETA.

Sin embargo, llegados a este punto -y una vez sabido que en el escenario político vasco, y más percibiendo con claridad que en el seno del PSE todo es posible con tal de avanzar en la negociación con los asesinos (y ahí están casos como el Faisán, que de confirmarse supondría uno de los mayores escándalos en la Historia de nuestro Estado de Derecho), el gran golpe que hemos sufrido todos los demócratas ha venido de la mano de la Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Bildu.

Conviene recordar que apenas una semana antes el Tribunal Supremo se había pronunciado exactamente en sentido contrario respecto al mismo supuesto de hecho, dando por buenas las pruebas presentadas por la Fiscalía que demostraban ni más ni menos, la estrecha conexión entre Bildu y ETA, convirtiendo a la coalición electoral Bildu en un instrumento para el cumplimiento de los fines de los terroristas y sus adláteres.

Que unos días después, el Tribunal Constitucional, que en virtud del mandato de la Constitución Española de 1978 constituye el máximo exponente de las garantías constitucionales, haya resuelto avalando la constitucionalidad de Bildu supone, en mi opinión, un escándalo de magnitudes mayúsculas y, como seguramente los hechos se encargarán de demostrar (la foto del etarra Ander Errandonea, quien a su salida de la prisión de Herrera de La Mancha portaba una pancarta en la que junto al lema de Bildu aparecía la palabra 'ETA' ya nos aporta una idea de por dónde irán las cosas en el futuro) una catástrofe en términos políticos y de seguridad en la Comunidad Autónoma Vasca.

Lo más sangrante de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional es, no obstante, el peso que las designaciones políticas ostentan en las resoluciones de dicho Órgano. La aparición pública la semana pasada del Presidente del Tribunal Constitucional Don Pascual Sala Sánchez tratando de defender a capa y espada la imparcialidad del Tribunal no ha hecho más que encender aún más los ánimos de los que sentimos que la decisión en el caso Bildu supone una puñalada por la espalda. Porque al final, todo se ha decidido en un juego de mayorías en el que ha prevalecido la posición del llamado 'sector progresista' compuesto en esta votación por el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asua.

'Curiosamente' todos los que votaron a favor de permitir a Bildu concurrir a las elecciones eran personas cuya candidatura se encontraba avalada por el PSOE. Y lógicamente, ante esta realidad, ¿quién le quita al ciudadano (y, sobre todo a las víctimas del terrorismo) la idea de que el peso de las designaciones en el Tribunal Constitucional formando mayorías en el seno del mismo determinasen el voto en un sentido o en otro, sobre todo en los casos más polémicos (Estatuto de Cataluña, caso Bildu)? No hace falta refrescar mucho la memoria para recordar esas vergonzantes imágines captadas por una cámara indiscreta, de María Teresa Fernández de la Vega "abroncando" a la entonces Presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas en relación con el retraso en la Sentencia del Estatuto de Cataluña.

Lo triste de todo esto es la situación en la que la Sentencia deja a la Comunidad Autónoma Vasca. Con todos los probatasunos en las Instituciones Municipales y Forales, gozando probablemente de una amplia representación porque la propia polémica generada inflará el voto a su favor. Y con un sector constitucionalista cada vez más debilitado y hundido ante el acoso de personas que tras décadas de asesinatos, extorsiones, chantajes y órdagos al Estado de Derecho siguen estando en las Instituciones como si nada hubiera ocurrido.

Por cierto, estas decisiones las adoptan los Magistrados del Tribunal Constitucional pero, ¿quíen se hace corresponsable de lo que ocurra en el futuro? Porque si esto sale mal una vez más, el resultado lo pagarán especialmente los constitucionalistas vascos, que tendrán que continuar siendo acosados en la calle a la par que humillados en las Instituciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc., mientras ellos tranquilamente seguirán hablando desde su imparcialidad en la que nadie cree y avalando la constitucionalidad de la opción política proetarra a costa de rechazar las pruebas que en sentido contrario había recopilado la policía.

Ante este panorama desolador, vaya mi comentario final para glosar lo que, en mi opinión, supone la cara y la cruz de la Sentencia del Tribunal Constitucional, representado por dos magistrados de dicho Tribunal ambos designados a propuesta del PSOE. La cara es Don Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional quien ha demostrado reiteradamente su independencia y su criterio manteniendo su posición personal frente a la llamada "mayoría progresista" en sentencias como la del Estatuto de Cataluña o en el reciente caso Bildu. La cruz la representa, a mi entender, la Catedrática de Derecho Penal Doña Adela Asua, recientemente designada y durante décadas Profesora en al Universidad del País Vasco. Ella, más que nadie sabe cuál es la realidad política vasca y, sin embargo, esto no le ha privado de avalar que concurran a las elecciones los que han brindado con champán cuando han asesinado, extorsionado u obligado a salir de nuestra Universidad a muchos de nuestros compañeros, a pesar de que las pruebas para ilegalizar a Bildu fueron consideradas suficientes por el Tribunal Supremo. Allá cada uno con su conciencia (.)