El tribunal europeo acaba con el acoso a la Comunitat al avalar su urbanismo

Llega tarde, pero llega. Durante años, el urbanismo valenciano estuvo cuestionado. Día sí, día también, en Bruselas manifestaban su recelo hacia el Consell, amenazaban al Gobierno de España con quitarle fondos europeos y enviaban europarlamentarios a visitar la Comunitat Valenciana con el objetivo de denunciar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y denunciar los «abusos» que se cometían, y que llegaron a plasmarse en informes letales contra la Comunitat Valenciana. Aquello era una especie de «inquisición», recordaba ayer el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.

Siete años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado sin fisuras la ley urbanística que promovió el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, e incluso ha condenado a la Comisión Europea a que pague las costas del juicio, ya que la LUV «no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública».

Pero, ¿qué ha dicho exactamente el Tribunal de Luxemburgo? Los jueces de la sala tercera del alto tribunal, en una sentencia demoledora, han negado la mayor, es decir, han rechazado que los Planes de Actuación Integrada (PAI), elemento urbanístico contemplado por la ley valenciana y cuestionado por Bruselas, sea un contrato público de obras. «La Comisión no ha demostrado que el objeto principal del contrato celebrado entre el ayuntamiento y el urbanizador corresponda a contratos públicos de obras, lo que constituye una condición previa para la declaración del incumplimiento alegado», señala la sentencia.

Añade la sala que «no se ha demostrado en absoluto que las obras de conexión de los terrenos con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos constituyan el objeto principal del contrato celebrado entre la entidad territorial y el urbanizado en el marco de un PAI». Es decir, si este tipo de trabajos no son el objeto principal del PAI, no se trata de un contrato público de obras y, por tanto, no se vulneran las directivas en materia de contratación pública 93/37/CEE y 2004/18/CE.

La Comisión Europea criticaba, en este sentido, que la LUV no contemplaba suficiente publicidad en la licitación y en los contratos para la adjudicación de un PAI, instrumento que permitió durante años el desarrollo urbanístico en la Comunitat. Además, el Ejecutivo europeo y la Eurocámara se quejaban de que existía la posibilidad de que las bases del proyecto se modificaran tras su aprobación, requisitos que ya no tienen validez si es un contrato especial y no de obras.

El tribunal europeo ha avalado así las tesis que defendió en su informe el abogado general de Luxemburgo, Niilo Jääskinen, que el pasado mes de septiembre de 2010 pidió que se desestimara la demanda de la Comisión Europea: en el caso de los PAI, «no constituye una concesión de obras públicas». Además, ha dado la razón a una resolución del Consell Jurídic Consultiu, que ya lo dejó claro en un dictamen de 2005, hace exactamente seis años. «Quien costea la intervención del urbanizador son los propietarios de suelo y no la Administración, lo que impide configurar el Programa de Actuación Integrada como contrato administrativo típico», decía entonces este organismo, que incluso llegó a diferir de algunas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

No ha entrado a valorar el tribunal otras cuestiones que se denunciaron ante la Comisión Europea. Jääskinen ya lo dejó claro en su informe. Motivos de queja sobre la afección al medio ambiente, la expropiación de terrenos o la obligación de los propietarios de terrenos a urbanizar obras no se han podido juzgar en Luxemburgo porque el urbanismo es competencia de cada Estado.

No hay directivas europeas, por tanto, relacionadas con el urbanismo, y sólo se pudo demandar ante el alto tribunal la parte de la ley urbanística relacionada con la contratación pública, que sí tiene una legislación que Luxemburgo obliga a cumplir. En relación al urbanismo, tienen que ser los tribunales de cada país quienes diriman si una ley es o no conforme a derecho.

Buceando en la hemeroteca se pueden encontrar decenas de titulares en los que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Gobierno español han criticado el urbanismo valenciano. Por ejemplo, en octubre de 2006, el Consell ya pedía a la UE que denunciara la ley urbanística en los tribunales europeos para acabar con la mala imagen que ya había calado en la sociedad. Por aquel entonces se habían promulgado ya tres dictámenes para que la Generalitat Valenciana modificara una ley que primero Rafael Blasco y más tarde Esteban González Pons, José Ramón García Antón y, por último, Juan Cotino, han defendido desde la Conselleria de Territorio.

La sentencia de la sala tercera del tribunal europeo llega a decir incluso que ni siquiera hubo una aprobación masiva de PAI en el periodo de transición de la LRAU a la LUV. «La Comisión no ha demostrado la aprobación de un número importante de PAI con arreglo a la LRAU durante el periodo de 'vacatio legis' de la LUV». Esta fue una de las principales denuncias que escuchó entonces la Conselleria de Territorio, ya que se entendía que hasta la entrada en vigor de la nueva ley urbanística, que rectificaba algunas de las cuestiones que fueron criticadas a la anterior legislación, hubo una avalancha de proyectos que querían regirse con la LRAU.

En realidad, esa fue una de las muchas denuncias que no se cansaron de pregonar desde la oposición durante años. Joan Calabuig, entonces europarlamentario del PSPV, fue uno de los más combativos, desde Bruselas, contra la ley urbanística, que llegó a plasmarse en informes que han supuesto, según el conseller Juan Cotino, «muchas pérdidas de puestos de trabajo y muchas inversiones que podían realizarse y no se han realizado».

La mala imagen que durante estos años contaminó a la Comunitat Valenciana se esparció gracias, según Cotino, a cargos como la exministra Cristina Narbona, «de recuerdo no grato para la Comunitat y que en este tema estuvo hablando en todas partes contra el urbanismo valenciano».

Cotino aprovechó ayer esta sentencia para mostrarse en contra de la judicialización de la política. Así, fue muy crítico con el PSPV y el resto de políticos de la oposición en este sentido. «Este sistema que hoy estamos viviendo de acoso y derribo contra políticos del PP -en referencia al caso Gürtel- también existió hace siete años bajo el punto de vista del urbanismo».