La ubicación del ATC, en el aire

El Almacén Centralizado de Residuos Nucleares (ATC), el cementerio que custodiará los residuos radiactivos españoles durante 60 años, será seguramente el menor de los problemas a los que se enfrenta el Gobierno, sumido en la profunda crisis propiciada por los últimos resultados electorales.

Precisamente, han sido las urnas las que han servido para conocer la opinión de los que serán los verdaderos afectados o beneficiados de la instalación. Salvo uno (el de Albalá, en Cáceres), todos los equipos municipales que presentaron la candidatura de su localidad al proceso de selección convocado por el Ministerio de Industria han conseguido renovar su mandato durante al menos cuatro años más.

Sin duda, el consenso que busca el departamento que dirige Miguel Sebastián existe en el ámbito municipal, si bien la situación es diferente a nivel autonómico. Antes de las elecciones, ningún Gobierno regional apostó por la instalación -a nadie le gusta una cajón de hormigón con miles de toneladas de uranio gastado-, y aunque en la práctica poco tienen que decir en cuanto a competencias, Sebastián se había propuesto tener su visto bueno antes de elegir el emplazamiento.

Tras los comicios, poco ha cambiado en cuanto a los dos municipios mejor situados: Zarra y Ascó (Tarragona). En la Comunitat el PP mantiene claro su rechazo a la instalación, según explicaron desde el entorno de Camps a LAS PROVINCIAS. Y en Cataluña Artur Mas también ha dejado patente su oposición al almacén.

La puerta que se le abre al Gobierno está en Castilla-La Mancha, con dos candidaturas, Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas. Es gracias a la llegada de María Dolores De Cospedal, que en una reciente entrevista televisiva no descartaba la posibilidad de que estuviera en la región -«ni lo quiero ni lo dejo de querer», dijo-, si bien insistió en que Guadalajara ya ha mostrado suficiente solidaridad nuclear pues en la provincia opera la central de Trillo. Así, ganaría enteros la opción de Villar de Cañas, en Cuenca, que se sitúa en tercer lugar en el informe técnico elaborado por el Ministerio, justo por detrás de Zarra y Ascó. Si se hiciera una clasificación basada en el consenso, el municipio conquense tendría todas las papeletas para quedarse con los 540 millones de inversión para levantar el almacén, que albergará el combustible gastado de todos los reactores de España (6.700 toneladas).

El pasado mes de septiembre, Sebastián llevó al Consejo de Ministros el informe y propuso la opción de Zarra, que se rectificó a las pocas horas tras la polvareda que levantó en la Comunitat Valenciana. Fue la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la que insistió en la necesidad de conseguir el visto bueno del Consell antes de la decisión definitiva.

Un mes después, se produjo un acercamiento a través de altas instancias del Ministerio y de Presidencia de la Generalitat para tratar de sacar adelante la opción de Zarra. Pero todo quedó en una mera declaración de intenciones.

Desde entonces, no han habido más intentos, según explicaron a las PROVINCIAS desde diferentes Consellerias. Tampoco se ha vuelto a sondear a Camps. En total, han sido ocho meses sin conseguir ningún avance en la designación del municipio elegido. Desde Industria alegan que el trabajo del Ministerio ya ha terminado (en relación al proceso de evaluación de candidaturas), y que todo depende del fallo del Consejo de Ministros.

El retraso está teniendo consecuencias. Exaspera al lobby nuclear que representa la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac), que apoyó a dos de sus socios (Ascó y Yebra). Incluso desde la entidad piensan que el Gobierno no tiene mucha intención de poner el punto y final a un culebrón que se prolonga desde 2006, cuando se aprobó el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, que preveía la entrada en funcionamiento del ATC en 2010. «Estamos preocupados por la falta de decisión, y más teniendo en cuenta que la situación política del Gobierno es cada vez peor», explica Mariano Vila d'Abadal, gerente de Amac. «No veo que haya capacidad de decisión. Han tenido muchas oportunidades ya (en referencia a espacios temporales entre procesos electorales) y no ha habido nada», señala. Amac defiende la importancia de centralizar los residuos nucleares por una cuestión económica y por seguridad. Por poner un ejemplo, parte de los problemas en la central japonesa de Fukushima se han debido a la imposibilidad de refrigerar las piscinas del combustible gastado, que también han liberado radiactividad. En España, las nucleares custodian las barras de uranio mediante sistemas similares.

Además, el retraso del ATC ya está costando dinero, a razón de 64.900 euros diarios, que es la tasa que desde el 1 de enero de 2010 cobra una empresa francesa por almacenar los residuos del malogrado reactor de Vandellós I, inactivo desde 1989. Si se diera la situación de que el Gobierno dejara la decisión sobre el ATC para la siguiente legislatura (se puede entender que para el siguiente gobierno popular), antes de que se colocara la primera piedra el coste superaría los 33 millones de euros. Por no hablar de las inversiones extraordinarias que han tenido que asumir las centrales de Ascó I y II, que ante la saturación de sus piscinas han tenido que proyectar un almacén individual, previsto para el año que viene.

Si finalmente el Gobierno no consigue el consenso suficiente y decide tirar por la vía de en medio, siempre tiene la opción de declarar el ATC como una infraestructura de utilidad pública, lo que le evitaría posibles complicaciones a la hora de obtener licencias o declaraciones de impacto ambiental. Sucedió con el almacén en seco que se construyó en la central nuclear de Trillo, que tuvo la oposición del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma.