Los colegios que distinguen por sexo temen una fuga de alumnos si pierden ayudas

Nueve de los 10 hijos de Jorge Sánchez-Tarazaga están en edad escolar. Todos acuden a colegios diferenciados por sexo. Este padre de familia valenciano admite que puede permitírselo porque se trata de centros concertados. Pero esto podría cambiar con la Ley de Igualdad de Trato, que pretende retirar las suvenciones públicas a los centros que ofrecen educación separada a niños y niñas. «Si se aprueba la norma sería inviable que mis hijos siguieran en ese colegio», afirma Sánchez-Tarazaga, que además preside la Federación Educación y Desarrollo en Libertad en la Comunitat (Fedel).

Si la normativa sale adelante (el proyecto de ley fue aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros) estos entros pasarían de ser concertados a privados, lo que hace temer una fuga de alumnos por el coste económico que supondría para los padres. «Es difícil aventurar cuántas familias de las 800 alumnas actuales no podrían pagar un colegio privado pero serían bastantes», asegura Mª Jesús Bolinches, directora del colegio Guadalaviar, donde sólo acuden chicas. Y es que un centro sin subvenciones cuesta entre el doble y el triple de lo que aportan ahora los padres en las instalaciones de la avenida de Aragón.

El Vilavella de Valencia es otro de los nueve colegios no mixtos de la Comunitat. Su directora, Regina Fernández, lamenta que con la ley, y en concreto, lo que reza su artículo 16.2, «se quita el derecho a los padres de elegir la educación que desean para sus hijos».

Sonia Morales, una de las maestras más veteranas del Vilavella, recuerda cómo el número de solicitudes para entrar al colegio aumentó desde que se convirtió en concertado, en los años 90. «Antes muchos querían entrar pero no podían permitírselo. Gracias al concierto más padres pudieron elegir esta forma de educación, que tiene en cuenta las etapas evolutivas y los ritmos de madurez distintos de niños y niñas», explica.

Esta realidad peligra con la ley. «Lo que se plantea es una discriminación hacia una forma de educación concreta, la que diferencia por sexos. Es una opción más que permite trabajar mejor con los alumnos y aplicar unas estrategias de aprendizaje más individualizadas», argumenta Pilar Artiaga, directora del colegio Altozano de Alicante, donde sólo se matricula a niñas.

«Aunque parece que pretende ser una ley para la igualdad, en realidad discrimina a los padres con menos recursos que ven mermada su libertad, al no poder elegir el modelo pedagógico que realmente piensan que es más adecuado para sus hijos», coincide la directora del Guadalaviar.

El presidente de Fedel asegura que, muy lejos de conseguirse la equidad, la norma «lleva a la discriminación negativa ya que lo positivo sería respetar la educación diferenciada».

Por su parte, el director del colegio El Vedat, Vicente Gimeno, se mostró preocupado porque el Gobierno central priorice leyes como esta «en lugar de centrarse en superar los graves problemas actuales, como el desempleo». Desde Fomento, la fundación que rige algunos de estos colegios diferenciados, matizan que aún falta la aprobación parlamentaria. «Esperamos que un modelo pedagógico como el nuestro, reconocido por la Constitución, la legislación vigente y los tribunales, siga siendo respetado», añaden.