La saturación de la planta de Villena expande los olores al centro urbano

Desde que en 2005 se abrió la planta de compostaje a dos kilómetros del casco urbano de Villena, la población padece las consecuencias en mayor o menor. Durante los primeros años de funcionamiento apenas se percibieron malos olores. En cambio, el paso del tiempo y la mala gestión de las instalaciones ha hecho que la actividad sea cada vez más molesta para los vecinos que residen en las proximidades de la planta, sobre todo en la zona norte de la ciudad, donde se encuentran barrios muy poblados como la Morenica, la Constancia o el Grec. Entre los más afectados, se hallan paradójicamente los internos de un geriátrico y los pacientes de un centro sanitario.

El hedor se ha acentuado más si cabe en el último año por la entrada de miles de toneladas de residuos procedentes de municipios de fuera de la zona XIII. Las instalaciones, diseñadas para tratar un máximo de 85.000 toneladas al año, han tenido que soportar más del doble de dicha cantidad, lo que ha generado grandes problemas a la hora de completar con éxito el proceso de tratamiento.

Especialmente duro para los habitantes resultó el pasado verano, cuando el olor nauseabundo a residuos orgánicos se apoderó día sí y día también de la población de Villena. Tanto fue así que incluso se extendió a otras localidades cercanas a la capital del Alto Vinalopó y también lo sufrían las decenas de aficionados al senderismo o al ciclismo cuando salían a la montaña a practicar deporte.

En las últimas semanas la intensidad del olor ha disminuido de manera considerable hasta hacerse prácticamente imperceptible, algo que los vecinos agradecen sin duda, dada la situación extrema que llegaron a vivir durante muchas mañanas de julio del año pasado.

Controles a camiones

El Ayuntamiento de Villena ha reanudado esta semana los controles policiales a los camiones que llegan cada día a las dos plantas de residuos ubicadas en el paraje de Los Cabezos. En dichos controles intervienen agentes de la Policía Local, además de la técnico de Medio Ambiente, según fuentes municipales.

La anterior corporación local decidió paralizar estas inspecciones hasta que la Sudelegación de Gobierno no asegurase la legalidad de esta actuación tras la denuncia que interpuso la empresa que gestiona la planta de tratamiento de residuos industriales contra la ejecución de dichos controles policiales.