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JAVIER MARTÍNEZ jmartinez@lasprovincias.es
Domingo, 17 de julio 2011, 02:04
Plagas de moscas, filtraciones de purines en las canalizaciones de riego y olores nauseabundos son algunos de los inconvenientes de tener una segunda residencia o un campo de naranjos junto a la planta de tratamiento de residuos de Picassent. Las molestias para los vecinos y agricultores son más notorias cuando el calor aprieta o llueve intensamente, puesto que las toneladas de desechos no están cubiertas.
La Conselleria de Medio Ambiente ha abierto dos expedientes a la empresa de reciclaje en los últimos tres años por ampliar la actividad en seis parcelas sin autorización y por una infracción contra la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
La planta de biogás se enfrenta a una sanción de 30.000 euros tras haber incumplido las medidas provisionales contempladas en el primer expediente. Los técnicos de Medio Ambiente instaron al gerente de la empresa a restaurar el daño causado, cesar la actividad en las parcelas afectadas y trasladar los residuos a un gestor autorizado.
Sin embargo, la Policía Autonómica realizó una inspección este mes de julio en la planta y volvió a constatar el tratamiento de residuos para los que no tenía la correspondiente autorización. Un helicóptero de la Generalitat participó en la investigación para fotografiar desde el aire las presuntas irregularidades.
Mientras se resuelven los expedientes sancionadores, las quejas arrecian por parte de los agricultores y vecinos de la partida de Devadillo. Los hedores, las plagas de moscas y los vertidos de purines que presumiblemente proceden de la planta han llevado a algunos afectados a plantearse la posibilidad de presentar una denuncia en el juzgado de guardia.
«Lo ideal sería trasladar la planta a otro lugar. Al parecer es complicado, pero lo único que exigimos es que se cumpla la normativa vigente sobre tratamiento de purines», afirma Vicente M. Algunos agricultores temen incluso que se propaguen las bacterias y plagas por el aire. «Hemos visto palmeras afectadas de picudo que han permanecido varios días en la planta y la normativa dice que hay que destruirlas en menos de 24 horas», añade el labrador.
Además de los olores nauseabundos, la plaga de moscas es lo que más molesta a Paco Albert, encargado de una finca de naranjos. «Son muy molestas. Te pasas el día espantándolas», afirma. Inma Sanchis también se queja de que tanto insecto ronde la comida. «El otro día hicimos una paella y no pudimos comer en la terraza de tantas moscas que había. Así no puedes invitar a nadie a casa», asevera la mujer.
Una balsa sin valla
Otra irregularidad que motivó una discusión entre un agricultor y los trabajadores de la planta fue la falta de vallado en una balsa. «Allí había purines y restos de animales. Era peligroso porque podía caer algún chiquillo», explica Albert. «Menos mal que me hicieron caso y pusieron la valla, pero ahora está rota y se pueden colar», añade el labrador.
Ante los expedientes de Medio Ambiente y las quejas de los vecinos y agricultores, fuentes de la empresa Tramave señalaron que la planta tiene todas las autorizaciones necesarias para tratar residuos desde 2006, así como informes favorables de la Conselleria y de los servicios técnicos municipales para la ampliación de su actividad.
«Recibimos residuos no peligrosos y los transformamos en compost y mantillo para abonar tierras mediante procesos naturales sin contaminar nada», asegura el gerente de la empresa.
La asociación de vecinos de la Pinada de Niñerola se opone a la ampliación de la planta y presentó alegaciones por el impacto paisajístico, los vertidos de residuos en un camino de la partida de Devadillo y la cercanía de varios núcleos de población consolidada, así como del parque natural del Clot de les Tortugues.
Respecto a los vertidos de purines en los campos y canalizaciones de riego, el representante legal de Tramave supone que provienen de otro origen. «Nosotros no somos ganaderos y no tenemos animales que produzcan purines o lodos», manifiesta el gerente.
La planta de biogás también fue investigada en 2008 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que envió un informe a la Fiscalía de Medio Ambiente con una propuesta de sanción por la deficiente gestión de los residuos.
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