Dar explicaciones y pedir perdón

En las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decida pagar una multa para evitar sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, después de que el viernes pasado el juez Flors decidiera abrir juicio oral al líder del PPCV así como a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Esta opción es la que maneja la dirección nacional de los populares y tiene como objetivo evitar la imagen de un presidente autonómico del PP entrando en el Tribunal Superior de Justicia para ser juzgado. Y seguramente en unas fechas que coincidirían con la campaña electoral de las generales, si como parece muy probable se adelantan al otoño. Para que esta alternativa llegara a concretarse, los cuatro encausados tendrían que estar de acuerdo, lo cual no es tan fácil, especialmente en el caso de Ricardo Costa, que parece tener nuevamente en sus manos el futuro político de Camps.

En los más de dos años que ya dura el escándado conocido como 'caso Gürtel', el presidente Camps ha insistido en numerosas ocasiones en que estaría encantado de explicar en los tribunales de justicia todo lo relacionado con el asunto. La vista era la oportunidad de demostrar su inocencia o de sustanciar las responsabilidades penales y políticas (con la consiguiente dimisión en caso de ser condenado), y el lugar en el que se aclararía la verdad o no de todo lo publicado en los dos últimos años. LAS PROVINCIAS ha defendido siempre que había que dejar actuar a la Justicia y respetar sus tiempos y sus resoluciones.

Ahora bien, pagar la multa supone dar un giro radical en el discurso de Francisco Camps de estos dos años. Pagar la multa implica la admisión de unos hechos delictivos, la asunción de una culpa concreta. El líder del PP le debe muchas aclaraciones a la ciudadanía, a la opinión pública y a sus votantes, y si no las va a dar en un tribunal de justicia ha de hacerlo públicamente; el caso no se puede cerrar así, por la puerta falsa, porque dejaría definitivamente tocada su credibilidad. Con el abono de una cantidad económica no se puede dar por finiquitado un caso que ha puesto en entredicho el buen nombre del presidente de la Comunitat Valenciana y ha erosionado la imagen del conjunto del territorio. El Presidente está política y moralmente obligado a dar explicaciones y a pedir perdón por los errores y contradicciones en los que ha incurrido a lo largo de este proceso. Debe aclarar cuánto de estrecha era su relación con la trama, cuál fue su relación personal con Álvaro Pérez 'El Bigotes', si fue consciente del cúmulo de regalos que le hicieron (prendas de vestir por un total de 14.000 euros) y si hubo o no contraprestación, si se considera engañado o víctima de toda esta red, etc. Camps debería comparecer ante los medios de comunicación para someterse sin límite de tiempo a todas las preguntas que los periodistas estimen oportunas, sin ningún tipo de cortapisas y fijar una versión definitiva sobre este asunto. Finalmente, pagar implica asumir de forma obligada que el Presidente hizo algunas cosas mal, supone asumir errores de bulto, como mínimo en lo relativo a las amistades peligrosas y a las distintas y contradictorias versiones de los hechos que ha ido contando a lo largo del tiempo.