Camps, otra vez en manos de Costa

El mango de la sartén lo tiene Ricardo Costa. Si se paga la multa no habrá banquillo por la causa de los trajes. El presidente del Consell, Francisco Camps, junto con Rafael Betoret y Víctor Campos están dispuestos, según las fuentes consultadas, a hacer frente al pago y evitar un juicio que sólo se abortaría en el caso de que Costa optara por pasar por caja. Pero el exsecretario del PPCV no lo tiene claro. Ni siquiera las fuertes presiones, según las fuentes consultadas, que llegan desde Valencia y desde la sede del PP en la calle Génova (María Dolores de Cospedal y Federico Trillo están en la negociación) han hecho dar un paso atrás al diputado, que en los dos años y medio que lleva en danza el caso Gürtel ha defendido su inocencia a capa y espada. Incluso hipotecó su carrera política a cambio de su verdad. Los cuatro imputados van bajo una misma causa, por lo que si no hay unanimidad en el pago habrá juicio. Génova quieren que se pague la multa y que no haya foto en el banquillo. Sólo así mantendrá su apoyo incondicional a Camps, tiene claro allanarse (pagar la multa) y olvidarse de este proceso. Además, se lo pide Madrid.

Costa, en cambio, siente que puede salir absuelto de una vista que se haría ante un jurado popular presidido por el magistrado Juan Climent. Lo cree él y varios juristas consultados por este periódico. El exnúmero dos del PP, en el caso de unirse a la voluntad de los otros tres imputados, quiere garantías por escrito de la dirección nacional sobre su futuro. La experiencia de los últimos meses cuando se le prometió que entraría en el Consell y todo se quedó en nada le ha hecho aprender. La dirección nacional del PP quiere que Camps pague para que no haya juicio y eso pasa por el sí de Costa a abonar la multa, lo que implicaría reconocer que ha cometido un delito, algo a lo que no parece estar dispuesto el diputado. Por lo menos a día de ayer. La Fiscalía pide para Camps, Costa y Betoret una multa de 41.250 euros, mientras que para Camps solicita 35.000 euros. La acusación popular (el PSPV) reclama 49.500 euros para cada uno de los cuatro imputados.

Argumentos para no pagar

Las razones de Costa para negarse a pagar son varias. Lleva dos años y medio asegurando que es inocente. De hecho, esa firmeza en su postura es la que le costó el puesto de secretario general del partido aquella noche de otoño de 2009 en la que salió de la Junta Directiva Regional del PPCV ratificado en su cargo mientras minutos después era ejecutado desde la calle Génova con el beneplácito de Camps.

Costa fue el único de los cuatro imputados que en el archivo de la causa en agosto de 2009 contó con el voto unánime de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El juez Juan Montero emitió un voto particular por el que sólo absolvió a Costa mientras que Camps, Campos y Betoret se salvaron por los votos de De la Rúa y Montero.

Este hecho fue ratificado por el Tribunal Supremo, que asumió en mayo de 2010 el voto particular de Montero y destacó el hecho de que Costa no formaba parte del Consell, por lo que si recibió regalos fue por su cargo en el partido. Es decir, no podía adjudicar concursos.

El hecho de que el magistrado José Flors incluyera en el auto del pasado viernes al exnúmero dos del PP fue un jarro de agua fría cuando tanto el TSJ como el Supremo habían matizado el caso de Costa en la causa de los trajes. Además, el sastre José Tomás señaló ante el juez que Costa (a través de su secretaria) había llamado a la tienda para preguntar cuánto se debía.

Otro de los factores que llevan a Costa a pensarse si paga la multa de los trajes o no es la causa abierta por la presunta financiación irregular del PP valenciano. El diputado popular está imputado en este caso por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y financiación ilegal del partidos, entre otros. Si Costa paga el dirigente popular ya contaría con un antecedente. Si la causa de la financiación del partido por parte de empresas valencianas a cambio de proyectos millonarios condenara al dirigente popular a prisión este podría entrar en la cárcel por tener antecedentes. Aunque es cierto que en este punto no hay sintonía entre los juristas. Hay quien defiende que Costa no entraría en prisión (siempre en el caso de que fuera condenado a ella) ya que en la fecha de la comisión de los delitos no contaba con ningún antecedente penal. Habría que ver si la condena es acumulable.

La posibilidad de presentarse en el juicio (si se abre) sobre la causa de la financiación ilegal del partido con una condena (el pago de la multa de la causa de los trajes es aceptar que se ha cometido el delito) es uno de los asuntos que más hace dudar a Costa.

Diferencias en el PPCV

En el partido hay una corriente que piensa que lo mejor es pagar para acabar con este proceso. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya dijo el viernes que había que «reflexionar». Otros cargos como Luis Fernanda Rudi siguieron por la misma senda. El hacer frente a la multa no se entiende como una condena sino como el fin a un calvario provocado por una persecución política contra el presidente Camps. Esa es la lectura que circula por el partido.

Otros apuestan por seguir hasta el final. Para estos, pagar sería tirar por tierra la defensa a ultranza que varios cargos del partido han hecho a favor de la inocencia del presidente del Consell. Esta corriente cree que el peor escenario es pagar la multa y apunta que se podría alargar más el proceso mediante recursos aunque hubiera condena. Entre los populares hay quien no entiende que se acabe muriendo en el pago de la multa cuando en todo momento se ha defendido que en el juicio se demostraría la inocencia del presidente.

Con Costa se seguirá negociando hoy. El diputado siempre ha mantenido su posición aunque le costara la suspensión de militancia y ser desterrado al último escaño de Les Corts. Génova es la única que le puede hacer cambiar, pero con garantías.