Gandia rechaza pagar despidos en la televisión pública tras cerrarla

El gobierno de Gandia se mantiene firme: la televisión pública seguirá sin emitir, al menos de momento, además la Corporación decidió, en el pleno de este martes, que no se pagarán indemnizaciones a los empleados, tal y como reclama la productora RMC, empresa que se encargaba de generar contenidos al ente local.

En el pleno se reunió la junta general de Iniciatives Públiques de Comunicació para dar cuenta del cierre de la televisión y tratar el pago a los empleados. La empresa audiovisual considera que debe cobrar 250.000 euros para poder indemnizar a los 26 empleados que perderán su puesto de trabajo tras la decisión del gobierno de Arturo Torró de clausurar temporalmente la emisión y rescindir el contrato con la productora, que finaliza el 31 de julio.

Desde la cooperativa sostienen que Gandia TV mantenía una «dependencia total» de sus contenidos, pero el ejecutivo entiende que esa relación exclusiva no es su responsabilidad, por lo que considera que la indemnización no está dentro de sus competencias.

Pese a la oposición del PSPV y el Bloc, el Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta dio luz verde al cierre del ente. Precisamente sobre este tema opinaron desde los dos partidos de la oposición. El edil del PSPV José Manuel Orengo afirmó que la intención del gobierno de Torró es beneficiar una televisión privada de Gandia relacionada con el primer edil.

Además Orengo añadió que tras el despido del personal de la televisión pública se esconde la intención de «enchufar gente del entorno del Partido Popular, tal y como se está haciendo en todo el Ayuntamiento».

Datos erróneos

El concejal socialista Vicent Mascarell negó en el pleno los datos económicos que se están dando a conocer sobre Gandia TV y explicó que en la actualidad no existe ningún expediente sancionador contra el ente público.

Ante estas afirmaciones el portavoz del gobierno, Víctor Soler, insistió en que el cierre de las emisiones de la televisión «es sólo temporal» y que la intención del ejecutivo es contar con una emisora pública local si finalmente no se suman al proyecto Oliva y Tavernes. En ese caso estas poblaciones tendrán que renunciar al consorcio y se habrá que solicitar una licencia para una televisión local.

Precisamente sobre este punto se pronunció el concejal del Bloc Nacionalista Valencià, Facund Puig, quien dijo que la obligación del ejecutivo local es trabajar para implicar a Tavernes y Oliva en el proyecto así como a otros pueblos de la comarca.