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MARÍA JOSÉ CARCHANO
Viernes, 29 de julio 2011, 13:34
Hubo un tiempo en que los ayuntamientos se dedicaban a recalificar suelo rústico, a crear empresas públicas para liderar operaciones urbanísticas y a involucrar a los vecinos en presupuestos imposibles, dados los fenomenales ingresos que llenaban las arcas municipales a cuenta de las licencias de obra, que parecían eternas. Alboraya, con Manuel Álvaro a la cabeza, después de urbanizar todo el frente litoral sur, el de la Patacona, decidió liderar dos grandes proyectos: el soterramiento de la línea 3 del metro y el traslado del centro comercial Alcampo para construir junto a Port Saplaya. Financiado con los desarrollos inmobiliarios.
Ahora la crisis ha atacado con más fuerza si cabe a Alboraya, porque fió todos sus enormes gastos y la petición de créditos a los ingresos futuros. Así que, según los primeros cálculos que realiza la concejal de Hacienda, Carmen Peris, el Ayuntamiento y sus empresas públicas acumulan una deuda de 120 millones de euros, es decir, al menos 5.200 euros por habitante. «Si no aparecen más facturas escondidas», asegura la edil, que lleva un mes analizando cuentas, papeles, recibos y descubriendo cada día facturas nuevas sin pagar, lo que va a convertir a Alboraya en uno de los municipios más endeudados de toda España. De momento, el agujero de tesorería a 31 de diciembre de 2010 es de 23 millones de euros.
¿Cómo se ha podido llegar a este volumen de deuda? La clave está en la empresa pública Egusa, que acumula obligaciones de pago por valor de 71 millones de euros. 23,4 millones se los debe a la Conselleria de Infraestructuras, ya que solamente ha pagado ocho millones de los casi 32 a los que tenía que hacer frente, según los datos facilitados por la concejal. El soterramiento ya está inaugurado y el desarrollo urbanístico que iba a permitir financiarlo parado por la crisis.
Además, la gran operación urbanística que el anterior alcalde de Alboraya, Manuel Álvaro, tenía en mente, lastra todavía más las cuentas de resultados de la empresa pública. La firma Grupo Mediterráneo Costa Blanca, que formó una empresa mixta al 50% con Egusa, adelantó al Consistorio 23 millones de euros por los beneficios futuros que iba a obtener tras el traslado del centro comercial Alcampo y su urbanización posterior, proyecto que no ha visto la luz.
Durante los años en que Álvaro ha estado al frente del Consistorio, se han ido acumulando créditos financieros y el nuevo equipo de gobierno se ha encontrado con que prácticamente cualquier bien que está en manos del Consistorio tiene hipoteca: la sede de la empresa pública, la central de emergencias, locales, el centro de día o el suelo del aparcamiento del centro comercial. Solamente en amortizaciones de créditos, la empresa pública paga más de 130.000 euros mensuales. Sumando las cuotas de préstamos del Consistorio, en intereses se abonan anualmente 3,5 millones. Demasiado para un municipio de 23.000 habitantes.
La esperpéntica situación financiera a la que ha llegado el Consistorio llega a tal punto que incluso tiene un renting sobre el césped artificial del campo de fútbol de la Patacona, que asciende a 1,3 millones de euros. Durante ocho años, el Ayuntamiento paga 13.500 euros mensuales en 'alquiler' de césped.
El nuevo equipo de gobierno de momento dejó ayer sin efecto un presupuesto basado en el ERE, que no verá la luz. Es el primer paso para sanear unas cuentas, tarea titánica que va a costar años. Los nuevos gestores de momento, ya han ahorrado, ya que el equipo de Álvaro costaba 685.000 euros al año.
Video: Alboraya recorta la limpieza de las calles al no poder pagar a la empresa
La piscina de Port Saplaya, cerrada al no haber dinero para repararla
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